Se deben priorizar las acciones de promoción y prevención en los municipios que tengan un menor índice de desarrollo humano, “porque las desigualdades matan”.
CDMX.- La Comisión de Salud del Senado organizó el curso “Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma”, donde los especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar cambios legislativos que permitan la autonomía, inclusión y participación social de las personas con una discapacidad mental; sin embargo ello no implica que el Estado deba desatender al sector porque se requieren recursos para continuar con los tratamientos en los servicios alternativos.
La directora del Instituto de Salud Mental de Durango, Soledad Ruíz Canaán, señaló que en México los estigmas sociales, la discriminación, la falta de políticas preventivas, las desigualdades sociales, el confinamiento, la poca inversión y cobertura, y los elevados costos de atención, son elementos que limitan el acceso universal y eficiente en la calidad a los servicios de salud mental.
En México hay dos mil 471 municipios con claras desigualdades sociales, culturales y económicas, por lo que se deben priorizar las acciones de promoción y prevención en los municipios que tengan un menor índice de desarrollo humano, “porque las desigualdades matan”.
Ruiz Canaán dijo que la “desinstitucionalización” es fundamental, ya que implica que se desarrollen políticas y servicios alternativos, eficientes, efectivos y humanos, que mantienen a las personas con enfermedades mentales en su comunidad y se les garantizan sus derechos humanos. Sin embargo, dijo que los proyectos deben estar acompañados de financiamiento, incluso, propuso la atracción de recursos externos a través de fundaciones, pues es muy difícil trabajar con recursos limitados.
En el foro organizado por la Cámara de Senadores también participaron representantes y doctores de la Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, de España, cuyo objetivo es asegurar la inclusión laboral y social a personas con capacidades diferentes, mediante la generación de empleo de calidad, a través del respeto a los valores de diversidad, inclusión, honestidad y dignidad.
En la sesión inicial del lunes 8 de agosto participó María Dolores Santos, quien a nombre de dicha fundación manifestó que es fundamental garantizar los derechos civiles de las personas que padecen una enfermedad mental, a fin de reconocer su participación y dignidad en su comunidad.
Es necesario, precisó, lograr la autonomía, inclusión y la participación, a través de un sistema de apoyos, en el que son imprescindibles los profesionales sociosanitarios.
De la misma Fundación, el doctor Josean Idoeta, reiteró que es fundamental romper los estereotipos y prejuicios de las enfermedades mentales, a efecto de lograr la autonomía, independencia, e impulsar las capacidades de las personas que las padecen.
En España, apuntó, la legislación en la materia reconoce a las personas con discapacidad, como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes en el cumplimiento de estos, porque si no es con su acompañamiento, difícilmente se puede hacer que este proyecto funcione.
En su oportunidad, el representante de la Organización Civil, Documenta, Víctor Lizama, dijo que es necesario “desinstitucionalizar” la atención psiquiátrica, a fin de dirigirla hacía una aplicación digna y de calidad en la comunidad, que permita garantizarles mayor autonomía a las personas con alguna discapacidad mental.
Jorge Alcocer: dice que en otras partes del mundo ya no hay hospitales psiquiátricos.
Cabe mencionar que el 24 de mayo de 2022, el secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer, emitió polémicas declaraciones en torno a los enfermos mentales, pues prácticamente dijo que estos pacientes deberían ser atendidos en casa; una propuesta en la que quizá esté involucrado el factor dinero; es decir, querer ahorrar los recursos que se destinan para ese tipo de centros de salud en el país o simplemente desaparecerlos. Así lo dijo:
“En la práctica lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no sólo es México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad, de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia” .
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