MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En tiempos de la revolución y cuando esta tendía a los acuerdos a plomazos entre los bandos discordantes con el reparto del poder, fue práctica socorrida llevar al paredón al enemigo capturado y sometido a juicio sumario, para fusilarlo.
Muchos asesinatos se consumaron en aras de la supuesta justicia y contra traidores, a los que por lo general se negó el derecho de defensa y contra quienes obró, por encima de cualquier argumento, la palabra del gobernante en turno, del jefe militar e incluso del Presidente de la República.
Un caso emblemático fue Plutarco Elías Calles cuando combatió a los cristeros que, debe decirse, no eran hermanas de la caridad. Lea usted el siguiente párrafo y ubíquelo en cualquier momento de la historia nacional.
“¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, sean amigos, colegas, familiares, que se entienda”.
Sin duda, usted simpatizará con quien plantea esa reflexión con sus conclusiones que entrañan aplicar la ley sin distingos. Perfecto, con ese tipo de mensajes una campaña prospera porque la idea toral mueve sentimientos, gana empatía con el candidato.
El riesgo es que, ese candidato triunfe en la contienda y asuma el poder, incluso el poder máximo que otorga el cargo de elección popular, pero incumpla y lo utilice para dividir a la población entre ricos y pobres, buenos y malos, e invoque a la muchedumbre a llevar hasta la plaza mayor al influyente para, sin mediar proceso legal, quemarlo con leña verde, o lincharlo públicamente.
El riesgo, gran riesgo de ser gobernado por un iluminado y justiciero que, con la investidura de Su Alteza Serenísima declama esa reflexión y asume el papel de juez y parte, en un proceso en el que su palabra es la ley, el paredón frente al cual se ajusticia a aquel que osó discrepar del gobierno e incluso denunciar ilícitos cometidos por el funcionario en turno y uso del poder en nombre de la 4T.
Ese perverso comparativo en la aplicación de la ley que hizo el Duce Andrés Manuel, en la mañanera del pasado viernes 24 de septiembre, forma parte del linchamiento que ha alimentado contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo de consulta del Conacyt que desde 2019 dejó de recibir la partida presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año.
A los 31 investigadores, analistas, exfuncionarios públicos, docentes e investigadores de diferentes Universidades, se les acusa hasta de crimen organizado y lavado de dinero
¿Son culpables? ¿Hay sustento en la acusación que presentó la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla?
Sin duda el hecho de contar con altos títulos académicos y respetabilidad en espacios de la ciencia y la investigación, no implica carta de buena conducta ni vacuna contra las tentaciones de la corrupción. Ni santos ni beatos mucho menos impolutos y honestos.
Es posible y solo posible que entre estos 31 notables y respetados mexicanos haya quien, finalmente humano, sucumbió a esas tentaciones y se hizo de algunos dineros pero ¿es delito viajar en primera clase cuando hay un órgano directivo que lo autoriza?, ¿es delito consumir bocadillos de salmón en lugar de galletas saladas con sardina en jitomate, si el gasto es aprobado por un cuerpo administrativo?
Y, vaya, si los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico compraron un inmueble en Coyoacán y no en Iztapalapa, como perversamente cuestiona Su Alteza Serenísima, ninguno de ellos escrituró el inmueble a su nombre.
Hay mucha perversidad y ganas de joder a estos personajes que han servido y sirven a México, que son aspiracionistas y han estudiado e incluso imparten cátedra en prestigiadas universidades en el extranjero.
Mal tino, pésima jugada ésta en la que lo mismo el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, proceden con el respaldo oficioso y rencoroso del licenciado presidente y linchan a mexicanos que no son santos ni santas pero tampoco criminales que se organizaron para saquear al Conacyt.
Pero, he ahí que la palabra de Andrés Manuel es el paredón frente al cual nadie se salva de ser fusilado políticamente y linchado con ese objetivo de desmadrarle la existencia y convertirlo en perro del mal que no merece el mínimo espacio para defenderse.
¿Hay culpables? Andrés Manuel, Duce, deja que la ley lo determine. Desciende del Olimpo y recuerda que sólo restan tres años a tu gestión y después serás el civil que, despojado del poder, sufrirá la consecuencia de aquella máxima: los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
Y no, no se trata de una amenaza. Es la ley aplicable en la política.
Porque, mire usted, si Su Alteza Serenísima tiene pruebas cuando acusa y estigmatiza e insulta, que las presente porque, de otra suerte incurre en esa condición de ser juez y parte. Lo peor es que usa el poder para el cobro de facturas propias y ajenas. Lea usted.
“Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas, y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos; y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, dijo Andrés Manuel sin pruebas.
Lo de aquel tuit en el que dejó mal parada a su cónyuge, es anecdótico finalmente, como parte de la estructura mental de Su Alteza Serenísima, un asunto que seguramente se dirimió en la intimidad de la alcoba presidencial.
El problema, grave contra la salud del país, es la palabra presidencial que se convierte en paredón para juzgar y sentenciar al opositor, sin mediar un juicio, la aplicación de la ley.
Diríase que es mejor caer en una jaula con lobos hambrientos, que en la lengua rencorosa y vengativa del licenciado presidente. Digo
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