Sólo votó el 17.77 por ciento del padrón electoral
CIUDAD DE MÉXICO.— El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez, porque no se logró que el 40 por ciento del electorado participara como lo exige la Constitución.
El conteo confirma la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores, por lo que no se acreditan los requisitos de ley para emitir una declaratoria, y se da por concluido el procedimiento.
Además, por mayoría de votos, el TEPJF aprobó dar vista a las instancias correspondientes —como la Fiscalía contra Delitos Electorales de la FGR y la Sala Especializada del propio Tribunal Electoral— para que investiguen y deslinden responsabilidades de las y los servidores públicos que de manera reiterada incurrieron en posibles delitos electorales.
Participación del Magistrado Presidente del #TEPJF, @ReyesRdzM, durante la sesión solemne en la que se presentó la resolución del cómputo final y conclusión del proceso de Revocación de Mandato. pic.twitter.com/UxKalJynlf
— TEPJF (@TEPJF_informa) April 27, 2022
En sesión solemne, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, expuso, primero, la inviabilidad jurídica para conceder las quejas de los partidos de oposición que buscaban la nulidad del proceso, pues ya era inválido desde que sólo alcanzó el 17.77 por ciento de participación, por lo que por lógica “no se puede invalidar lo que no tiene validez”.
Después leyó el apartado de integridad electoral que había descartado y que se retomó este miércoles, en donde exhibió que el INE recibió 323 quejas por uso indebido de recursos públicos y de procedencia ilícita, vulneración a la imparcialidad y neutralidad por parte de personas servidoras públicas e irregularidades el día de la jornada de votación como posibles acarreos.
“Es posible advertir que hubo las siguientes lecciones: primero, con la emisión tardía de la Ley federal de Revocación de Mandato, el Congreso incurrió en una omisión legislativa y ello incidió en las reglas del juego; segundo, las diversas modificaciones del INE que tuvieron que adaptarse a la ley tardía y responder a las problemáticas jurídicas durante el proceso.
“Tercero cuando la Cámara de Diputados y Diputadas emitió un decreto de interpretación y éste fue aprobado por el Senado, lo que generó controversias y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Y de la mano con los desafíos normativos, se suman los ajustes presupuestarios que generaron una reducción de casillas y la escasez de personal e insumos, desde la óptica de integridad electoral esto es un ejemplo de lo que se conoce como malas prácticas con impacto en la calidad de la democracia participativa”, apuntó.
Por lo que se concluyó que todos estos obstáculos e irregularidades en el proceso “impactaron en la calidad democrática de la revocación de mandato”, aseguró Rodríguez Mondragón frente a los titulares del INE, Lorenzo Córdova; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, que seguiría su proceso ante las instancias correspondientes.
“Finalmente, esta Sala Superior, por un lado, instruyó al INE y a la Sala Regional Especializada para que investiguen y, en su caso, sancionen actos potencialmente irregulares que se denunciaron durante el proceso y, por el otro, advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sobre conductas posiblemente ilícitas que quizás deba investigar”.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora calificó el proceso como “un acto fallido de democracia”; sostuvo que era responsabilidad de la Sala Superior dejar sustento de “los actos que alejaron la participación y que sean evidenciados para que no se repitan” y para que las herramientas de participación democrática “dadas a la ciudadanía no sean desvirtuadas”.
Hizo una relatoría de todo el proceso y los obstáculos que se vivieron, entre los que destacó la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de seis consejeros del INE, así como la actitud del Poder Legislativo “reticente a cumplir con las reglas que ellos mismos promovieron”, lo que “dañó el Estado de derecho y el valor democrático de este ejercicio”.
Consideró indispensable “reivindicar el mecanismo para revocar el poder político ante la pérdida de confianza y legitimidad, pues no se puede permitir que se corrompa transformándolo en ratificación, pues esta vez, hemos asistido a una revocación promovida por los actores pasivos, corrompiendo el principio esencial”.
AMX
