CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó el Punto de Acuerdo del diputado Jorge Gaviño Ambriz, para que la Fiscalía General de Justicia local informe sobre los avances y seguimiento de una denuncia de despojo de un inmueble ubicado en la colonia Prohogar, alcaldía Azcapotzalco.
El legislador relató que el señor Pablo Fernández Hernández, así como su esposa, personas de la tercera edad de 87 años, legítimos propietarios del inmueble ubicado en Avenida Central 242, salieron de su propiedad un fin de semana a visitar a sus hijos que radican en la Ciudad de Querétaro.
Agregó que los dueños al regresar al domicilio de su propiedad, encontraron que en la fachada fue colocada una lona que alude a un grupo popular, señalándose además en la misma que el inmueble se encuentra en trámites con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para la construcción de viviendas.
Añadió que los propietarios accedieron al inmueble, sin embargo, una persona de sexo femenino, acompañada de diversas personas masculinas, quienes, agrediendo verbal y sistemáticamente a los dueños, los amedrentaron para que se retiraran del inmueble, advirtiéndoles que el mismo ya se encontraba en propiedad del Gobierno y en trámites para construir viviendas a quien más lo necesita, y que de no retirarse los desaparecerían.
El diputado explicó que el señor Pablo Fernández Hernández presentó, en fecha 13 de marzo del 2017, formal denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, hoy Fiscalía, por los hechos probablemente constitutivos del delito de despojo de casa habitación afecto al inmueble en mención, por lo cual se generó la carpeta de investigación CI- FAZ/AZ-1/UI2 S/D/01782/03-2017.
Destacó que hasta la fecha, la Fiscalía General de la ciudad, a través de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) y el personal ministerial del conocimiento, no ha llevado a cabo la judicialización de este caso, ni llevado a cabo las gestiones para que se lleven a cabo las medidas precautorias o cautelares que resulten procedentes para hacer cesar los efectos del delito denunciado. Esto no obstante del acercamiento de las personas y familias afectadas con las autoridades ministeriales, quienes inclusive han ofrecido la realización de mesas de trabajo y seguimiento, sin que ello haya cobrado efectividad alguna a la fecha.
La pareja de la tercera edad afectadas vive desde el año 2017, y al día de hoy, en un asilo, de una forma precaria al haber sido despojadas del inmueble de su propiedad, afectando notable y trascendentemente sus derechos de vivienda, propiedad, acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva.
El Punto de Acuerdo fue modificado para que la Fiscalía realice “las acciones jurídicas a que haya lugar”.
AM.MX/fm
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