Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
El pronóstico para nuestro país en este 2022 es el de mucha política, más todavía que en los tres años transcurridos, si esto fuera posible. Y es que, en esta primera mitad del sexenio, la característica fue la priorización de la política sobre la administración, como estrategia para impulsar la Cuarta Transformación. Ahora, para la segunda parte del mandato, la agenda se ve más cargada, pero con tiempo limitado.
El polémico proceso de Revocación de Mandato; las elecciones para gobernador en seis estados de la República (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas); el agarrón legislativo que, enfrentarán, una vez más a Morena y aliados (PT y PVEM) contra el resto de las bancadas (PAN, PRI, PRD y MC) por la aprobación de, entre otras, tres reformas constitucionales: la eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército y una eventual reforma electoral. Todos estos, temas para la atención política, a los que habría que agregar el muy complejo manejo de un anticipado juego de la sucesión presidencial. Así que, una vez más, la administración pública quedará circunscrita a criterios políticos.
Sobre la Revocación de Mandato, ha quedado claro que éste se llevará acabo, literalmente, como sea. El argumento de la falta de recursos para realizarlo conforme a lo ordenado en la Constitución, esgrimido por el Instituto Nacional Electoral (INE), chocó contra un muro infranqueable, Morena, que aprovechó para golpear al Instituto acusándolo de tratar de boicotear el proceso de Revocación e insistir en sus críticas como estrategia para su extinción, como lo declaró, el presidente de Morena, Mario Delgado.
En el afán de quedar bien con el jefe, los de la 4T no tienen medida. Ante los números que presentó el INE para el proceso de Revocación, casi 4 mil millones de pesos, el senador Eduardo Ramírez Aguilar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Revocación de Mandato para que el Instituto tenga ahorros en la instalación de casillas, entre otros, reduciendo 50 por ciento el número de las casillas con relación a las que se instalan en las elecciones constitucionales.
El legislador morenista olvida que la trascendencia de este ejercicio que tiene como propósito retirar anticipadamente del cargo al titular de la Presidencia de la República, por pérdida de confianza, obliga, por su importancia y consecuencias, a un proceso de consulta similar al de una elección presidencial. Además, el senador está legislando para una coyuntura particular, en la que no existe ningún cuestionamiento sobre la continuidad en el cargo del titular del Ejecutivo, circunstancia que podría ser muy diferente en otros casos y en otros momentos.
Por razones que no se explican, en este primer ejercicio del derecho de revocación, existe una contradicción, un despropósito. Quiénes lo están solicitando no son los interesados en revocar del cargo al jefe del Ejecutivo, que es el sentido original de este derecho constitucional, sino por el contrario, los que presionan para que se realice son, precisamente, los que desean que continúe, según se pudo ver en la recolección de firmas, promovida por militantes de Morena. De ahí que el resultado lo podamos anticipar, sin temor a equivocarnos. La asistencia a las casillas será escasa, menos de la deseada por quienes la promovieron y de la requerida por la ley. No hay interés por impedir que el presidente concluya, anticipadamente, el cargo, por lo mismo, los votos emitidos en favor de que siga gobernando, que no es el objetivo de este proceso, constituirán una aplastante mayoría.
Independientemente del fondo de este ejercicio de participación ciudadana, los obstáculos para su realización por falta de recursos suficientes, han sido buena excusa para cuestionar la existencia y operación de la autoridad electoral (INE). Para exhibirlo como una institución con altos costos operativos, sueldos elevados, numerosos asesores, altas prestaciones y mucho gasto superfluo. Todo un paquete para justificar una reforma electoral que lo desaparezca o lo sustituya por otro organismo a modo de la 4T. Esperemos que las oposiciones reflexionen sobre el riesgo de perder una institución, sin duda perfectible, pero que, ha cumplido con el objetivo de lograr elecciones transparentes, dando paso, por primera vez en la historia del país, a una alternancia democrática consolidada en este milenio con tres gobiernos sucesivos de partidos políticos diferentes (2006, PAN; 2012,PRI y 2018, Morena).
 
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