Toluca, Méx., 12 de mayo de 2022.-  Es urgente reconocer la inmoralidad de los altos gastos que actualmente destina el Gobierno del Estado de México en materia de comunicación social y publicidad oficial, más del triple de los recursos utilizados por la Vocería de la Presidencia de la República y actuar para que estos recursos se reorienten, con base en los principios de la austeridad republicana, para el bienestar y ejercicio pleno de derechos de las y los mexiquenses, como es la conclusión de hospitales, afirmó el diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez.
Al presentar en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para establecer medidas de control, transparencia y gasto responsable de los recursos destinados a la comunicación social y publicidad gubernamental, con apego a los principios de la austeridad republicana.
Agregó, sólo en la medida en que se establezcan mejores mecanismos de control, así como obligaciones para transparentar el ejercicio de los recursos, es que serán posible erradicar el dispendio y la opacidad que ha caracterizado el gasto gubernamental en materia de comunicación social durante los últimos sexenios.
En el pleno, lamentó que las intenciones de transformar los patrones abusivos del ejercicio de los recursos públicos no han logrado replicarse en el Estado de México, y por el contrario se da el dispendio y la utilización del presupuesto para continuar los lujos de la clase política, así como para sostener programas de carácter clientelar y corporativista, el diputado local de Morena, aseguró que el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social deberá regirse conforme a principios de eficiencia, racionalidad, austeridad republicana, transparencia y máxima publicidad.
Montoya Márquez, denunció que el dispendio se puede corroborar en un comparativo de los presupuestos históricos de las oficinas de comunicación social, tan solo para este ejercicio fiscal, el Ejecutivo federal destinó un presupuesto de $49,784,919, contra un presupuesto estatal de $159,084,429, así el Estado de México es la séptima entidad que mayores recursos destina a este tipo actividades, uniéndose a la lista de entidades que asignan a sus oficinas de comunicación más del triple de los recursos utilizados por la Vocería de la Presidencia de la República.
Los cuantiosos recursos que utiliza el gobierno estatal han llegado incluso a trascender en diversos medios de comunicación, como el portal TheObserverMex, en donde se ha señalado que, durante 2019, el gobierno estatal gastó en publicidad y propaganda oficial 21 veces más de lo que destinó para mitigar la Alerta de Género. Destina más a su difusión que, a los jóvenes de la entidad, a la innovación científica y tecnológica, al fomento rural y al desarrollo de pueblos indígenas, apuntó.
El legislador destacó que uno de los pilares más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación lo constituye el impulso de la austeridad como principio insoslayable de la regeneración de la función pública. Recordó, que la Ley de Austeridad Republicana fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 8 de octubre de 2019.
Expresó “por desgracia, también lo es destinar montos significativos del presupuesto a actividades de propaganda gubernamental que, dicho sea de paso, el artículo 134 constitucional establece que ésta deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, utilizando recursos económicos que deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Puntualizó, desde el primer momento de su mandato, el Presidente expresó su compromiso por transformar la vida pública nacional, destronando el acostumbrado dispendio, suntuosidad y frivolidad a costa del erario que caracterizó a las minorías que mantenían secuestrado al Estado, en favor de una política de gasto responsable con sus obligaciones legales, dedicada a reducir las ominosas brechas de desigualdad que subsisten en nuestra sociedad y generar bienestar para la población.
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