PUERTO MORELOS, Q.R.- La diputada federal Laura Fernández Piña recibió el máximo premio de la impunidad al convertirse en la virtual candidata de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Quintana Roo.
De hecho, son los mismos partidos quienes se han convertido en los verdaderos juzgadores de los políticos a quienes les dan la posibilidad de alcanzar cargos públicos con el acceso al anhelado fuero.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, la media noche de el jueves 21 de enero, Laura Fernández Piña, diputada federal, se convirtió en la candidata de la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) a la gobernatura de Quintana Roo.
La decisión se tomó cerca de la media noche en la reunión entre las cúpulas de los dos partidos y en las que inicialmente había tres aspirantes, pero al final sólo quedaron dos, siendo Fernández Piña la elegida.
En el encuentro, participaron los dirigentes del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así como los estatales de Quintana Roo, el panista Faustino Uicab Alcocer, y el perredista Leobardo Rojas López.
Sin embargo, la expresidenta municipal de Puerto Morelos tiene en su haber un largo rosario de abusos de poder, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros.
La actual diputada federal, Laura Fernández Piña, tiene serios señalamientos por desvíos de recursos públicos durante los años 2018, 2019 y 2020, según la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).
Las denuncias de la Aseqroo contra la exalcaldesa represora del municipio de Puerto Morelos son por el faltantes en el ejercicios de los recursos públicos en la cuenta pública del 2018.
Cómo se sabe, fue el auditor superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, quien informó a finales de 2021 que ya se habían agotado todas las instancias de la etapa de investigación sobre estas observaciones no solventadas.
En reunión de trabajo con los diputados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura se inició el análisis de los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
Las denuncias de hechos interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, por daños a la hacienda pública, y que involucran a funcionarios de las administraciones que entonces fueron encabezadas por Laura Fernández Piña en Puerto Morelos. “En el caso de Puerto Morelos hay un desfalco cercano a 6 millones de pesos que quedó sin comprobar debidamente”, reconoció Palacios Herrera.
Pero ese desvío de recursos no es el único en el historial de la discípula del ex gobernador Félix González Canto. Un año antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya había descubierto una malversación de fondos por parte de la alcaldesa por 90 millones 330 mil pesos, que presuntamente habrían sido canalizados para el pago de mil 80 aviadores a razón de 24 quincenas a cada uno.
Los empleados inexistentes habrían estado cobrando sin hallarse registrados en la plantilla laboral ni en los tabuladores salariales emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, a través de una partida federal por 90 millones 330 mil pesos, de los cuales Laura Fernández Piña jamás especificó en que se gastó el total de ese dinero.
De acuerdo al dictamen de la ASF, parte de ese recurso se utilizó para la adquisición de un software para la elaboración de nóminas, mismo que fue adquirido por medio de la adjudicación directa y del que no se comprobó su operación en la Dirección de Recursos Humanos.
El currículum de excesos de Fernández Piña abarca hasta delitos electorales registrados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), donde se le acusó de desvío de recursos públicos para financiar su campaña electoral en 2018 cuando buscó la reelección como alcaldesa.
Ese mismo año, 2018, Fernández Piña venía siendo investigada por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), por su presunta participación en algunos de los ilícitos perpetrados durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, especialmente en la aerolínea paraestatal VIP-Saesa, a través de la cual se lavaron millones de pesos de las arcas públicas.
Además, todavía le faltaría por comprobar el destino final de 12 millones de pesos, que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo halló durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos, donde se denunciaron irregularidades en las que incurrió la hoy diputada federal y virtual candidata a la gubernatura de Quintana Roo, en torno a los trabajos de remozamiento del parque del Casco Antiguo que iniciaron desde la licitación, la contratación y el pago de anticipos a la empresa “Constructora House JK S.A de C.V.”.
Según el análisis de la Obra Construcción y equipamiento de la plaza cívica y andador peatonal en Puerto Morelos, con número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986.76 pesos, se descubrió un faltante de al menos 12 millones de pesos.
Sin embargo, todo lo anterior no fue motivo para demeritar el tercer informe de gobierno que entregó en representación de la ex edil, su primera regidora, Ana Luisa Betancourt Canul, quien en un entreteje de mentiras habló de los “logros” de su jefa que ahora opera en el ámbito federal.
Las mentiras plasmadas en el documento arrancaron con el supuesto de que la administración de Laura Fernández se caracterizó por la práctica de una política de transparencia, honestidad, de puertas abiertas y de cercanía con la gente, cuando en realidad la única cercanía que tuvo con ellos, fue la represión con la que se caracterizó, cómo cuando mandó a desalojar a varios manifestantes que se oponían al derrumbe del kiosco ubicado en el parque del Casco Antiguo de la ciudad.
Igual pretendieron enaltecer una supuesta administración de los recursos, destacando que cada peso recaudado o canalizado por el estado o la federación, rindió y se aplicó con apego a la transparencia y rendición de cuentas. La realidad es que, a su salida, dejó una deuda pública superior a los 57 millones de pesos.
De nada le sirvió a la regidora Betancourt tratar de enaltecer las “virtudes” de la ex munícipe, asegurando que mantenían una buena recaudación de recursos per cápita, que citó en 7 mil 518 pesos por habitante; cuando para el mes de mayo de 2019, Laura Fernández ya había adquirido a nombre del municipio una deuda pública dividida en dos partes: primero fueron 19 millones de pesos a pagar en un año, para afrontar gastos administrativos; más una línea de factoraje por 10 millones de pesos para el pago de proveedores.
Hablaron de reactivación económica y turística en medio de la pandemia. Cuando lo que sí sucedió fue un alza en los delitos como nunca antes se había registrado en el novel municipio. Robo en casa habitación, a negocios y transeúntes, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, pero sobre todo el narcomenudeo, florecieron durante los 5 años de administración de Laura Fernández.
Tan sólo en el primer trimestre de 2020 el robo a casa habitación reportaba 7 casos, para este año la cifra se duplicó de enero a marzo sumando 15 reportes. La violación era un delito que apenas reportaba unos tres casos al año, para 2020 reportó seis, y durante los tres primeros meses de éste 2021, ya sumaban tres casos.
La violencia familiar también creció. De 40 casos denunciados en 2017, para 2020 la cifra reportada fue de 63 casos. En cuanto al delito de narcomenudeo, éste registró 7 reportes en 2019, 11 en 2020 y sorprendentemente en éste que fue el último año de Laura Fernández al frente de Puerto Morelos se registraron 10 reportes tan sólo entre enero y marzo de 2021.
Eso no es todo, durante su administración los asesinatos se duplicaron de 2018 a 2019, al pasar de 9 a 21 casos registrados; las lesiones crecieron de 26 a 44 reportes; y pese a ser una mujer quien estuviera al frente del municipio más joven del estado, en 2020 se tuvo registro del primer feminicidio en Puerto Morelos, al hallar el cuerpo de una mujer degollada.
Claro está, medios “maiceados” del Estado destacaron que tras 5 años al frente de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña dejaba un legado de obras, promoción turística y justicia social, sin heredar deuda pública.
La realidad es que para mayo de 2019 ya había contraído una deuda por 29 millones de pesos a nombre del municipio; 19 millones de pesos se destinarían al pago de gastos de la comuna “a corto plazo” y 10 millones de pesos para el pago de proveedores.
Sin embargo, diversos medios del Estado denunciaron que de ese dinero sólo se utilizaron 3 millones de pesos, y del resto jamás se supo. Las consecuencias fueron la suspensión de obras y pago a proveedores, según destacó en su momento Grupo Sol Quintana Roo.
Ese mismo mes de mayo, el día 23, pidió otro crédito a Banorte por 23 millones de pesos “por insuficiencia presupuestal”.
Lo peor de toda esta recapitulación de deudas adquiridas sin que se comprobara el destino final de los recursos, y el desvío de recursos públicos descubiertos tanto por la Aseqroo como por la ASF, es que al final alguien tiene que pagar todo ese dinero. ¿Y quienes más van a ser, si no los mismos portomorelenses?
Y es que no sólo deja al municipio hundido en deudas que afectarán el actuar de las próximas administraciones, sino que encima les dejó un compromiso de construcción y concesión de un palacio municipal, que mantendrá endeudadas a las próximas 7 administraciones municipales.
La obra descrita como “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos” consistirá en un edificio que servirá de centro de atención a ciudadanos, y oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos municipales.
Sobra decir que la obra fue propuesta, canalizada y aprobada por Laura Fernández y sus regidores y los trabajos habrían sido encargados a empresarios afines a la ex munícipe; pues en su macabra mente, ideó un edificio municipal que se construiría bajo la figura de Asociación Público-Privada, es decir, su construcción y administración, sería concesionada a una empresa privada; con vigencia de contrato de 20 años.
Obviamente un proyecto así solamente apunta hacia un solo sentido: El de la corrupción. De acuerdo al plan de Laura Fernández, por el edificio que en suma tendría un costo aproximado a los 60 millones de pesos, al ser concesionado a un particular a un lapso de 20 años, las próximas siete administraciones terminarían pagando 336 millones de pesos.
Al final, como buena discípula del ex gobernador Félix González Canto y colaboradora cercana de Roberto Borge Angulo, acostumbrada a vivir entre lujos con dinero ajeno; dejó una deuda al municipio superior a los 57 millones de pesos.
Esta deuda sin comprobar el destino de los recursos más los 6 millones de pesos desfalcados al municipio descubiertos y afirmados por la Aseqroo tan sólo en 2018, nos deja ver que la hoy diputada federal y virtual candidata a gobernadora, Laura Fernández Piña, seguirá bajo el manto de la impunidad.
AM.MX/fm
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