Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple tres años de haber asumido el cargo. En este tiempo, mantiene pendientes en áreas clave y acumula varias contradicciones entre sus promesas y sus acciones, según lo muestran cifras oficiales y especialistas.
Un ejemplo de esto es la postura que ha tenido hacia las Fuerzas Armadas. Cuando estaba en la oposición, López Obrador criticó el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y puso como plazo seis meses para regresar a los soldados a los cuarteles, pero ya como presidente no solo ha hecho que los militares sigan en labores de lucha contra la delincuencia, sino que también ha desplegado a más de 200,000 elementos y les ha multiplicado sus responsabilidades.
A lo largo de 36 meses en Palacio Nacional, la realidad evidencia sus inconsistencias.
El presidente ha mantenido un discurso constante contra la corrupción, al asegurar que es el principal problema del país. Por ello, prometió “barrer las escaleras de arriba para abajo”, pero los datos no muestran un avance significativo ni que este combate haya alcanzado los últimos escalones.
Si bien en dos años el país subió del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción, los puntajes obtenidos no han variado mucho: en 2019 fue de 29 y en 2020 fue de 31, en una escala de cero a 100 en la que cero es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo.
Además, México sigue siendo el país peor evaluado entre los 37 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014”, señaló el organismo.
Para expertos, esto no significa mucho avance, sobre todo cuando el presidente se había propuesto llegar a los primeros lugares del ranking y los ciudadanos siguen padeciendo la corrupción cotidiana.
“Donde come uno, comen dos”. Con esa frase, antes de tomar posesión, López Obrador abría a los migrantes las puertas de México. Sin embargo, su política migratoria cambió ante la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó gravar con 5% las mercancías mexicanas si continuaba el flujo de personas hacia territorio estadounidense. Este amago obligó a México a negociar y a desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras para contener la migración, en el fin de evitar la imposición de aranceles.
A partir junio de ese año, México desplegó a los primeros 10,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras, cifra que en 2021 supera los 25,000 efectivos.
Entre enero y octubre de este año, la autoridad reportó que se había “rescatado” a 39,620 migrantes en territorio mexicano y que se habían repartido 106,977 raciones alimenticias.
Durante su gobierno, López Obrador ha asegurado que está a favor de la transparencia, aunque varias veces ha acusado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de ser omiso y de que sus comisionados “callaron como momias” en casos de sexenios anteriores.
Es cuestionable que el presidente diga que está a favor de la transparencia cuando acaba de publicar un acuerdo que consideran contrario al derecho humano al acceso a la información. Dicho acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) clasifica como asunto de seguridad nacional todo lo relacionado con los proyectos de infraestructura de este gobierno.
En su discurso del 1 de septiembre pasado por la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el presidente aseguró: “El 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”.
Sin embargo, esto difiere de los datos publicados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, que señalan que en realidad son tres de cada 10 hogares. Desde marzo, en la publicación del Censo del Bienestar se advertía esta cifra, pues el 25% de los encuestados señaló que recibía algún programa del gobierno.
Un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), con base en los datos de la ENIGH, mostró que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28% a 30% entre 2018 y 2020, es decir, prácticamente se han mantenido en estos porcentajes desde 2014.
Pero además, el análisis de Indesig reveló que, mientras en 2016 los programas sociales llegaban al 67% de los hogares en extrema pobreza, para 2020 el alcance es de 43% de las familias en esta situación, contrario a la premisa del gobierno de “primero los pobres”.
El presidente asegura que apoya a las mujeres —quienes representan el 51.5% de la población mexicana— y sostiene que eso lo ha demostrado con acciones y no solo con palabras. Por ejemplo, suele recordar que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal (2000-2005) integró un gabinete paritario.
Aunque el gabinete llegó a estar compuesto por nueve mujeres, con los cambios realizados en los últimos meses, como la salida de Sánchez Cordero y de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, ahora solo siete de las 19 secretarías tienen a una mujer como titular.
Esto es incluso violatorio de artículo 41 de la Constitución, que establece que en la integración del gabinete legal deberá prevalecer la paridad de género.
Para asumir la presidencia y gobernar para todos los mexicanos, según lo argumentó él mismo, López Obrador pidió licencia a Morena para separarse de su vida partidista.
Pero si bien afirma que no interviene en asuntos de partidos, el mandatario sí ha tomado posición en conflictos relacionados con las fuerzas políticas. Por ejemplo, recomendó a Morena elegir a su dirigente nacional a través de una encuesta y también ha dicho que apoyará al candidato presidencial que sea elegido por ese método en 2024. Igualmente, defendió las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán, respectivamente.
Las postulaciones de Salgado Macedonio y de Morón fueron rechazadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en resoluciones que públicamente fueron criticadas por López Obrador.
Aletia Molina
@AletiaMolina
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