Pablo Cabañas Díaz.
La comunidad de Jesuitas de México denunció el asesinato de Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar, dos misioneros, en el templo de la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en la sierra de Chihuahua. También otra persona perdió la vida. Los hechos ocurrieron cuando un hombre irrumpió en el templo para refugiarse del ataque de un sicario que lo perseguía. Sin embargo, el agresor atentó contra el sujeto y contra los dos padres que estaban en el lugar que intentaron disuadirlo de no disparar.Tras cometer el crimen, el asesino con la ayuda de otros hombres se llevaron los cadáveres del lugar y por el momento se desconoce su destino.
En un mensaje de texto, el padre Javier Ávila acusó que el asesinato fue orquestado por José Noriel P.G., alias “El Chueco”, jefe de operaciones del grupo criminal ‘Los Salazares’. Este ominoso hecho visibiliza una realidad oculta en Chihuahua: el exterminio sistemático de activistas rarámuri en la sierra tarahumara, principalmente en la región conocida como el triángulo dorado. La causa de estos homicidios, es identificada por la presencia y control de grupos criminales, principalmente narcotraficantes, la explotación forestal, el desmonte para la siembra de marihuana y amapola, y la lucha entre los cárteles de la droga para controlar la zona.
La mayoría de estos 34 homicidios, revela que no solamente los narcotraficantes asedian a los rarámuri, también políticos y caciques locales que buscan desarrollar el turismo, la ganadería o la minería.Las autoridades tienen conocimiento de esta problemática desde 2013 y desde marzo de 2017, existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a la fecha se haya atendido adecuadamente”. Desde finales del 2021, el éxodo de cientos de habitantes es constante, a tal grado que la policía estatal, apoyada por la Guardia Nacional, han escoltado y protegido a los migrantes para que no sean masacrados en su huida.El dato más grave, es que, en solamente nueve años, 41 activistas han sido asesinados a tiros, porque se oponían al despojo, al desplazamiento forzado, a la tala ilegal y la explotación de sus bosques. En acciones recientes en febrero de 2022, la Fiscalía del Estado Chihuahua, reportó el aseguramiento de pinos cortados y trasladados ilegalmente.
La impunidad ha generado incluso un tipo de moderna esclavitud. Por ejemplo, en julio del 2019, la Fiscalía del Estado dio a conocer el rescate de 21 hombres que habían sido esclavizados dos años en el municipio de Ocampo, para labores de siembra de amapola. Eran alimentados con agua, harina y frijoles y dormían en cuevas, vigilados, amedrentados y golpeados por sus captores. Un hombre de 33 años fue rescatado el pasado mes de enero de 2022, en la comunidad de Yoquivo, donde fue obligado a trabajar en campos de cultivo de narcóticos desde octubre del 2021. Ante estos asesinatos, desplazamientos forzados, destrucción de propiedades y despojo, la respuesta de la Fiscalía de Chihuahua fue un lacónico: “hay un operativo” en marcha”.
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