Fernando Irala
Luego de que la investigación de la desaparición de normalistas en Iguala, hace ya más de ocho años, parecía haber dado un vuelco y avanzar a su esclarecimiento, el caso ahora se está cayendo a pedacitos.
El inexplicable juego de la Fiscalía de solicitar y luego cancelar diversas órdenes de aprehensión contra militares a los que se pretendió fincar cargos, fue la primera inconsistencia.
A ésta le siguió unos días después la renuncia del fiscal a cargo de la indagación, señal inequívoca de que las cosas iban mal.
Luego, las increíbles declaraciones del subsecretario de Gobernación a un diario estadounidense, aceptando la falta de certeza sobre la veracidad de las conversaciones captadas entre los integrantes de los grupos criminales, fue la puntilla en el tema.
Como ha ocurrido por decenios con las instituciones de procuración de justicia mexicanas, nuestro país arrastra una grave carencia en el seguimiento de protocolos para asegurar la solidez de las pruebas, armar los casos sin inconsistencias e impedir que las averiguaciones se contaminen por procedimientos viciados.
El caos generado ahora todavía no termina, aunque las conclusiones de fondo sí se establecieron y no se han movido en lo fundamental desde 2014.
Algunas de ellas son que los normalistas no fueron masacrados como una represalia oficial a su movimiento ni por otras razones políticas; que el ataque contra ellos se generó por un grupo criminal que los sintió parte de una estrategia de grupos rivales, en el contexto de la guerra por las plazas del narco; que hubo complicidad de las policías y de personajes locales con poder.
No está claro, sin embargo –y tal vez ya nunca lo estará— la participación de las autoridades y las fuerzas de seguridad estatales y federales, y en particular el papel de los militares.
La investigación emprendida al comenzar este sexenio hizo lo que se ha visto en muchos otros ámbitos de gobierno: derrumbar lo ya existente sin construir algo sólido que fuese reconocido por su calidad.
Si así ha ocurrido en materia aeroportuaria, de salud, educación, apoyos sociales y en cualquier tema que se mencione, ¿por qué en materia de justicia podría ser distinto?
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