Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México presentó el proyecto Seguridad Vía Civil
Participantes del 14 Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), que se realiza en el ITESO, coincidieron en señalar que es necesario buscar un nuevo paradigma para la seguridad del país centrado en los derechos y en las personas ya que el modelo que se ha seguido hasta ahora no ha dado resultados y las fuerzas armadas siguen acumulando tareas y presupuesto porque tienen asignadas 246 funciones civiles, muchas de las cuales ni siquiera tienen que ver con la seguridad de la nación, como pueden ser la vacunación contra covid-19 o la construcción de aeropuertos.
Los participantes en la mesa inaugural del Foro en Guadalajara, Jalisco, “La grave crisis de seguridad y su militarización”, moderada por Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, fueron Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México, y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Catalina Pérez Correa expuso los resultados del informe “Inventario nacional de lo militarizado”, en el que se da cuenta de cómo las funciones que realizan las fuerzas armadas han aumentado y, con ellas, el presupuesto que reciben, no así la transparencia en la rendición de cuentas. La investigadora expuso que de las 246 funciones que se han militarizado, 140 no tienen información pública sobre el presupuesto que se les ha asignado, además de que han recibido estas tareas “con acuerdos o convenios de difícil acceso fundamentados en artículos muy genéricos. Pareciera que ni siquiera son necesarias las reformas para darles más funciones”, dijo Pérez Correa.
Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México presentó el proyecto Seguridad Vía Civil (seguridadviacil.ibero.mx) desde el cual, se busca “generar diálogo y ofrecer información para que las personas construyan su propio criterio”. Dijo que el modelo de seguridad en el país se rige por un paradigma fallido centrado en el uso de la fuerza y el castigo penal que, está demostrado, no funciona para reducir la violencia. Al contrario, aumenta la fuerza, aumenta la violencia, aumenta la fuerza, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo.
Aportó algunas cifras: de 1940 a 2007 la tasa de homicidios en el país había ido en bajada, mientras que cuando empezó la llamada guerra contra el narco había un promedio de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy se registran 29. “El paradigma del uso de la fuerza gana desde su fracaso”, señaló.
Explicó que el proceso de militarización ha avanzado independientemente del partido político en el poder, por lo que el papel de las universidades es generar reflexión y construir pedagogías en torno a un paradigma de seguridad diferente que ponga a las personas al centro y pugne por los derechos humanos porque, señaló, “la seguridad no puede funcionar contra los derechos de las personas”.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que en materia de seguridad el país está viviendo un profundo retroceso y advirtió de tres riesgos de seguir con el despliegue militar: “1) No es una política efectiva; 2) las fuerzas armadas son reacias a la rendición de cuentas, lo que puede desequilibrar nuestra de por sí frágil democracia; 3) a mayor militarización, más violaciones a los derechos humanos”. Aguirre dijo que es necesario trabajar en red y construir puentes de solidaridad desde la sociedad.
Los tres investigadores coincidieron en que hay que buscar vías diferentes y que es necesario que los otros poderes, como la Suprema Corte de Justicia o el Congreso de la Unión, actúen como verdaderos contrapesos. “Debemos desmontar una política de seguridad que beneficia a muy pocos y lastima a muchísimas personas”, dijo Ernesto López Portillo.
En la inauguración de la decimocuarta edición del Foro de Derechos Humanos del SUJ, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del ITESO declaró que México enfrenta una “grave crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta crisis nos obliga a una profunda reflexión sobre qué significa ser una universidad jesuita ante esa realidad”.
El Rector comentó que los diálogos de Foro “serán un servicio de la fe y de la promoción de la justicia que tiene como principio la contemplación en la acción. Y esta acción sólo puede tener lugar a partir de una reflexión contextualizada en la realidad y con la escucha atenta”.
Lorena Giacomán, asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, dijo que el foro es un espacio para identificar y visualizar situaciones de injusticia y darle voz a los que no la tienen, colocando temas como los derechos de las mujeres, el derecho al agua y al medio ambiente sostenible, los derechos de los migrantes.
El video del panel sobre militarización se puede ver en el canal https://www.youtube.com/ITESOUniversidad, donde también se estarán transmitiendo en vivo todas las actividades del foro. Más información sobre el programa en https://www.iteso.mx/foro-suj.
AM.MX/fm
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