CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 187 organizaciones feministas, colectivas, académicas y abogadas han firmado el pronunciamiento contra los vientres de alquiler para exigir a la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa de la diputada por Morena, Beatriz Rojas Martínez para tipificar como delito la gestación subrogada, alquiler de vientres o úteros sustitutos, en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata y Asistencia a las Víctimas de estos delitos y en la Ley General de Salud.
Dicha iniciativa que está en análisis en Comisiones de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados sanciona estas prácticas con una pena de 15 a 25 años de prisión en el Artículo 30 de la Ley de Trata y los artículos 319, 330 y 462 de la Ley General de Salud.
Demanda no aprobar ninguna iniciativa a favor de la gestación subrogada, no legislar a favor de deseos individuales elevándolos a categoría de derechos, como el de producir niños y niñas con una determinada carga genética a costa de la dignidad humana ni disfrazar de técnica de reproducción humana asistida o libre desarrollo de las familias.
Exigen legislar a favor del interés superior de las niñas y niños, garantizar protección adicional, garantizar en igualdad los mismos derechos fundamentales a todas las personas y legislar para facilitar los procesos de adopción como vía ética y factible para que el legítimo deseo de maternidad/paternidad pueda ser realizado sin vulnerar la dignidad y derechos de las mujeres, niñas y niños, al mismo tiempo que se atienden sus necesidades cuando se encuentran en situación de orfandad.
También piden políticas públicas y acción inmediata del Estado para combatir la histórica feminización de la pobreza exacerbada por la pandemia, que está siendo aprovechada para convertir a nuestros países, en especial para México, en paraísos de la explotación reproductiva y sexual.
Después de pasar un video con opiniones de destacadas feministas sobre los riesgos de la gestación subrogada y como fondo “La canción de la subrogación”, se expuso como en el país, sobre todo en la Ciudad de México, va en aumento la práctica de “vientres de alquiler” como si fuera un producto comercial.
Se recluta en todo el país como en el Estado de México y a pregunta periodistas se indicó que como oferta turística de paraísos ya hay clínicas en Cancún, en Punta Rica, Nayarit; en Puerto Vallarta, Jalisco donde ofrecen “cumplir tus sueños”. Además, que se ofrecen los servicios también por redes sociales.
Cinco mil niños-niñas nacen de vientres de alquiler
Teresa Ulloa dijo que no se podía dar cifras certeras, pero se estima que son unos cinco mil niños-niñas al año los que nacen de vientres de alquiler, lo que sí es un hecho que ya se están vendiendo bebés por menos de 50 mil pesos.
Mientras que la abogada Claudia Espinoza Almaguer dijo que subrogación está permitida en Tabasco y Sinaloa a pesar de que se han manifestado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas organizaciones en contra de esta práctica porque atenta contra la dignidad y derechos de las mujeres, niñas y niños, cuando se debería de sancionar.
Por otra parte, Berta García de España, explico cómo empresas ofrecen a las mujeres gestantes de seis meses llevarlas con visa a Estados Unidos para que ahí tengan a los bebés y se quedan con ellos, y a las mujeres las regresan a México.
En conferencia de Prensa y en el marco del Día Internacional de la Mujer se advirtió que el alquiler de vientre o “gestación subrogada” se ha disfrazado como ejercicio y supuesta autonomía en la que participan desde agencias internacionales, laboratorios médicos, ministerios públicos, profesionales de la medicina y la psicología, notarios públicos, casas de control, reclutadoras que genera miles de pesos y que ni siquiera la décima parte llega a las mujeres que son explotadas en un contexto de precariedad y desigualdad.
Con el lema ¡Somos Mujeres no Incubadoras! ¡los Niños y las Niñas no se venden! las organizaciones y colectivas de 26 estados de la República Mexicana, de siete países y 38 mujeres de Argentina, España, Colombia, El Salvador, Bolivia, Chiles y el país vasco en conjunto con la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS, por sus siglas en inglés) y el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva desde México se pronunciaron contra el alquiler de vientres.
Han hecho el llamado, también para hacer frente a las iniciativas de ley que se han pronunciado a favor de estas prácticas no solo del alquiler de vientres sino también a la “ovodonación” que robustecen un mercado reproductivo internacional en detrimento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, que menoscaban la dignidad humana y mercantilizan sus cuerpos.
La abogada Teresa Ulloa Ziaurriz de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas en America Latina y el Caribe Internacional (CATLAWC), preciso que la “gestación subrogada”, “gestación por sustitución”, “úteros subrogados”, “maternidad subrogada” o “vientres de alquiler” es la práctica en la cual se pone a disposición de terceras personas el uso y explotación de mujeres para gestar a niños y niñas que serán entregados a personas que los han encargado, previo a una remuneración, en la mayoría de los casos que suceden en México.
El uso de las mujeres como medio para la satisfacción de los deseos de otras personas, refuerza el estereotipo sexista acerca de que las mujeres como “seres para otros “entra en contradicción ética de que el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio para uso de otras, por lo que académicas, abogadas y funcionarias como Alicia Pérez Duarte, ex representante mexicana en Ginebra en Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Claudia Espinoza Almaguer del sistema judicial de San Luis Potosí; Columbia Quintero, dirigente del STUNAM; Arussi Unda, de la colectiva Brujas del Mar, unen sus voces y se oponen a la mercantilización de mujeres, niñas y niños.
En esta práctica las mujeres son sometidas a múltiples presiones, ya sean económicas, sexistas, relaciones de dominación familiares o geopolíticas, por mencionar algunas, para firmar un contrato que pone en riesgo su salud y su vida.
Se hizo énfasis en que resulta inadmisible en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños porque es un sistema económico que depende de las mujeres como medios de producción, por lo que toda reglamentación en esta materia representa un contrato en el que se exige a las mujeres la renuncia al derecho fundamental a la filiación de sus hijos e hijas y la cesión de éste a terceros.
Se advirtió que otro de los derechos que corre el riesgo de ser vulnerado por la práctica es la interrupción legal del embarazo (ILE), conquista y logro del movimiento feminista de mujeres en algunos estados de la Republica, pero negado en otros.
Para las feministas es inaceptable el condicionamiento de la ILE inherente a los acuerdos de la llamada “gestación subrogada”, comúnmente a través del establecimiento de “cuotas de reparación económica” inalcanzables para las mujeres que ya no desean continuar con el embarazo; sumado a la constante reducción selectiva de embriones o abortos selectivos, impuestos a las mujeres por las agencias intermediarias y contratantes.
Convierten a las niñas y niños nacidos por “alquiler de vientres” en objeto de transacción comercial, asignando “ofertas” según los paquetes comerciales ofrecidos que pueden incluir prácticas eugenésicas como la selección de gametos con determinadas características o selección de rasgos que se desean en la o el futuro bebé, incluido el sexo.
Por otra parte, se insistió que a las niñas y los niños se les vulnera el derecho a la dignidad de las personas al convertirlas en objeto de contrato, vulnera su derecho a no ser separadas de sus progenitoras y a ser criadas por ellas, vulnera el derecho bidireccional madrehijo/hija a la filiación y a la lactancia materna, vulnera el derecho de la persona a la identidad, a una familia y a conocer su origen y vulnera el derecho a la reagrupación familiar.
También señalan el peligro, como ya ha ocurrido en otros países, de las propuestas de regulación altruista que abren las puertas a la regulación comercial, aumentando el riesgo de turismo reproductivo y trata de mujeres, niñas y niños, que resultan incompatibles con la prohibición del acto de venta de personas menores de edad, tal y como es definido por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2), y en flagrante contradicción con lo estipulado por los Códigos Penales vigentes en materia de venta y tráfico de personas menores de edad.
A esta propuesta se han sumado Carmen Ojesto, funcionaria en la Procuraduría Social; Alicia Yolanda Reyes Alexander, ex comunista, promotora de no fumar, integrante de la red nacional de periodistas; Nahela Becerril feminista de la ONG que no aparecen; Socorro Arce, la empresaria de Jalisco; Janeth Góngora, funcionaria, activista feminista de la UPN, y Rosario Guerra, ex candidata al gobierno de la ciudad. Así como Sirenas Sonoras entre los colectivos.
AM.MX/fm
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