CIUDAD DE MÉXICO.- La Misión de Observación de Derechos Humanos en adelante “la Misión” o “MODH” que se efectuó en los meses de agosto y septiembre de 2020, tuvo como objetivo analizar la situación de la población migrante en la Frontera Sur de nuestro país.
La misión tuvo un carácter virtual, dado que su realización tuvo lugar en un momento álgido de la Pandemia. De allí que ella estuviera centrada fundamentalmente en la realización de reuniones virtuales con un amplio elenco de organizaciones de la sociedad civil con sede en Guatemala y México, con migrantes y con autoridades estatales. Las reuniones abarcaron todos los sectores geográficos relevantes de la Frontera Sur mexicana.
Se da seguimiento así al importante trabajo se ha venido desarrollando desde hace varios años en materia de monitoreo de la situación de derechos humanos de los migrantes.
En el caso de este Informe, el mismo es el resultado de una iniciativa conjunta de una serie de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil mexicanas, centroamericanas y norteamericanas.
Un aspecto relevante que atraviesa transversalmente el Informe del MODH es la tensión entre el enfoque de seguridad y el enfoque de derechos humanos en las medidas y prácticas de política migratoria en la Frontera Sur de México.
Como se ha señalado reiteradamente desde los organismos internacionales de derechos humanos, es el enfoque basado en estos derechos, incluyendo una perspectiva de género, el que debe servir de fundamento central a las políticas migratorias.
De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, las consideraciones de seguridad pueden constituir limitaciones legítimas a algunos derechos humanos (no a todos ellos, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, entre otros que no admiten limitaciones), pero son tales derechos los que deben ocupar el lugar principal y ser interpretados aplicados extensivamente, en tanto que las consideraciones de seguridad deben ser interpretadas y aplicadas en forma circunscrita y acotada.
En este sentido, el informe del MODH revisa críticamente las políticas migratorias y su implementación, por el hecho de priorizar con frecuencia el componente de seguridad por sobre el de derechos humanos.
Tal como se señala en el Informe, la Pandemia de Coronavirus ha venido a agudizar en forma dramática la situación ya previamente grave de las personas en movilidad en la Frontera Sur de México, afectando sus condiciones de vida y el acceso a los servicios públicos, el ejercicio de su derecho de buscar asilo y sus intentos por procurar regularizar su estatus migratorio, entre otras muchas consecuencias negativas.
El Informe también da cuenta del serio incremento de la cesantía entre la población migrante y de las prácticas de detenciones y deportaciones.
Según describe el Informe, la emergencia de la Pandemia ha exacerbado las carencias y limitaciones de los servicios públicos mexicanos.
Esto resulta especialmente gravoso respecto de la población migrante, en particular de la que se halla en situación irregular, cuyo acceso a tales servicios se ve seriamente afectado.
En este sentido, la necesidad de garantizar el acceso a la salud es especialmente apremiante en el contexto de la crisis sanitaria actual.
Los procesos de regularización migratoria también se han visto afectados por la Pandemia, revelando las limitaciones del Estado mexicano para llevar adelante tales gestiones de manera expedita y dentro de un plazo razonable.
Desde los organismos internacionales de derechos humanos se han hecho llamados a los Estados enfatizando que en el contexto de Pandemia resulta más acuciante que nunca emprender procesos de regularización, en especial en aquellos países con un gran número de migrantes indocumentados o donde sufren graves amenazas a su vida o integridad.
El Informe se refiere también a los cambios que se observan en las características de la movilidad humana en la Frontera Sur mexicana.
Al respecto, señala que colectivos de migrantes que hasta hace poco circulaban en forma expedita desde la zona sur al resto del territorio del país actualmente se encuentran varadas o se ven obligadas a permanecer largo tiempo en la primera.
Este sería el caso de muchas personas migrantes centroamericanas, cubanas, haitianas y extracontinentales. Además de la Pandemia, otros factores inciden en ello.
En este sentido, el Informe llama la atención acerca de la saturación y consiguiente retraso de los trámites para solicitar refugio y el temor de los migrantes que se hallan varados en la zona sur a ser detenidas y deportadas en el caso de continuar su marcha hacia el norte de México.
También analiza el informe del MODH la diversificación creciente de la movilidad en México. Al respecto, muestra cómo en los últimos años se ha incrementado de manera significativa la migración femenina, la de niños y niñas acompañados y no acompañados y la de la movilidad de personas LGBTI.
Esta diversidad de la población migrante requiere de un abordaje diferenciado, que considere las características de cada grupo y utilice a su respecto instituciones y mecanismos adecuados a ellos.
En este sentido, resulta fundamental que las políticas en relación con la niñez migrante sean asumidas por organismos especializados, distintos a aquellos a cargo de la implementación de las medidas de política migratoria que se aplican a la migración adulta.
El Informe manifiesta asimismo su preocupación por los altos niveles de violencia que afectan a la población migrante en la Frontera Sur mexicana, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras graves violaciones.
El informe llama la atención sobre la fuerte presencia del crimen organizado y su impacto en dichas violaciones. Se trata de un fenómeno que ya se extiende por cerca de 15 años en diversas partes del territorio mexicano, muchas veces en connivencia con policías y otros funcionarios del Estado, sobre todo a nivel local, sin que hasta la fecha se hayan adoptado políticas eficaces por las autoridades, manteniéndose altos índices de impunidad.
Las limitaciones al acceso a la justicia por parte de la población migrante también constituyen un obstáculo para realizar investigaciones a fondo y sancionar a los perpetradores de dichos crímenes.
También aborda el informe el preocupante incremento de la xenofobia. Como en otros países, durante la Pandemia las expresiones xenofóbicas han aumentado en diversas partes de México, incluyendo la Frontera Sur, achacándole a la población migrante muchos de los males derivados de la crisis sanitaria y estigmatizándolos.
Esto es sin perjuicio, claro está, de que también haya expresiones y acciones solidarias con quienes migran.
En este sentido, las autoridades no solo deben abstenerse de proferir esa clase de expresiones (ya que cuando son ellas quienes promueven la xenofobia esto acarrea un efecto multiplicador entre la población local y el peligro para las personas migrantes es mucho mayor), sino promover activamente un discurso público y políticas que las contrarresten, impulsando la integración e inclusión sociales de los migrantes.
Otro aspecto al que se refiere el informe es la práctica de la detención migratoria, es decir, la privación de libertad de migrantes en virtud de su status migratorio, sin que se les haya imputado delito alguno.
Tal como se relata en el informe del MODH, a poco de comenzar la Pandemia el Instituto Nacional de Migración (INM, organismo federal a cargo de la implementación de las políticas migratorias, incluyendo la administración de los Centros de Detención de migrantes) anunció la liberación de las personas detenidas debido al contexto sanitario.
Ello, en principio, es una medida acorde con los estándares internacionales, que establecen que la detención migratoria de personas adultas debe ser una medida de último recurso y la detención migratoria infantil excluirse por completo.
Sin embargo, apunta el informe que las personas liberadas fueron dejadas a su suerte en las calles, sin una provisión adecuada de servicios públicos indispensables. A partir de agosto –añade el informe- comenzó nuevamente la detención de personas por razones migratorias.
El informe también describe cómo el contexto de crisis sanitaria no puso fin a las deportaciones de migrantes. Ellas continuaron con miles de casos registrados a través de la Frontera Sur, con el consiguiente impacto en los derechos humanos de quienes migran en una situación tan grave.
Los organismos internacionales han hecho llamados a los Estados a suspender las deportaciones de migrantes durante la Pandemia, debido a los serios riesgos que ellas acarrean tanto para los propios migrantes como para la población del país adonde son enviados.
Desde los organismos internacionales de derechos humanos de los migrantes se han efectuado reiterados llamados a los Estados para que adecúen sus políticas y medidas migratorias al contexto de Pandemia.
En una Nota Guía Conjunta sobre COVID-19 y Migración emitida por la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la misma organización, se ha hecho un llamado a los Estados a garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes, evitando su discriminación al respecto; a suspender las deportaciones durante la Pandemia; a emprender procesos de regularización para hacer menos gravosa la Pandemia para la población migrante; a emplear efectivamente la detención migratoria como medida de último recurso respecto de las personas migrantes adultas y a liberar a todos los niños y niñas migrantes; y a no emplear de manera indebida y en vulneración de los derechos humanos de la población en movilidad las normas excepcionales aplicadas a las crisis sanitarias, entre otros aspectos.
En pronunciamientos más recientes, una serie de órganos de derechos humanos globales y regionales han interpelado a los Estados para que sus políticas de vacunación contra el COVID-19 no discriminen a los migrantes y que estos, sean regulares o irregulares, reciban al respecto el mismo trato que las población nacional.
AM.MX/fm
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