Federico Berrueto
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que la profesora Delfina Gómez obtuvo los mejores números de intención de voto, por lo que fue ungida como virtual candidata al gobierno del Estado de México, y a manera de evitar las consecuencias del incumplimiento a los términos que establece la ley fue nombrada coordinadora de los comités de defensa de la 4T en la entidad. Más allá del problema legal por lo anticipado de los tiempos legales es importante destacar la manera como se llegó a esta decisión.
Relevante y significativo es que se escogieron dos empresas encuestadores con amplio prestigio y de indiscutible reputación profesional, como Mendoza y Blanco y Covarrubias y Asociados. En el oficio de los estudios de opinión nadie es infalible, el error o la imprecisión pueden presentarse, pero sí hay una trayectoria que define y determina si las empresas cumplen con un código de ética y calidad metodológica, sin duda es el caso de las empresas seleccionadas.
Morena también empleó su propia encuestadora, cuyos resultados son prácticamente idénticos y adquieren mayor certeza con la intervención de empresas privadas. En este sentido, el precedente del Estado de México es importante para la selección del candidato presidencial de la coalición gobernante y, de repetirse la modalidad, reduciría la posibilidad de grosera manipulación ocurrida en otros casos por parte de la dirigencia morenista, donde la encuesta se daba en el marco de una total opacidad.
Las encuestas no son un mecanismo que reemplace la democracia en las decisiones colectivas, menos para seleccionar candidatos. En el caso de Morena es que no hay un periodo de campaña, de debate y de confrontación de ideas, fundamental para un voto informado y para que los candidatos con menos exposición pública tengan la posibilidad de presentarse en condiciones de mayor equidad. Las encuestas así ejecutadas favorecerán al más conocido y no siempre al más competitivo, si eso es lo que se pretende privilegiar.
La ausencia de precampañas previas a la consulta demoscópica se presenta para no comprometer la unidad; la lucha por la preferencia inevitablemente conduce a la contienda y acciones mediáticas abiertas o encubiertas de contraste a manera de ganar la preferencia. Se asume que las heridas de la precampaña comprometen la posibilidad de triunfo en la contienda constitucional. Esta creencia, recurrente en todos los partidos políticos, llevó al retroceso a la democracia en los partidos desde la elección primaria del PRI en 1999. El candidato Labastida fue el más entusiasta detractor de la elección que lo ungió. La derrota del 2000 se explica por otras razones, pero subsistió la idea de que una elección primaria debilitó, no fortaleció.
Otro aspecto para destacar del ejercicio del Estado de México es el desentenderse de los tiempos legales para las precampañas y para el registro de candidatos, que debieron ocurrir hasta el próximo año. Bajo estas mismas premisas Morena seleccionaría a su candidato o candidata presidencial en agosto del próximo año, siete meses antes del término legal del registro para candidatos. A su vez, esto implica, al no tener periodo de precampaña, que los prospectos habrán de realizar un proselitismo encubierto o simulado.
Los actos anticipados de campaña no están rigurosamente regulados por la ley. La norma demanda de interpretación, particularmente se cuestiona si sólo sucede después de que se inicia el proceso electoral y si la infracción se presenta siempre que haya expresiones claras de votar a favor o en contra de un candidato, partido o coalición.
Se asume que el interés a salvaguardar los periodos que se determinan en la ley es la equidad, y para el caso de candidatos del gobierno, evitar la desviación de recursos públicos -no sólo económicos- en beneficio de un partido o candidato en particular. Es evidente que ambos aspectos quedan en entredicho en Morena. ¿Seguirá la misma ruta la oposición? ¿habrá intervención del INE y, en su caso, del Tribunal Electoral?
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