PUERTO MORELOS, Q.R.- Laura Lynn Fernández Piña, candidata de la alianza Va por Quintana Roo a gobernadora de ese Estado, tiene cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), ya que debe aclarar el destino de 6 millones 205 mil 994 pesos de la Cuenta Pública 2020, tiempo en el que ella era la presidenta municipal de Puerto Morelos.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, mientras que la también diputada lanza incendiarios discursos de honestidad, en el más reciente dictamen de la Aseqroo, publicado a principios de marzo de 2022, revela que Fernández Piña no pudo documentar un gasto por 4 millones 157 mil 492 pesos con 75 centavos, y hallo deficiencias en el procedimiento de adquisición y/o adjudicaciones fuera de norma, por 2 millones 48 mil 502 pesos.
En principio Fernández Piña tenía que comprobar un total de 13 millones 917 mil 353 pesos, sin embargo, solo logró acreditar el gasto de 7 millones 711 mil 350 mil pesos, por lo que a la fecha ella y su administración deben justificar 6 millones 205 mil 994 pesos de la Cuenta Pública 2020.
Con este desfalco la exalcaldesa lleva su tercer año consecutivo de faltantes en las cuentas públicas municipales, es decir que la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) dictaminó que durante los años 2018, 2019 y 2020, ha tenido faltantes millonarios.
Y pese a que fue el mismo auditor superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, quien expusiera los faltantes ante los diputados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, a la fecha siguen sin hacer denuncias ante la Función Pública.
Es momento de que la ciudadanía y las asociaciones civiles interpongan denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, por daños a la Hacienda Pública, y que involucran a funcionarios de las administraciones que entonces fueron encabezadas por Laura Fernández Piña en Puerto Morelos.
Pero ese desvío de recursos no es el único en el historial de la discípula del exgobernador Félix González Canto. Un año antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), había descubierto una malversación de fondos por parte de la Alcaldesa por 90 millones 330 mil pesos, que presuntamente habrían sido canalizados para el pago de mil 80 aviadores a razón de 24 quincenas a cada uno.
Los empleados inexistentes habrían estado cobrando sin hallarse registrados en la plantilla laboral ni en los tabuladores salariales emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, a través de una partida federal por 90 millones 330 mil pesos, de los cuales Laura Fernández Piña jamás especificó en que se gastó el total de ese dinero.
De acuerdo al dictamen de la ASF, parte de ese recurso se utilizó para la adquisición de un software para la elaboración de nóminas, mismo que fue adquirido por medio de adjudicación directa y del que no se comprobó su operación en la Dirección de Recursos Humanos.
El curriculum de Fernández Piña, abarca hasta delitos electorales registrados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), donde se le acusó de desvío de recursos públicos para financiar su campaña electoral en 2018 cuando buscó la reelección como alcaldesa.
Ese mismo año, Fernández Piña era investigada por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), por su presunta participación en algunos de los ilícitos perpetrados durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, especialmente en la aerolínea paraestatal VIP-Saesa, a través de la cual se lavaron millones de pesos de las arcas públicas.
Además, todavía le faltaría comprobar el destino final de 12 millones de pesos, que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo halló durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos, donde se denunciaron irregularidades en las que incurrió la hoy diputada federal, en torno a los trabajos de remozamiento del parque del Casco Antiguo que iniciaron desde la licitación, la contratación y el pago de anticipos a la empresa “Constructora HouseJK S.A. de C.V.”.
Según el análisis de la obra, construcción y equipamiento de la plaza cívica y andador peatonal en Puerto Morelos, con número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986.76 pesos, se descubrió un faltante de al menos 12 millones de pesos.
La realidad es que para mayo de 2019 ya había contraído una deuda por 29 millones de pesos a nombre del municipio; 19 millones de pesos se destinarían al pago de gastos de la Comuna “a corto plazo” y 10 millones de pesos para el pago de proveedores.
Sin embargo, diversos medios del Estado denunciaron que de ese dinero solo se utilizaron 3 millones de pesos, y del resto jamás se supo. Las consecuencias fueron la suspensión de obras y pago a proveedores, según destacó en su momento Grupo Sol Quintana Roo.
Ese mismo mes de mayo, el día 23, pidió otro crédito a Banorte por 23 millones de pesos “por insuficiencia presupuestal”.
Lo peor de toda esta recapitulación de deudas adquiridas sin que se comprobara el destino final de los recursos, y el desvío de recursos públicos descubiertos tanto por la Aseqroo como por la ASF, es que al final alguien tiene que pagar todo ese dinero. ¿Y quienes más van a ser, si no los mismos portomorelenses?
Y es que no solo dejó al municipio hundido en deudas que afectarán el actuar de las próximas administraciones, sino que encima les dejó un compromiso de construcción y concesión de un palacio municipal, que mantendrá endeudadas a las próximas 7 administraciones municipales.
La obra descrita como “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos” consistirá en un edificio que servirá de centro de atención a ciudadanos, y oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos municipales.
Sobra decir que la obra fue propuesta, canalizada y aprobada por Laura Fernández y sus regidores, y los trabajos habrían sido encargados a empresarios afines a la exmunícipe; pues en su macabra mente, ideó un edificio municipal que se construiría bajo la figura de Asociación Público-Privada, es decir, su construcción y administración, sería concesionada a una empresa privada; con vigencia del contrato de 20 años.
Obviamente un proyecto así, solo apunta hacia un solo sentido: El de la corrupción. De acuerdo al plan de Laura Fernández, por el edificio que en suma tendría un costo aproximado a los 60 millones de pesos, al ser concesionado a un particular a un lapso de 20 años, las próximas siete administraciones terminarían pagando 336 millones de pesos.
Al final, como buena discípula del exgobernador Félix González Canto y colaboradora cercana de Roberto Borge Angulo, acostumbrada a vivir entre lujos con dinero ajeno; dejó una deuda al municipio millonaria que hoy pesa sobra la sociedad de Puerto Morelos.
AM.MX/fm
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