Miguel Tirado Rasso
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El pasado lunes 17, iniciaron las sesiones del Parlamento Abierto para el análisis y discusión de la propuesta de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Un parlamento abierto que nos habían quedado a deber los señores diputados desde febrero del año pasado cuando, con motivo del análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, habían ofrecido realizar con la participación de técnicos, empresarios, analistas y otros interesados en el tema.
En aquella ocasión, las prisas y las presiones externas para la aprobación de la reforma, borraron de un plumazo la propuesta del parlamento y, sin prestar atención a los reclamos de las oposiciones para abrir el debate de la reforma, la aplanadora morenista impuso su mayoría, aprobando el proyecto ley, sin modificar ni una coma. Ahora, ante la necesidad de tener que negociar con las oposiciones por no alcanzarle a Morena y sus aliados los números para una mayoría calificada en el Congreso, se cumple con el parlamento abierto prometido.
La polémica reforma constitucional no parece encontrar puntos de coincidencia entre quiénes la promueven y los que la rechazan. Si bien, según el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo, ambas posiciones parecen coincidir en su objetivo, que es obtener energía suficiente, limpia y barata; en el cómo está el problema. Y es que un gran abismo los separa, porque a razones técnicas, ambientalistas y económicas se oponen conceptos ideológicos y políticos.
Dos consideraciones difíciles de conciliar. Entonces vienen las descalificaciones, imputaciones y denuncias. El director de CFE, Manuel Bartlett, acusa de figuras ilegales y tramposas, hasta de inmorales a los generadores independientes y sociedades de autoabasto. Han creado un sistema de saqueo que busca quedarse con el mercado eléctrico del país, ha dicho. La pregunta es, porqué no los han sancionado si son ilegales.
Predomina la negativa a reconocer que la participación de empresas privadas en el sector eléctrico se hizo en base a las reformas constitucionales de 2013, que ahora las ven como indefendibles e insostenibles, según el director de CFE. Por lo mismo, son legales y, cualquier exceso, abuso o violación de la ley, en que estos empresarios hubieran incurrido se les debería de haber sancionado. Algo que hasta el momento no hemos visto. Afirmar que no habrá indemnizaciones para los contratos de autoabasto “porque son ilegales”, alarma e inquieta a los inversionistas del sector eléctrico y de cualquier otro sector, porque significa hacer a un lado el estado de Derecho, algo que es fundamental para quienes buscan certeza jurídica que garantice la seguridad de sus inversiones.
Hace 10 años, el debate por la apertura a la inversión privada en el sector eléctrico dio lugar a diversos foros de análisis y consultas que culminaron con la llamada reforma de Peña Nieto que se abrió a la participación privada en ciertas áreas del sector. Ahora, se repiten los foros y también los argumentos a favor y en contra, pero para regresar a la casi exclusividad del Estado en materia de electricidad, cuando el desarrollo de México requiere de capitales privados, nacionales y extranjeros, como un importante complemento de la inversión pública, que resulta ya insuficiente para las necesidades del país.
Algunos argumentos alegados a favor de la contra reforma son: garantiza la soberanía energética a cargo del Estado; acaba con el saqueo de las empresas privadas; se detiene la privatización del sector eléctrico y se evita la desaparición de la CFE; regular al sector y evitar la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos; la CFE dejará de perder y de subsidiar a los privados.
En contra se argumenta: aumento en la explotación de combustibles fósiles, actualmente representa el 67 por ciento de la generación de CFE; frena la transición hacia energía limpias; incrementará los costos de producción del Sistema Eléctrico Nacional; acaba con la libre competencia en generación y suministro; cancela el 62 por ciento de la generación nacional por la anulación de permisos privados; insuficiencia presupuestal para cubrir las necesidades del sector. (En 15 años se requerirán 80 mil millones de dólares para líneas de transmisión, de distribución y plantas). Además, viola varios acuerdos comprometidos en el T-MEC.
Sobre este último punto, la secretaria de Energía norteamericana, Jennifer Granholm, en reciente visita a nuestro país, declaró que existe “una preocupación real de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense”, lo que, dijo, expuso en todas las reuniones que tuvo con las autoridades mexicanas. Con mucha diplomacia, la secretaria fue insistente en el tema de las energías renovables, un tema que no es precisamente el favorito de la 4T y menos su prioridad. “Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia, competitiva y diversificada,” fue el mensaje que dejó la funcionaria norteamericana.
A buen entendedor…
 
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