Ciudad de México. – Ante las trabas legales que han obstaculizado la repatriación de Florian Tudor a su país de origen, Rumania, toda vez que no hay tratado de extradición entre ambas naciones, un tribunal de alzada determinó que el líder de la mafia de estafadores a nivel internacional sea juzgado en México por delitos cometidos en suelo mexicano, y de ser hallado culpable podría ser sentenciado a casi 20 años de prisión
La captura del estafador, apodado “El Tiburón”, se derivó de la solicitud de jueces del tribunal de Bucarest que concedieron una orden de aprehensión por los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, cuyas ganancias ilícitas se estiman en cientos de millones de dólares, hechos por los que seis de sus colaboradores ya fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión.
De acuerdo con La Opinión de México, la petición fue atendida por la Fiscalía General de la República, que detuvo al rumano el 27 de mayo de 2021 en la Ciudad de México, pero al ahondarse en las investigaciones se descubrió que el motejado Tiburón incurrió en diversos delitos en nuestro país por lo que también solicitó una orden de aprehensión en su contra.
Se descubrió que Tudor e integrantes de su banda de estafadores realizaron más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en cinco estados de la República Mexicana, operaciones que llegaban alcanzar hasta 14 mil pesos cada una, por lo que el monto sustraído sumaría más de 70 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación, Florian Tudor, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe sustrajeron el dinero de cajeros automáticos de la institución crediticia BBVA Bancomer que se localizan en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo.
Desde el inicio de su detención, Florian instruyó a sus abogados a interponer toda clase de recursos para evitar o frenar su entrega al gobierno de Rumania, situación que lo ha favorecido, dado que no existe tratado de extradición entre ambos países.
De esa manera se tendría que recurrir al Principio de Reciprocidad Internacional, basándose en las pruebas que se han recabado respecto a los ilícitos que el rumano cometió en ambas naciones, pero la defensa del inculpado se ha encargado de poner toda clase de trabas para evitar ese procedimiento.
Pero no solo interpusieron ese amparo, sino al menos una media docena más para evitar ser llevado de una prisión de mediana seguridad a un penal de máxima seguridad, lo que logró temporalmente para impedir de que fuera llevado del Reclusorio Norte al penal de El Altiplano, done finalmente se halla recluido.
También interpuso el mismo recurso para evitar malos tratos y violaciones a sus derechos humanos, según sus abogados, en el penal de máxima seguridad e incluso hasta para “exigir una alimentación adecuada, nutritiva y suficiente porque lo estaban matando de hambre”.
Ante las múltiples argucias legales y legaloides que obstruyen el desarrollo normal del procedimiento, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, determinó sujetarlo a proceso formal y someterlo a juicio por su probable responsabilidad en ilícitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.
Durante el desahogo de las diligencias el procesado permanecerá en el penal de máxima seguridad y de resultar culpable, la pena que se le dicte deberá compurgarla en una cárcel mexicana.
Mientras tanto, en ese lapso los gobiernos de ambos países seguirán buscando los cauces legales necesarios para que sea posible la repatriación de Florian Tudor a su país para que afronte los cargos que se le imputan.
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