CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que una residencia que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, al sur de la Ciudad de México, y que pertenece a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, pase a formar parte de los bienes del Estado.
Dicho inmueble, según las indagatorias del Ministerio Público Federal, fue adquirido por el ex servidor público tras recibir tres millones de dólares como un pago de favores por parte de Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México (AHMSA), por la compraventa de la planta chatarra Agronitrogenados.
⇒ De acuerdo con registros judiciales, Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, admitió a trámite la petición de la FGR en noviembre pasado, una vez que se volvió a decretar el aseguramiento del inmueble.
La juzgadora ya dio parte al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) del juicio de extinción de dominio para que la residencia —valuada en 3.4 millones de dólares— quede bajo su resguardo. Mientras que Emilio Lozoya tiene hasta el 9 de febrero para contestar la demanda.

La @FGRMexico inició ante un juez especializado un juicio de #ExtinciónDeDominio sobre la residencia de Emilio Lozoya en #CDMX pic.twitter.com/PInl4SOtDG
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 6, 2022

⇒ Emilio Lozoya está muy cerca de ser llevado a un juicio oral, pues la FGR presentó formalmente la solicitud para que el exfuncionario sea llevado a juicio y pidió una penal de 39 años de prisión, esto por el caso Odebrecht; todavía falta que se haga la solicitud formal en torno al caso Agronitrogenados.
La residencia de Lomas de Bezares fue asegurada por la FGR, porque presuntamente fue adquirida en 2012 con dinero que recibió Gilda Susana Lozoya Austin de parte de Alonso Ancira, para que, en 2013, ya como funcionario, Emilio Lozoya lograra que Pemex adquiriera la planta chatarra a sobreprecio.
Por el caso AgroNitrogenados, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex funcionario promovió un amparo para que el menaje de la propiedad no fuera asegurado, además de que reclamó irregularidades por parte de la FGR.
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AM.MX/dsc
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