Adrián García Aguirre / Matías Romero, Oaxaca
* La idea inicial fue del gobierno del general Porfirio Díaz.
* Apoyo financiero del empresario inglés Weetman Pearson.
* Se concretó el proyecto de establecer un corredor interoceánico.
* En 1907, en el Istmo de Tehuantepec se concluyeron los trabajos.
* Construcción del ferrocarril y de la refinería de Minatitlán.
* Se modernizaron los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
En nombre del orden y el progreso, el primer megaproyecto impulsado por el gobierno del general Porfirio Díaz a fines del siglo XIX y principios del XX, contempló el reordenamiento territorial de la región del Istmo de Tehuantepec, dando inicio a un proceso acelerado de especulación y despojo de alrededor de dos millones de hectáreas, de territorios históricos de los pueblos indígenas mixes, popolucas, zoques y nahuas.
Con la entrada de operación del Canal de Panamá en 1914, el corredor del Istmo mexicano perdió importancia para la circulación de mercancías del mercado global y muchas de las tierras fueron recuperadas por las comunidades.
Sin embargo, en los últimos sesenta años, las diferentes administraciones federales han impulsado proyectos de desarrollo para esta región, como el Plan Alfa-Omega, el Plan Puebla-Panamá, el Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec y las Zonas Económicas Especializadas.
La intervención gubernamental dio al Istmo el perfil de región proveedora de energía; la zona veracruzana, más orientada al procesamiento de hidrocarburos, y el istmo oaxaqueño a la generación de electricidad, obtenida por los 28 parques eólicos que se encuentran actualmente en operación.
Las afectaciones para los pueblos de la región superaron por mucho los escasos beneficios que trajo este proceso de industrialización.
Una característica común de estos proyectos de desarrollo es que fueron definidos desde afuera de la región, sin tomar en cuenta las necesidades, propuestas y los valores culturales de la población regional, lo que ha dejado una secuela de despojos, contaminación y afectación al tejido social, beneficiando a principalmente a las empresas transnacionales y a políticos nacionales.
Desde 2005, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ya había mostrado un marcado interés por la modernización del corredor interoceánico del Istmo, por eso no debe resultar extraño que fuera uno de los proyectos estratégicos de su gobierno.
En su primera visita a la región, siendo ya presidente de la República, el 23 de diciembre de 2018, anunció la realización del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, generando con ello grandes expectativas entre la población regional.
Sin embargo, en la implementación de este megaproyecto se han repetido muchas de las cuestionadas prácticas de los gobiernos anteriores: a fines de marzo del 2019, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, bajo la conducción de Adelfo Regino Montes, realizó una “consulta” donde se violentaron los principios del consentimiento previo, libre e informado, porque el diseño del Plan Maestro lo realizó la empresa de Singapur: Surbana Jurong.
El plan no tomó en cuenta las necesidades y propuestas de las comunidades indígenas de la región; y entre las empresas contratadas para la realización de los trabajos de modernización del ferrocarril se encuentran algunas con un pésimo historial, como La Peninsular, propiedad de los Hank Rhon.
La manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat adolece de graves fallas y la contratación de los trabajadores ha sido mediada por organismos sindicales que mantienen prácticas gangsteriles como el sindicato ferrocarrilero de Víctor Flores.
Un aspecto preocupante es el modo en que se ha ocultado la información a las comunidades, dado que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha venido escamoteando la información sobre las modificaciones del trazo y los daños que se ocasionarán por la corrección de curvas.
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