CIUDAD DE MÉXICO.- La aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un asunto de la mayor importancia, pues establece criterios para generar legislaciones locales que permitirán reducir los accidentes de tránsito y mejorar la vida de las personas que a diario transitan por las calles de las ciudades. sin embargo aún falta que pase por el análisis de la Cámara de Diputados para que entre en vigor.
De acuerdo con la organización Movilidad Segura, cada día mueren en nuestro país 44 personas en accidentes viales que pudieron ser previsibles. Además, el Instituto Nacional de Salud Pública indica que México es el séptimo lugar a nivel mundial, y el tercero en Latinoamérica, en muertes por este tipo de siniestros.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, recordó que el derecho a la movilidad fue reconocido en la Constitución Política, gracias a la luchapersistente de organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema, de legisladores comprometidos con la causa. pero sobre todo de personas, de familias y amigos de las víctimas de siniestros viales.
Durante la segunda jornada de los “Diálogos Parlamentarios. Movilidad y Seguridad Vial: factores de desarrollo”, la senadora aseveró que el nuevo ordenamiento impactará positivamente la vida de las personas con discapacidad, que enfrentan tremendas barreras a su propia libertad y diario se desplazan durante horas para poder trabajar; y para quienes el traslado es un alto factor de riesgo.
En la dimensión colectiva, agregó, permitirá replantear una convivencia armónica de diversas formas de movilidad, significará pensar en ciudades para sus habitantes y no al revés. Asimismo, “establece criterios, principios y lineamientos para generar e implementar legislaciones locales que permitan salvar vidas”. La propuesta garantizará el derecho a la movilidad segura, equitativa, incluyente y accesible, bajo un enfoque sistémico y seguro. También, detalló, define mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, destacó que la aprobación del ordenamiento coloca un piso de política pública en una materia vital no regulada, prioriza la protección de la vida, la salud y la integridad, y aborda factores de riesgo en un concepto de responsabilidad compartida de quienes hacen uso de la vía.
Dijo que también se establece el uso jerárquico de la vía y se optó por evaluaciones para obtener licencias. Además, se instauran características de seguridad mínima para los vehículos comercializados en México, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la distribución de competencias entre en los órdenes de gobierno.
No obstante, Álvarez Icaza acotó que hay tres asuntos pendientes: la prohibición de camiones de doble remolque, el tema de los seguros obligatorios de responsabilidad civil, así como garantizar recursos públicos que generen la correcta implementación de la Ley.
En tanto, Rafael Pérez Fernández, quien dirige el Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato, destacó que el aumento de la inseguridad y la pandemia, remarcaron las condiciones de desigualdad social y la crisis ambiental, con lo que se generó un reto mayor para la movilidad, ya que hay muchas personas que cambiaron sus hábitos de traslado con tal de protegerse de los contagios, incluso ahora prefieren irse en bicicleta o en otros medios donde no haya aglomeraciones,
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