CIUDAD DE MÉXICO.- El exprocurador General de la República y exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, fue arrestado el viernes 19 en la Ciudad de México. De larga trayectoria, el político priista tiene una historia oscura que lo mismo lo relaciona con la presunta protección a Los Zetas cuando fue gobernador de Hidalgo hasta con desvíos de recursos en la extinta Procuraduría General de la República, donde habría utilizado fondos de la institución para pagar informantes y testigos en casos que están envueltos en la opacidad.
De acuerdo con La Opinión de México, además de las manipulaciones de la llamada “Verdad Histórica” que él construyó con fabricaciones y falsedades para ocultar evidencias, Murillo Karam le otorgó protección al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, al negarle el ejercicio de la acción penal por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada y lavado de dinero a pesar de que en Estados Unidos siguieron las investigaciones en su contra. Esta fue una evidencia de que durante su paso por la FGR la procuración de justicia fue manejada con tintes políticos e incluso criminales.
Político de la llamada vieja guardia del PRI, Jesús Murillo Karam vivió impune a lo largo de toda su carrera política: fue gobernador de Hidalgo, senador de la República, diputado federal, secretario general del PRI, subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ernesto Zedillo y procurador General de la República en el primer tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante su etapa como gobernador –1993-1998 –, el cártel de Los Zetas acababa de ser fundado precisamente por un militar hidalguense: Heriberto Lazcano Lazcano, conocido en el mundo del hampa como “El Lazca”, una pieza clave del brazo armado que sirvió al Cártel del Golfo cuando esta organización criminal era encabezada por Osiel Cárdenas.
El estado de Hidalgo fue un territorio dominado por Los Zetas. En ese periodo gubernamental financió campañas políticas y también entregó fuertes sumas de dinero a la Iglesia católica. Hasta hace unos cinco años, una iglesia del municipio de Apan –de donde es oriundo Heriberto Lazcano– tenía una placa con el nombre del entonces jefe de Los Zetas como reconocimiento por sus donativos.
Osiel Cárdenas arribó al poder del Cártel del Golfo en 1997, un año antes de que Murillo Karam fuera elegido gobernador del estado. Eran los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien un año después sumiría al país en una crisis social y económica tras el estallido de la guerrilla zapatista en Chiapas, donde surgió la figura del guerrillero conocido como subcomandante Marcos.
Murillo Karam siempre ha sido un político fiel al PRI, del que fue secretario General en el año 2007, cuando la lideresa de ese partido era Beatriz Paredes. En ese mismo periodo, el PRI encabezó una cruzada nacional para impedir que se aprobara la interrupción legal del embarazo, como ya había ocurrido en la Ciudad de México.
No fue este el único escándalo en el que Murillo Karam estuvo implicado: En 1993, cuando fue elegido gobernador de Hidalgo, en un controvertido proceso electoral, fue acusado de cometer fraude. La elección la ganó el político priista con el 80 por ciento de los votos. Los partidos de oposición acusaron que la elección fue fraudulenta, pero pese a ello Murillo tomó posesión como gobernador.
Su gobierno fue gris, pues casi no figuró entre los mandatarios más populares que destacaran por sus logros. Uno de los temas controvertidos que enfrentó en Hidalgo fue la confrontación con el rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, por la creación del grupo político “La Sosa Nostra”, el cual se apropió del destino de la universidad y creó un esquema para desviar dinero público.
En 1998, Murillo renunció al cargo: el entonces presidente Ernesto Zedillo lo nombró subsecretario de Seguridad Pública: fue el creador de la unificación de las policías federales y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el que se contó con un archivo importante con la lista de criminales y sus antecedentes penales.
Formó parte del equipo de campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI a la Presidencia de la República en el año 2000.
Tras la derrota del abanderado priista, Murillo se retiró de la vida pública y no reapareció hasta que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República. Entonces fue nombrado Procurador General de la República.
En septiembre de 2014 ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; a él le tocó construir la llamada “Verdad Histórica”, la cual ahora ya fue derrumbada con la conclusión de que ésta fue armada para garantizar la impunidad de altos mandos militares y policías implicados en el caso. También se le acusa de haber torturado a diversas personas implicadas en este asunto para ajustar las indagaciones a esa versión oficial.
Pero eso no es todo: El exprocurador General de la República ya arrastraba antecedentes de corrupción en su último cargo. Un rastreo de los gastos realizados durante su gestión al frente de la extinta PGR acreditan que, entre los años 2013 y 2014, fueron desviados unos 102 millones de pesos. El dinero se utilizó, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en gastos que nada tienen que ver con las tareas de procuración de justicia. Y lo peor es que no hay comprobantes de los gastos.
Murillo Karam, de acuerdo con las investigaciones, ordenó pagarles a 189 informantes poco más de 8 millones de pesos supuestamente para obtener información que llevara a la captura de criminales. Un caso fue el pago a un testigo, a quien le dieron un millón de pesos, para que diera información sobre los desvíos de dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por peculado, lavado de dinero y otros delitos graves desde el año 2016.
La carecía está desatada contra los funcionarios que estuvieron al frente de la PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tomás Zerón, por ejemplo, a quien se acusa de ser el autor intelectual de la llamada “Verdad Histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya cuenta con orden de aprehensión internacional.
Según el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ya se le tiene ubicado: Está refugiado en Israel, país con el que México no tiene convenio de extradición.
Zerón fue funcionario de la Procuraduría del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador de esa entidad. Se asegura que, en ese periodo, cobró fama por maquinar investigaciones, alterar hechos y construir versiones fuera de la realidad. Y esto mismo hizo con el caso de los 43 normalistas.
Cuando Zerón tomó el caso, construyó la versión, aparentemente sostenida con investigaciones sólidas, de que los 43 estudiantes fueron quemados por el crimen organizado, en particular por miembros del cártel Guerreros Unidos, en el basurero de Cocula, Guerrero, después de que fueron secuestrados.
Esta hipótesis fue presentada por Jesús Murillo Karam como “la única verdad histórica”, aunque desde el sexenio de Peña Nieto tal versión fue puesta en entredicho por parte del Grupo Interdisciplinario que participó en la indagatoria, conformado por investigadores argentinos.
Murillo Karam es un personaje plagado de claroscuros. En el sexenio de Ernesto Zedillo, fue subsecretario de Seguridad Pública y le tocó llevar a cabo una reestructuración de las policías federales. En aquella época dijo que las policías iban a ser depuradas permanentemente, pero aquello sólo quedó en una buena idea. Nada se hizo.
Como procurador General de la República le preguntaron, durante una gira por España, sobre la muerte de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” y respondió no saber nada ni tener dato alguno sobre el presunto deceso del capo.
Tampoco se investigó si el miembro del cártel de Sinaloa en realidad había muerto. Sobre este caso, la PGR de Murillo Karam guardó silencio.
Y hasta la fecha se ignora si “El Azul” realmente murió, ya que la única evidencia que existe –aunque es insuficiente– es que sus familiares realizaron una novena en su nombre en la iglesia de Huichapa, Sinaloa, donde nació el capo.
Pero nadie pudo ver el cuerpo. Se afirma que “El Azul” murió de un infarto luego de sufrir un accidente automovilístico que lo postró en cama. Pero tan pronto anunciaron su deceso el cuerpo, dijeron sus familiares, fue cremado. Nadie sabe dónde quedó Esparragoza Moreno. Hasta ahora es un misterio que ninguna autoridad nacional ni extranjera ha podido despejar.
Otro de los casos que se le cuestionaron a Murillo Karam fue haber determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, a quien se le investigaba por lavado de dinero.
Se sabe que el exmandatario, quien actualmente está preso en en un penal del Estado de México, negoció su libertad con el entonces presidente Peña Nieto, a quien pudo ver después de que ganó la elección en 2012. El exgobernador se entrevistó con el entonces presidente electo en Acapulco, a bordo de un yate, donde habría negociado su caso.
Después, Murillo Karam le otorgó una suerte de salvoconducto –el documento que avalaba que no se perseguía delito alguno en su contra– con el que Eugenio Hernández se paseaba desde Quintana Roo, Nuevo León, Ciudad de México y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vivía la plenitud de una impunidad pactada.
Todo esto ocurrió no obstante que el gobierno de Estados Unidos ya lo investigaba por lavado de dinero, en particular, por no acreditar el origen de unos 30 millones de dólares que el exmandatario había depositado en Estados Unidos.
Murillo Karam dejó la PGR con varios casos pendientes, entre otros, el de Ayotzinapa, el cual ahora ha dado un viraje significativo al desecharse la llamada “Verdad Histórica” que construyó Tomás Zerón, incondicional de Murillo.
El viernes 19 de agosto, Murillo Karam fue detenido en su domicilio de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Su captura fue pacífica, pues no opuso resistencia. Fue ingresado al Reclusorio Norte, donde fue sujeto a prisión preventiva, según el juez de la causa, porque dispone de recursos suficientes para darse a la fuga.
De acuerdo con la FGR, enfrenta cargos contra la administración de la justicia, tortura y complicidad para ocultar evidencias en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes.
Durante la audiencia, el exprocurador expresó que el caso que derivó en su encarcelamiento es político y no legal: “Fue asesinada la presunción de inocencia”, expresó.
