Fernando Irala
En los próximos días se irá dilucidando lo qué ocurrió este domingo, durante la consulta de revocación de mandato.
Como todo proceso, sus resultados no se explican por lo que sucedió en ese momento, sino por todo lo que aconteció antes.
Lo más evidente es la escasa participación ciudadana, que a la hora de escribir estas líneas se ubica en un promedio de uno de cada ocho ciudadanos en todo el país.
Contra el espíritu del concepto de revocación, que tiene que ver con la posibilidad de que el hartazgo ciudadano encuentre una salida legal para remover el mandato de un presidente, la primera consulta de este tipo en México se convirtió en su antítesis: un ejercicio donde el régimen y sus simpatizantes llamaron a una ratificación innecesaria, de quien ya de antemano había sido electo hasta 2024.
Por ello la oposición y una abrumadora mayoría ciudadana decidieron no participar, y hacerle al vacío a esta extraña consulta.
Si nos atenemos a las cifras que en estos días se conocerán a detalle, hay dos maneras de calificarlas: por el sentido del voto estaremos ante un resultado soviético, en que la inmensa mayoría de los votos emitidos son a favor de la permanencia del Presidente; si consideramos la proporción de los votos efectivos, se trata de una minoría que no sólo no es vinculante, como prevé la ley, sino que está muy por debajo de cualquier elección federal, es un fracaso. Más aún, si de ello se restan los votos emitidos en contra o anulados, con lo que el apoyo efectivo a la permanencia del Presidente se ubica apenas en una décima parte del padrón, muy por debajo de la mayoría con cuyo respaldo ha pretendido respaldar su gobierno.
Por supuesto, el Primer Mandatario será incapaz de reconocer este mediocre resultado. Desde ahora es previsible que dirija todas las culpas al desempeño del Instituto Nacional Electoral y de los consejeros que lo dirigen.
Si se piensa mal, todo ha sido orquestado para que a partir de ahora, como se ha anunciado, la maquinaria gubernamental intente matar al INE y sustituirlo por un organismo totalmente sujeto al poder público.
Mal harán quienes lo permitan.
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