PLAYA DEL CARMEN.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las operaciones de la empresa Calica, filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que procedería legalmente contra la minera por “burlarse” de su Gobierno y seguir la extracción de piedra caliza, cuando tenían un acuerdo convertir esa zona en un centro turístico.
En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó que, en días pasados, inspectores de la Profepa visitaron el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo; tras su verificación, colocaron de manera preventiva sellos de clausura por incumplimiento en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
“Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, indicó la dependencia en un comunicado publicado este viernes.
#COMUNICADO
El @GobiernoMX y el #SectorAmbiental trabajamos para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución.
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— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 6, 2022
La Semarnat resaltó que la explotación de este tipo de piedra debajo del manto freático ha causado daños graves al medioambiente. Recordó que ya en 2017 y 2018 la Profepa había clausurado y sancionado a la minera Calica por el aprovechamiento de la roca caliza en El Corchalito, bajo las normas del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América Latina.
En respuesta, la empresa Vulcan Materials acusó que el Gobierno de México ha operado de manera “ilegal” al ordenar el cese inmediato de la extracción y explotación de las canteras submarinas en Quintana Roo. Recordó que tiene los permisos necesarios para operar y todas las intenciones para proteger, vía legal, sus derechos.
“Esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, señaló la empresa estadounidense en un comunicado.
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AM.MX/dsc
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