Teresa Gil
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En México, solo un poder civil, como el de Gustavo Díaz Ordaz, ha sido señalado, pero no penalizado, por el uso represivo del ejército. Luis Echeverría se menciona en las mismas circunstancias de impunidad, como cómplice y a su vez el uso de fuerzas paramilitares como los halcones. Podríamos incluir a todo el sistema priísta, impune ante ese uso violento en muchas ocasiones, contra la población, pero hay personajes concretos que avalaron los hechos, hombres orquesta del priísmo que estuvieron de acuerdo con las decisiones. Esos tampoco han sido juzgados. En este momento, las reacciones de una juventud que exige justicia ante acciones del ejército avaladas desde el pasado poder civil, pueden se entendidas pero no justificadas, cuando el país busca la paz y la no violencia. Más cuando las acciones que ellos reclaman fueron de un poder civil priísta, el de Enrique Peña Nieto, y en este sexenio se está haciendo lo posible para que se haga justicia y darle un nuevo enfoque al ejército. La búsqueda de la paz que se quiere para el país, se extiende, además, hacia al exterior. El canciller Marcelo Ebrard presentó el 22 de septiembre, el plan de paz del gobierno mexicano, en la ONU, en torno al conflicto bélico Ucrania -Rusia Y viene a ser contraproducente que en México un día después, estudiantes normalistas arremetieran contra la entrada del Campo Militar, responsabilizando al ejército de algunas de las muertes de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
NORMALISTAS ELUDEN AL JUDICIAL Y SE VAN CONTRA EL EJECUTIVO
Al cumplirse ocho años de los sucesos criminales en contra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el caso deben contemplarse todos los sucesos que se concatenaron y sus participantes. El principal poder, el federal, con parte del ejército y la policía tiene la mayor responsabilidad. Pero están los poderes locales y estatales y desde luego el narco como elemento criminal de desahogo para el poder que quería resolver un problema. No hay que olvidar, que frente a la protesta normalista y de la CNTE, se erguía una reforma educativa con tintes privados que se estaba promoviendo desde el ejecutivo. La desaparición de las normales era uno de sus objetivos. Ante el señalamiento de este sexenio del comportamiento del poder judicial, ellos siguen lanzándose contra la FGR. La subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, ha estado a la vanguardia de todo el asunto, cuando en el país hay miles de problemas que dejaron, aguardando. Y todos los días hay una protesta de diferentes maneras de los padres víctimas. La población está con ellos y se entiende su enorme dolor, pero hay que entender también, que se busca aplicar justicia con todos los recursos y se debe esperar en ciertos casos. Uno de ellos es el de Tomás Zerón, al que no se ha dado curso rápido en Israel. Esa fue otra de las sedes vulneradas por jóvenes encapuchados en el marco del aniversario de los ocho años del crimen.
CON FOX Y CALDERÓN, YA SE VEÍA EL CONFLICTO QUE ESTALLÓ CON PEÑA
La Inconformidad de los normalistas tenía muchos años expresándose y fue hecho de lado por los gobiernos panistas, mientras en el de Felipe Calderón se soliviantaba al ejército a la par que algunos de sus altos funcionarios, Genaro García Luna, entre ellos, se inmiscuían en profundidad en el sector criminal. Todas estas cosas están involucradas porque la noche y madrugada de los trágicos sucesos, había droga en el asunto. El abogado José Lavanderos, experto en estas cuestiones ha señalado en el diario La Jornada, que la PGR presentó en su momento denuncias que tenían la fragilidad del desecho en un judicial cómplice. Esa mala información der la PGR, es lo que ha argumentado para protegerse el juez primero de distrito de Matamorios Tamaulipas Samuel Ventura, tras los 120 órdenes de inocencia dictadas. Pero no ha sido lo suficiente denunciado por los padres de los normalistas, que por el contrario se deslindan del poder judicial y siguen insistiendo en el aparato investigador. Mientras, el problema se exacerba y se piensa que atrás, junto con la búsqueda de justicia puede haber un problema político. La actitud del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, que periódicamente se lanza contra este gobierno y trata de inmiscuir a los padres en esa situación, parece evidenciarlo. Esta postura se asemeja mucho a la que ostentan otros sectores de la ultraizquierda que se han enfrentado en todo momento a Andrés Manuel López Obrador.
 
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