CHETUMAL, Q.R.- En tan solo 24 meses los diputados de la XVI Legislatura desaparecieron 326 millones 432 mil pesos, entre ayudas sociales y pagos de estímulos a servidores públicos, una suma que superó lo que asignaron en el presupuesto a dependencias como la Secretaría de Turismo o la de Obras Públicas, durante el mismo periodo.
De acuerdo a los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de 2020 y 2021, los integrantes del Poder Legislativo se aprobaron el uso de 151 millones de pesos para la opaca partida de ayudas sociales; sin embargo, realizaron una modificación para incrementar estas hasta los 188 millones 25 mil pesos, sin explicar el alza del 24.5 por ciento.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, este movimiento también se registró en una partida de uso discrecional de los miembros del Congreso del Estado, que es la del pago de estímulos a servidores públicos, en la que, para los dos años mencionados, se aprobó el uso de 97 millones 974 mil pesos, para después incrementarlo a los 138 millones 407 mil pesos.
En total, los legisladores tuvieron a su disposición 326 millones 432 mil pesos, lo que representa el 33.6 de su presupuesto total, que alcanzó en este periodo los 971 millones 245 mil pesos, una fortuna que divida entre las 25 curules alcanzaría los 13 millones de pesos para cada uno, en tan solo dos años.
Para incrementar el techo que distribuyeron en estas partidas, simularon recortes en otros rubros que hicieron pasar por políticas de austeridad, como son materiales y suministros; bienes muebles, inmuebles e intangibles y en servicios generales.
Sin embargo, el gasto que realizó la XVI Legislatura por estos concepto fue mayor, al no considerar los tres meses finales de 2019, cuanto los actuales diputados tomaron las riendas del Congreso del Estado, pues en el apartado de documentos legislativos para ese periodo solo se informa del total ejercido durante ese año, ya que al buscar información desglosada trimestralmente, se puede apreciar un supuesto error de captura por el cual solo presentan documentos de 2020.
Actualmente, Quintana Roo tiene uno de los cinco Congresos estatales más costosos del país, como lo ha reportado el Instituto Mexicano de Competitividad, al señalar que cada diputado cuesta al año 20 millones de pesos. Y uno es el rubro de ayudas sociales que otorga el Legislativo a personas bajo concepto de medicamentos, despensa, transportación o artículos deportivos, entre otros, el más preocupante, pues su uso es discrecional.
No obstante, esta partida es contraria a las funciones del Congreso estatal, carece de reglas de operación, de planeación o programación, no hay criterios de selección de los beneficiarios ni un informe de resultados, por lo que existe total opacidad y discrecionalidad en su uso que obedece a una lógica clientelar y violenta el derecho a una vida libre de corrupción.
AM.MX/fm
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