Pablo Cabañas Díaz.
En los años setenta aparecieron los primeros estudios académicos que calificaron al sistema político mexicano en especial, al Partido Revolucionario Institucional y a su ideología como “populistas”. Por vez primera, en 1972, Arnaldo Córdova, en su libro: “La formación del poder político en México”, utilizó el término populismo para caracterizar tanto a la ideología cuanto a las prácticas de los regímenes políticos que se sucedieron en México tras la revolución de 1910-1917. En lugar de la dicotomía sociedad tradicional-sociedad moderna, el término desbordó las esferas académicas y se convirtió en voz de uso común entre los integrantes de las cúpulas de las agrupaciones patronales mexicanas, que censuraban la política llevó a cabo el gobierno que presidió Luis Echeverría Álvarez entre 1970 y 1976.
Las discrepancias entre el gobierno federal y los patrones se suscitaron en torno del intervencionismo estatal en la economía, que criticaban el número y las funciones de las empresas públicas, el tamaño del aparato estatal y su burocracia, la orientación de la política exterior, y de la política educativa, además había una creciente ofensiva contra una presunta reforma fiscal. Ante el acoso empresarial, el gobierno echeverrista respondió con una movilización social que desembocó, en el mes de octubre de 1973, en la formación de la llamada: “alianza popular revolucionaria“, en la que tomaron parte tanto el Congreso del Trabajo como las agrupaciones sociales que estaban encuadradas en los distintos sectores del partido de Estado.
Los patrones, crearon el Consejo Coordinador Empresarial. Este quedó formalmente instalado el 5 de mayo de 1975 con las representaciones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
El Consejo Coordinador Empresarial elaboró un programa de gobierno, que presentó al presidente Echeverría con el propósito de influir de una manera decisiva en la designación del candidato oficial a sucederle y de incidir en forma determinante en las políticas que habría de llevar a efecto la siguiente administración. En el  programa se conceptuaban como “populistas” muchas de las políticas que habían estado asociadas con el funcionamiento regular del Estado interventor.
En diciembre de 1976, cuando José López Portillo asumió la presidencia de la República, el término “populismo” se incorporó al discurso de un sector de la burocracia política que estaba empeñado en ajustar cuentas con la anterior administración y en recuperar la confianza de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. En efecto, al finalizar el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez había una inflación creciente, una drástica caída de la inversión en todos los sectores de la economía, un enorme déficit gubernamental, un crecimiento inusitado de la deuda pública externa, grave desequilibrio en las transacciones con el exterior (que se buscó corregir a través de una devaluación de la moneda nacional en casi un 100 por ciento, así como una abierta especulación y una cuantiosa fuga de capitales. La grave crisis económica que enfrentó el país a finales de 1976 hizo evidente el descalabro de la administración echeverrista en su intento de modificar el modelo económico del “desarrollo estabilizador” y de superar las contradicciones generadas por este mediante la implantación de un nuevo modelo de acumulación denominado “desarrollo compartido”. Como era de esperar, las dificultades económicas se conjugaron con el desgaste del sistema político, cuya legitimidad sufrió un fuerte deterioro y desde entonces el término “populista”se utiliza para caracterizar en México a gobiernos que remiten a los sexenios que gobernaron de 1970 a 1982, la llamada “docena trágica”.
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