Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Las Asambleas por la Unidad,
son un pretexto para continuar con
la exposición de los aspirantes a
la candidatura presidencial morenista.
Como si todavía no faltaran más de 15 meses, conforme a la ley, para el inicio del proceso electoral para los comicios federales del 2024, Morena prefiere correr el riesgo de ser sancionado por violar “un poquito” la ley con actos anticipadísimos de campaña, y acelerar el posicionamiento de sus corcholatas, placeándolas bajo cualquier pretexto, a que en una competencia, bajo el principio de equidad, en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo que ordena la ley electoral, las oposiciones le vayan a complicar el camino a la victoria en la carrera presidencial.
La apuesta del partido en el poder es a que la sanción no se aplique y, entonces, obtenga lo que está trabajando: una gran promoción anticipada de sus aspirantes a la candidatura presidencial, sin mayores consecuencias. En caso contrario, la sanción habría valido la pena, ante los beneficios que significa la ventaja de varios meses de promoción sobre sus posibles competidores.
Porque de las sanciones que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Art 456) (LGIPE), en el caso de su violación y, aunque la reiteración de la infracción eleva su gravedad y ameritaría la pena máxima, se ve muy lejana la posibilidad de que la autoridad le cancelara el registro al partido en el poder o le negara el registro para su candidatura a alguna de las corcholatas. Así que, una sanción económica, una multa, la reducción a sus prerrogativas o una suspensión temporal a la transmisión de su propaganda política, sería más factible. Pero aún esta posibilidad, está en duda.
En una interpretación literal de la ley, no cabría duda de que estas “Asambleas por la Unidad y Movilidad para que siga la Transformación” que llevó a cabo Morena, primero en el Estado de México y hace unos días en Coahuila, entidades que, en 2023, celebrarán elecciones para la renovación de sus gubernaturas, constituyen auténticos actos anticipados de campaña. No es el caso de considerar actos anticipados de pre campaña porque la ley específicamente establece los límites de tiempo en que se puede considerar esta figura: “…desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas.” (Art. 3, inciso b, LGIPE))
En cambio, si encajan como supuestos actos anticipados de campaña, que la ley define como “Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.” (LGIPE, Art. 3).
Las Asambleas por la Unidad, son un pretexto para continuar con la exposición de los aspirantes a la candidatura presidencial morenista que, en estos eventos, son las figuras centrales y, en ese contexto, las porras, mantas, playeras, cartulinas, gorras, carteleras y pintas en bardas de propaganda a su favor, constituyen el 90 por ciento sobre cualquier otro tema, como lo es el de la promoción de los aspirantes a la gubernatura de estos estados. Ellos son el pretexto, pues, pero no la principal atracción. Eso sí, todos incurriendo en actos anticipados de campaña.
El mayor inconveniente para el anticipado “destape” de las corcholatas es, nada menos, que la ley. Porque, cuando eran oposición, los que ahora están en el poder, presionaron para la elaboración de una regulación que le impidiera al partido oficial sacar provecho de los recursos y programas gubernamentales. Se buscó establecer piso parejo para la competencia electoral, un mayor equilibrio entre las diversas fuerzas políticas y se impusieron plazos y límites para la etapa de campañas electorales. Medidas para equilibrar la balanza y acabar con el partido único o casi, que avasallaba a las oposiciones.
Pero resulta que aquellos límites impuestos al partido gobernante ahora constituyen un estorbo para la actuación del partido en el gobierno que no parece estar dispuesto a respetar la ley porque no va con el estilo de la 4T, que busca, a como de lugar, mantenerse en el poder, aunque esto signifique violar las leyes que en otros tiempos ellos mismos promovieron.
En el escenario más extremoso, quienes reformaron e hicieron ajustes a la ley electoral, jamás imaginaron que la competencia por la presidencia del país pudiera arrancar, oficial que no legalmente, a mitad de sexenio; que fuera impulsada, precisamente, por el jefe del Ejecutivo, y que él diera madruguete con el destape de los aspirantes del partido en el poder. En estas circunstancias, los plazos y etapas legales establecidos para la pre campaña y campaña presidencial, chocan con otros términos, los de una estrategia de la 4T, diseñada para el proceso de la sucesión.
Morena continuará violando la ley, pues, de acuerdo con la opinión del presidente de la República, con las corcholatas identificadas, ya no hay tapados en la carrera hacia la silla del águila, porque ahora son aspirantes. Por quien hizo su destape, tienen la categoría de aspirantes oficiales o corcholatas y, por lo visto, sus prioridades son otras y muy distantes del cumplimiento de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad y más cerca de una auto promoción que los lleve a alcanzar su ansiado futuro político. Por si hubiera duda, él mismo primer mandatario los alienta a hacer campaña los fines de semana. Esto es, los anima a violar la ley que fija, con precisión, los plazos para las campañas, para los que aún faltan varios meses.
Una gran provocación a la autoridad electoral, porque, en la práctica, aplicar la ley no les va a ser fácil.
 
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