Pablo Cabañas Díaz
La modernización para la emisión de pasaportes realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo importantes irregularidades que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lo que la cancillería se reservó por un periodo de 12 años un contrato por 81 millones de dólares que se firmó con la empresa Veridos México, que en su momento  presentó la oferta más cara vía licitación pública ofreciendo agilizar la entrega del pasaporte.
Mediante una solicitud de información  “a través del sistema de transparencia a fin de conocer el proceso de licitación por la que se adjudicó el contrato millonario a Veridos para expedir 7.5 millones de pasaportes, la cancillería respondió que proporcionar  cualquier información sobre este hecho representa “una amenaza a la seguridad nacional”.
Lo anterior, en virtud de que se revelarían datos personales, métodos, protocolos, procedimientos, así como las características, especificaciones técnicas, y demás candados de seguridad que se emplean para expedir el documento.
A cambio, la dependencia proporcionó una versión pública del contrato firmado el 27 de abril de 2015 con vigencia al 30 de junio de 2018, en el que solo proporciona algunos datos generales. El documento refiere que el contrato fue por 81 millones de dólares y se firmó de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que la empresa ganadora es Veridos México, ubicada en la colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, estado de México cuyo representante legal  dijo ser José Rolando Colchado Aldana.
Especificaba el contrato que  se realizó en participación conjunta con Caelum Group GmbH, de Berlín; Nec de México, de inversión japonesa; Seguridata Privada, empresa mexicana; Informática el Corte Inglés, de capital español., y la firma Giesecke & Devrient GmbH, de Baviera, Alemania;
Las empresas que fueron desechadas porque supuestamente no cumplieron con diversos requerimientos técnicos de la convocatoria fueron: SixSigma Networks México; Morpho, en sociedad con Gemalto; Smartrac Technology y 3M; así como Vanget México en participación conjunta con TED, Tecnología Editorial, esta última presentó una queja ante la secretaría de la Función Pública argumentando que su oferta era la más baja con 12 millones de dólares.
De acuerdo al proceso de licitación pública, Veridos fue la empresa que más puntuación técnica obtuvo por ofrecer altos estándares para recabar los datos biográficos y biométricos de los solicitantes del pasaporte. Además, se argumentó que la empresa ganadora contaba con la experiencia y los documentos solicitados que requería el perfil.
La cancillería aclaró que Veridos no fue contratada específicamente para la implementación de un nuevo sistema para expedir pasaportes vía internet, sino que el acuerdo era que la empresa modernizaría la emisión del documento.
Tras la caída del sistema en octubre de 2015, se anunció que la Función Pública había iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa, en tanto se contrató a la empresa Softtek para regularizar el servicio.
No se explicó a detalle sobre las afectaciones técnicas, y la justificación para  no rescindir el contrato a la proveedora del servicio. Fue una decisión que al paso de los años se olvida y de la que quedan 83 millones de dólares sin justificar.
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