CANCÚN, Q. R.- La empresa minera Calica-Sac-Tun mantiene un perverso doble discurso. Frente a la Presidencia de la República ha realizado compromisos verbales de abandonar su lucrativa actividad, sin embargo, a sus trabajadores les ha pedido que resistan lo que resta de la administración federal, pues seguirán explotando el material pétreo de la zona en Playa del Carmen, Quintana Roo.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, en una reunión con los trabajadores, directivos de la empresa garantizaron sus salarios íntegros, sus prestaciones y antigüedad, además de que no buscaran trabajo en otro lado durante el tiempo que se mantenga cerrada la planta.
“Los socios decidieron que emprenderán una serie de prácticas dilatorias durante lo que resta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el próximo presidente nos podremos arreglar para abrir la planta”, dijo uno de los capataces de Calica-Sac-Tun.
Y es que ¡Calica-Sac-Tun no se va! Es la respuesta que J. Thomas Hill, director ejecutivo de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, quien en realidad tiene en mente resistir la exigencia del gobierno mexicano, tras la reunión sostenida el 23 de mayo pasado en Palacio Nacional con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
El conflicto entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la empresa Sac-Tun (antes Calica), ha escalado a un nuevo nivel. Lo que comenzó como un conflicto donde la trasnacional no respetó un acuerdo comercial que expiró en diciembre de 2020, poco a poco tomó tintes ambientalistas al ser los principales opositores al proyecto del Tren Maya, luego subió al plano político, y ahora entran francamente al camino del desacato a las leyes del país que les dio cobijo.
En la reunión donde también asistieron Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México y Esteban Moctezuma Barragán, embajador mexicano en Norteamérica, se les expuso la posibilidad de transformar los terrenos explotados por más de 30 años por Calizas Industriales del Carmen (Calica) –ahora Sac-Tun–, en un parque turístico.
Idea que no agradó al dueño de la empresa norteamericana, la mayor de su tipo en su país, ya que desde su punto de vista un parque de ese tipo no es redituable, mientras que extraer recursos de un país ajeno para llevárselo y venderlo a la industria de la construcción de su país en dólares, eso sí que es un gran negocio.
El gran problema es que este tipo de empresas están acostumbradas a ser como un cáncer y llegan a hacer y deshacer a su antojo en los países donde les otorgan concesiones de explotación de grandes extensiones de tierra; con el tiempo se llegan a sentir amos y señores de las mismas y dejan de cumplir con los acuerdos previamente firmados.
Razón por la cual el gobierno mexicano habría clausurado dos de los terrenos prestados para su explotación a Calica, pues estos además de ser sobreexplotados, mostraban un claro daño al ambiente en detrimento de la flora y fauna de la región, además de llevar a cabo actividades de extracción, en terrenos donde sus permisos habrían expirado desde diciembre de 2020.
Lo que le dio motivos al presidente López Obrador de acusar a la empresa de no cumplir con los acuerdos que tenía con su gobierno, a lo que la multinacional Vulcan Materials Company respondió que nunca hubo acuerdos con él, ni engañaron a nadie, dando como única respuesta el que analizarían la decisión a tomar.
Decisión que una vez tomada, es un rotundo ¡No nos vamos! Tras el hecho de que el consejo de administración de la empresa multinacional, ordenó a su personal en Sac-Tun que aguanten dos años en espera de que termine la administración de López Obrador, para continuar con la explotación de materiales pétreos que vienen llevando a cabo a cielo abierto, o por medio del dragado profundo.
En total son 300 los trabajadores de Calica que la empresa piensa mantener en nómina el tiempo que sea necesario, a los que les ordenaron ya, no buscar otro trabajo porque los van a requerir para varias maniobras incluidas movilizaciones y manifestaciones en contra del Gobierno Federal, en caso de que proceda al cierre de Calica.
Así es, lo que arrancó como desacato, poco a poco la misma Vulcan Materials Company, lo está transformando en un conflicto politíco-social, pues para los dueños de Calica convertirse al turismo (que es la vía que les ofrece López Obrador para seguir operando en el país), no es redituable, mientras que la explotación del subsuelo si lo es.
Cabe recordar que a principios de mayo, el gobierno de López Obrador procedió a clausurar la extracción de piedra caliza en las instalaciones de Calica en Playa del Carmen, tras determinar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que en predios de “La Rosita” se han llevado a cabo daños irreversibles al ecosistema y pérdida irrecuperable del subsuelo, por la sobre explotación efectuada a lo largo de más de 30 años.
Esta acción fue considerada por la empresa como ilegal. Al día siguiente (5 de mayo), Vulcan Materials Company informó -mediante un comunicado-, que emprenderían acciones legales para defenderse de lo que consideraron una arbitrariedad del gobierno mexicano.
Y del dicho pasaron al hecho, al interponer una demanda de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde la firma estadounidense acusó a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN).
Tanto así, que todavía se atrevieron a exigirle a México una compensación económica superior a los mil 559 millones de dólares por un supuesto daño ocasionado a sus finanzas al prohibirle la extracción de material.
Y es que de acuerdo con la diputada federal morenista, Alma Anahí González Hernández, Sac-Tun saca más de 14 millones de toneladas de piedra caliza al año que exporta a los Estados Unidos. Con reservas estimadas en 540 millones de toneladas.
No cabe duda de que Legacy Vulcan, como también se le conoce a la propietaria de Sac-Tun (Calica), se muestra hoy como lo que es: Una feroz empresa multinacional, que no solo desconoce al gobierno mexicano que encabeza López Obrador, sino que en claro confrontamiento a las leyes de nuestro país, rechaza cualquier acción legal en su contra.
Acostumbrados al sometimiento total de mandatarios anteriores, así como gobernadores quintanarroenses y presidentes municipales de Solidaridad, municipio donde concentran sus inversiones; se sienten dueños de las hectáreas de terreno que recibieron en concesión hace más de 30 años, y hasta del subsuelo mexicano el cual han explotado a su antojo y sin ningún control de por medio, ni supervisión alguna.
Desde finales de los años 80, Sac-Tun no solo ha extraído material pétreo rebasando el mínimo que le había condicionado el gobierno mexicano, sino que, además, al no participar autoridad mexicana alguna en los procesos de verificación y vigilancia de lo que se extrae y exporta a los Estados Unidos a través de la terminal marítima con que cuenta la empresa, tampoco hay quien vigile la entrada y salida de las embarcaciones donde el material es transportado.
Lo que ha llevado a especular si acaso la sascabera que opera en suelo quintanarroense, no será solo una pantalla de humo para ocultar un negocio mucho más redituable, el tráfico de drogas. Ejidatarios de terrenos colindantes y trabajadores de parques temáticos en sus cercanías, han llegado a declarar que las actividades no paran en el lugar, ni por las noches.
Llegando a ser un sitio propicio con más de 400 hectáreas disponibles en el cual avionetas cargadas con narcóticos provenientes de Guatemala, Colombia y Venezuela, podrían dejar caer bultos con drogas sin ningún problema, para posteriormente ser traslados al país vecino por mar bajo toneladas de sascab.
Teoría que podría ratificarse por medio de un informe de la DEA en 2020, en el cual se detalla que Quintana Roo es desde el 2018, el principal “punto de trasbordo” de drogas entre Sudamérica y el mercado de consumidores de Estados Unidos.
El lugar es prácticamente impenetrable para curiosos, siempre se mantiene bajo alta vigilancia, cuentan con muelle propio desde donde cargan y descargan a su antojo el material que extraen a cielo abierto o del manto acuífero, sin control ni vigilancia de autoridades mexicanas.
¿Acaso así es como deben operar empresas extranjeras que “laboran” en suelo mexicano?
Sin duda, en un principio este tipo de empresas mejor conocidas como “multinacionales” son bien recibidas por la ciudadanía, pero llegan a base de engaños y una falsa conceptualización del manejo de “inversión extranjera”, pues, aunque dicha “inversión” es anunciada con bombo y platillo por autoridades y difundido así por medios de comunicación, la realidad es que dicha inversión, no es más que un capital mínimo que ingresa a un país regularmente tercermundista.
Término que, para no sonar despectivo, cambiaron por el de “países en desarrollo” y son calificados así, según los parámetros de los países “más desarrollados” que no son más que el mismo grupo de países “ricos” de siempre, acostumbrados a llegar a países pobres por la corrupción que impera en los mismos, pero ricos en materias primas, para inyectar “inversión extranjera” en ellos y llevarse sus recursos prácticamente por nada.
¿Cómo lo hacen? Simple. Convencen al gobernante en turno de que “invertirán en el país”, a través de una jugosa tajada económica y hasta la promesa de que al terminar su periodo lo contratarán como “asesor”. Y de esta forma acceden a “derechos de explotación” por tiempo indefinido. Llevándose mucho más de lo que invirtieron y muchas veces sin siquiera pagar impuestos de lo extraído.
Tal como lo hacían los antiguos invasores denominados “conquistadores” por medio de las armas, ahora las empresas multinacionales como Vulcan Legacy, utilizan una nueva arma llamada Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por medio de la cual pueden presentar querellas ante una corte internacional, cuando algún gobernante amenace con acabar con sus grandes negocios.
Pero la culpa de todo ello son los mismos gobiernos que han permitido dichas prácticas desleales, comenzando con un salario mínimo exiguo diario en México, que apenas equivale a lo que cualquier norteamericano y europeo gana por hora en cualquier país de primer mundo, y que convierte inmediatamente a los trabajadores mexicanos en mano de obra barata.
¿Entonces, si las autoridades no defienden los derechos de sus conciudadanos, que de menos les puede importar la concesión de amplias extensiones de tierra, si a cambio se llenan los bolsillos con cantidades estratosféricas con las que podrán mantener a dos o más generaciones de sus familias?
Obviamente empresas como Vulcan Materials Company, está acostumbrado a ello y solo buscan obtener el mayor margen de ganancia, sin importarles las políticas públicas y económicas del país anfitrión. Y ni se diga con los trabajadores locales a quienes explotan a su antojo y utilizan y luego desechan como si nada.
Mire si no, si el hecho de mantener 300 plazas en lo que concluye la administración de López Obrador, no es por el derecho internacional al trabajo de las personas, sino más bien para utilizarlos como grupo de choque ante las acciones que pudiera tomar el gobierno mexicano.
AM.MX/fm
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