JORGE HERRERA VALENZUELA
Espero y deseo que el Presidente de México no resulte una copia fiel del dictador nicaragüense, en cuanto poner en celdas penitenciarias a sus opositores, aquí es bajo el argumento de acabar con la corrupción y la impunidad imperantes desde tres décadas en los tres niveles de gobierno. Hay que diferenciar entre “preso político” y “político preso”. Mientras éste es por su forma de pensar, por su ideología, aquel es por considerarlo responsable de violar la ley vigente, de presumirse que cometió delitos.
Desde el inicio de los gobiernos sexenales, en 1934, quienes han desempeñado un cargo en la administración pública o fueron electos para como presidente municipal, gobernador, diputado o senador y tuvieron un enfrentamiento de orden político, se instruye al Ministerio Público para integrar una acusación del orden penal. La historia registra varios casos, pero el gobierno federal siempre ha dicho que “En México no hay presos políticos”.
Comento, en relación con los hechos de actualidad, que la Fiscalía General de la República deberá de fundamentar jurídica, legal e irrefutablemente, la serie de cargos contra los presuntos indiciados, quienes deben ser sentenciados por delitos cometidos en agravio del país. El exdirector de Pemex y el excandidato presidencial deberán demostrar su inocencia; el primero ya es huésped del Reclusorio Norte. Desde agosto de 2019 la primera jefa de Gobierno del D.F. también está en prisión.
Nadie puede estar en contra de que los responsables paguen su culpa, de acuerdo con la ley. Hasta ahora todo es producto de ataques verbales, que el político tabasqueño lanza desde Palacio Nacional, en el programa televisivo de una sola voz, de un solo hombre, que me recuerda al divertido “sketch” que hacía el ilustre yucateco don Humberto G. Tamayo que acostumbraba despedirse de su programa, en Canal 2, sombrero en mano, diciendo “Allí les dejo mi reputación, háganla pedazos”.
LOZOYA Y ANAYA
El nacido en Macuspana, Tabasco, está decidido a ver tras las rejas al queretano Ricardo Anaya Cortés, quien fuera uno de sus contrincantes en las elecciones presidenciales de 2018. El PANista fue involucrado por el ahora recluso Emilio Ricardo Lozoya Austin, como uno de los que recibieron parte del soborno en millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht envió al entonces coordinador de la campaña político electoral de Enrique Peña Nieto. Anaya ha rechazado tal cargo, pero le imputan otros más.
En nuestro país los hombres públicos son acusados penalmente de cometer delitos del orden federal o común, por lo cual los funcionarios o los legisladores, inmediatamente se declaran “perseguidos políticos”. Los implicados reciben ciertas consideraciones en los penales, pero como dice el dicho popular “aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión” y la mancha queda imborrable en el curriculum del inculpado.
CALLES ENCABEZÓ EL PRIMER GRUPO
En tiempos del presidente Lázaro Cárdenas la escisión entre el que fuera “jefe máximo” y el michoacano, derivó en desterrar, enviar al exilio, a cuatro personajes que legal y políticamente perjudicaban al país, según lo manifestó el presidente Cárdenas. Salieron Plutarco Elías Calles, Luis L. León, Luis N. Morones y Melchor Ortega hacia Estados Unidos, del aeropuerto Balbuena (donde hoy es la Unidad Habitacional Kennedy), la mañana del 10 de abril de 1936.
Nunca se habló de que fueran perseguidos políticos. Cárdenas acabó con “el maximato callista” que le impuso medio gabinete, mismo que fue sustituido en ese mismo abril de 1936. La referencia no es de políticos presos, pero la determinación presidencial obedecía a las imposiciones del sonorense.
ECHEVERRÍA EXHONERADO
Hasta ahora el único Presidente de la República sometido a dos juicios penales, citado a declarar ante el Ministerio Público, recibir una sentencia y por su edad y estado de salud obtuvo el fallo favorable para cumplir un arresto domiciliario hasta 2009 cuando el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito lo declaró inocente de los cargos formulados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Esa fiscalía fue creada por Vicente Fox Quesada para promover el enjuiciamiento penal y encarcelamiento del expresidente Luis Echeverría Álvarez. El Ministerio Público estuvo a cargo del abogado Ignacio Carrillo Prieto, nieto del político Jorge Prieto Laurens. De hecho el caso comenzó el 2 de julio de 2002 y siete años después concluyó como lo comenté en el párrafo anterior.
Al expresidente que está por cumplir 100 años de edad, cuando tenía 84 lo acusaron de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de Octubre de 1968; era el Secretario de Gobernación. El otro proceso se relacionó con el enfrentamiento de estudiantes con un grupo denominado “Los Halcones”, el Jueves de Corpus de 1971. Echeverría, Alfonso Martínez Domínguez (Jefe del Departamento del D.F.) y el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, comían en Los Pinos con su jefe.
Tampoco este cargo quedó clasificado como asunto de presos políticos, pero por la intervención directa del Presidente de México Fox Quesada, le dio el caris político. Debemos considerar que el indiciado fue procesado y sentenciado, pero al final perdonado, declarándolo inocente.
EL PRIMER CASO, EN 1944
Entre los expedientes de procesos penales cubiertos con el sello de “presos políticos”, encontré que en 1944 los enemigos del precandidato presidencial Javier Rojo Gómez, jefe del Departamento Central (antecedente del Departamento del D.F.), arremetieron duro contra tres diputados federales que estaban declarados a favor del hombre nacido en Hidalgo. Don Javier declinó su postulación, mediante un histórico escrito que hizo público. Eran tiempos del aún Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Sustituido en enero de 1946 por el PRI.
Los alemanistas no se detuvieron y acusaron de estar traficando con tarjetas migratorias, del Programa Bracero, al tabasqueño Carlos Alberto Madrazo Becerra, al líder cinematografista Pedro Téllez Vargas y al líder agrario Sacramento Joffre Vázquez. El trío fue desaforado en la Cámara de Diputados, de la cual Madrazo fue presidente. Los enviaron a la prisión de Lecumberri, la todavía Penitenciaría del Distrito Federal, inaugurada en 1900 por el presidente Porfirio Díaz.
Con mucha celeridad se procesó a los presuntos traficantes de las tarjetas oficiales para irse a trabajar a Estados Unidos de América. Quedaron sin efectos los cargos y a los tres les dijeron: ¡Libres, por Falta de méritos” o sea que corto tiempo fueron políticos presos.
EUGENIO MÉNDEZ Y FÉLIX BARRA
Además del ingeniero Jorge Díaz Serrano, quien siendo director general de PEMEX estaba mencionado como posible sucesor del presidente José López Portillo, la justicia “cayó” sobre dos hombres que formaron parte de un gabinete presidencial. El licenciado Félix Barra García, quien los últimos meses de 1982 estuvo al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria y el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones y Transportes con el presidente Luis Echeverría.
A Barra García lo acusaron de exigir fuerte suma de dinero al agricultor coahuilense Manuel Alonso Blasio para frenar la expropiación de sus tierras. El denunciante involucró al oficial mayor de la SRA y al secretario particular de Barra. Dos años y 8 meses después los tres fueron liberados por desistimiento del Ministerio Público Federal.
López Portillo encarceló a Barra García y a Méndez Docurro que habían sido sus compañeros de gabinete. Después Miguel de la Madrid Hurtado le cobró viejas cuentas al ingeniero Díaz Serrano por el sobreprecio en la compra de un barco para PEMEX. Don Jorge era senador, lo desaforaron y él personalmente se entregó. Cinco años más tarde, antes de concluir el sexenio lópezportillista, el ingeniero Díaz recuperó su libertad, en calidad de inocente.
En la próxima RÁFAGA comentaré el caso de Elba Esther Gordillo Morales, el de María del Rosario Robles Berlanga, así como las aprehensiones de los líderes del Movimiento Ferrocarrilero 1958 y los del sangriento 1968.
jherrerav@live.com.mx
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