Roberto Fuentes Vivar
ASF tras 294 mdp desaparecidos en Concanaco
Echeverría, outsourcing, contaminación, SE, estados
Todo parece indicar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una compleja red de complicidades mediante la cual el Gobierno Federal entregó recursos a los organismos empresariales para que apoyaran las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero el dinero nunca llegó a sus destinatarios.
Dentro de esta red se encuentran el Consejo Coordinador Empresarial que estaría involucrado en los posibles fraudes cometidos por las dirigencias de las Confederaciones Empresariales (Concamin y Concanaco) con fondos públicos, es decir con dinero de todos los mexicanos.
En pasadas columnas denuncié los fuertes intereses políticos que hay detrás de las dirigencias de los organismos empresariales (https://almomento.mx/diario-ejecutivo-el-yunque-contra-si-por-mexico/ y https://almomento.mx/diario-ejecutivo-la-noche-en-que-el-yunque-arano-el-cce/). Ahora expongo concretamente información que hasta el viernes pasado se encontraba clasificada por la Auditoría Superior de la Federación.
Tras de que el jueves pasado el presidente electo (en una de las dos asambleas) de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Juan Carlos Pérez Góngora, exigió a las autoridades hacer pública la información sobre el posible fraude cometido con dinero público en la administración de Enrique Peña Nieto por ese organismo, la Auditoría Superior de la Federación liberó un documento fechado en febrero de este año.
En ese documento se indica que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en ese entonces presidido por Juan Carlos Castañón, fungió como interlocutor e la iniciativa privada en varios programas entre el gobierno y la Concanaco. De buena parte de esos fondos se desconoce el paradero.
Seguramente ocurrió lo mismo en parte de los 249 convenios, por 650 millones de pesos, que fueron entregados por la Secretaría de Economía (SE) a confederaciones empresariales, para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas y cuyo destino se desconoce. Algunos de esos convenios fueron firmados, según un reporte de Animal Político, en las últimas semanas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Concretamente en el caso de la Concanaco, la Auditoría Superior de la Federación entregó el viernes la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2016-5-10E00-23-0001-DN-2019 DN19001, en donde se detallan más de 37 irregularidades.
“El universo y muestra fiscalizada por un monto total de 294,577.5 miles de pesos de apoyos otorgados con recursos públicos federales corresponden a 152 Convenios de Colaboración para el otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, suscritos por el entonces INADEM con la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR), en calidad de Organismo Intermedio y, en su caso, de Beneficiario; y dos con el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. (CCE), en calidad de Organismo Intermedio, y la CONCANACO SERVYTUR como Organismo Operador, reportados en las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016”, indica la auditoría en parte del documento.
Y aquí vale la pena mencionar que en la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, no aparece el Consejo Coordinador Empresarial como organismo reconocido por esa legislación vigente, sino que es un organismo de facto. De hecho únicamente se mencionan las cámaras y dos confederaciones: la Concanaco y la Concamin.
La Concanaco representa más del 80 por ciento del total de empresas afiliadas al Servicio de Información Empresarial mexicano (SIEM), el organismo dependiente de la Secretaría de Economía encargado de la relación con las cámaras empresariales. Por cierto, la página del SIEM es cada día más obsoleta, pues desde hace varios meses no permite el acceso a las estadísticas.
En este entorno, el informe de la ASF da cuenta de las irregularidades cometidas por la Concanaco (al recibir en forma directa el dinero) y por el CCE (al actuar como intermediario o supervisor).
Los correos del CCE
Uno de los ejemplos de las irregularidades es el siguiente: “Conforme al correo electrónico del 10 de enero de 2017 a las 18:06 horas, a través de la dirección de correo electrónico ***@inadem.gob.mx dirigido a la dirección de correo electrónico ***@cce.org.mx, el Secretario Técnico del Comité de Seguimiento del entonces INADEM comunicó al Presidente del CCE que el proyecto estratégico número FNE-141126-CES- 00110528 denominado “Programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, fomentando el nuevo programa tributario (RIF) Régimen de
Incorporación Fiscal para todo el territorio nacional” se cerró de conformidad con el acuerdo tomado por el Comité de Seguimiento número 247-EXT005-CS2015-2016; dando por concluidas las obligaciones contraídas con el entonces INADEM; pero en el mismo correo electrónico se señaló la salvedad siguiente: la Dirección General de Programas para MIPYMES (DGPM), a través de su suplente, manifestó que al momento de la revisión de la información para opinar sobre su cierre, los representantes de la DGPM sólo visualizaron la información parcial; así como, una carta sin firma de la entrega de la información en USB por parte del operador del servicio, a lo que el Secretario Técnico del Comité de Seguimiento manifestó que el contenido del mismo había sido validado en su totalidad, comprometiéndose a subir la carta del Consejo Coordinador Empresarial, que fue el Organismo Intermedio del proyecto y el responsable de los entregables del mismo; no obstante, el equipo auditor observó que a la fecha de la revisión, en el Sistema Emprendedor no existió registro alguno de la relación de los gastos devengados por la ejecución del apoyo otorgado, ni los CFDI correspondientes, así como de la documentación que acreditara la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales y privados en los conceptos, montos y porcentajes autorizados”.
Otras irregularidades
De los resultados de la auditoría se pueden enumerar las siguientes anomalías en la Concanaco:
En 2014, el Consejo Directivo del INADEM aprobó apoyos al proyecto estratégico 110528 por 70.0 MDP, sin la autorización del Secretario de Economía.
Las evaluaciones de 11 proyectos por 27.0 MDP, se efectuaron por Comités Estatales de otras entidades federativas.
El evaluador responsable de la evaluación Técnica Financiera y de Negocios (TFN) identificó que: siete proyectos por 18.5 MDP, presentaron precios mayores, que los vigentes en el mercado.
En 2015 y 2016, dos proyectos por 4.2 MDP no cuentan con la evaluación del Comité Estatal ni con la evaluación TFN.
En 2014 y 2016, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 19 proyectos por 41.4 MDP, antes de concluir la evaluación Normativa y la evaluación Técnica, Financiera y de Negocios (TFN).
En 2016, en la convocatoria pública de cuatro proyectos por 4.4 MDP únicamente se contempló la evaluación normativa, no incluyendo la evaluación del Comité Estatal y la evaluación TFN.
En 2014 y 2015, CONCANACO SERVYTUR y el Consejo Coordinador Empresarial no cumplieron con su obligación de registrar en el Sistema Emprendedor del INADEM, la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de la integración del expediente digital de los proyectos.
En 2016, el Comité de Seguimiento del INADEM no verificó que reutilizaron 16 cuentas bancarias del 2014; y no informó al Consejo Directivo para que procediera a la cancelación del proyecto.
El Comité de Seguimiento del INADEM cerró los dos proyectos estratégicos sin la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria.
De los proveedores: Cuatro promovieron juicios de amparo contra las solicitudes de información de la ASF; cuatro no fueron localizados; cinco no tuvieron trabajadores registrados en el IMSS; uno está en disolución anticipada; tres carecen de Constancia de Cumplimiento de las Obligaciones materia de seguridad social, 10 no declararon la totalidad de sus ingresos.
Lo más grave es que nadie sabe en dónde quedó el dinero. Todos los documentos completos están en poder de la Secretaría de Economía, de la secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República.
Sin embargo no existe voluntad política para que se reintegre el dinero de todos los mexicanos que se entregó al CCE, la Concanaco y la Concamin. Otro de los detalles es que en la investigación de la ASFI se mencionan varias empresas fantasmas que debían ser investigadas. Y lo más grave es que tampoco hay indicios de que se intente castigar a los culpables. Por el contrario se busca perpetrar la impunidad eligiendo a nuevos presidentes de esos organismos que puedan “tapar” el posible fraude
Dice el filósofo del metro: ¿Corrupto acuerdo?… ¡No me acuerdo!
Tianguis
El imperdible de esta semana en Proceso es el reportaje de Pepe Gil sobre la familia de Luis Echeverría y sus bienes inmobiliarios. Es interesante que en ninguna parte del trabajo se mencionan el posible uso de recursos públicos por parte del polémico exmandatario mexicano. Sí hay indicios de que, sobre todo sus descendientes, pudieron haber hecho uso de influencias para poder realizar negocios privados. Llama la atención que el exmandatario (que en breve cumplirá 100 años de vida) parece estar arrinconado en alguna pequeña recámara de su casa de San Jerónimo. Reitero aquí mi despreció a Echeverría por aspectos como “El halconazo” y la guerra sucia. Pero al mismo tiempo le manifiesto mi respeto por muchos de sus logros (más de 10 instituciones actuales fueron creadas en su gobierno) y su política económica. Incluso su enfrentamiento con la iniciativa privada que dio origen al nacimiento del Consejo Coordinador Empresarial. Lo que no hicieron la mayoría de los expresidentes posteriores… Por cierto que este lunes, el abogado Heraclio Bonilla dará a conocer en conferencia de prensa los detalles de la familia del expresidente Luis Echeverría Álvarez que ha sido condenada en tribunales a pagar nueve millones de pesos por despido injustificado, además de estar en riesgo de perder más de 50 millones de su patrimonio por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores. Ahí también se darán a conocer algunos pormenores de los negocios inmobiliarios iniciados por el expresidente, ahora en manos de sus hijos y sus descendientes… Ya nació una especie de cámara de servicios de outsourcing, la Federación Mexicana de Empresas de Servicios (Femese) que buscará conjuntar a organizaciones que conforman la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento, con el propósito de enfrentar los cambios sobre la subcontratación. El dirigente de esta agrupación, Juan Solorio Cardiel, pidió a los dueños de empresas de servicios en México que se unan a “lo que podría cambiar la industria de servicios en el mundo actual, tal como lo conocemos”. Su objetivo es crear un canal de comunicación entre empresas para impulsarlas en su desarrollo y poder transmitir las necesidades de la industria a las entidades de los gobiernos estatales y federal… Interesante un reporte del Banco Mundial que señala: “la contaminación del aire provoca la muerte de unas siete millones de personas cada año” y explica que más del 90 por ciento de la población mundial vive en zonas donde los niveles de contaminación superan las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Según el estudio, la contaminación le costó al planeta una cifra estimada de 8.1 billones de dólares en 2019, cifra equivalente al 6.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) global… Luego del Encuentro de Alto Nivel con Estados Unidos, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, concluyó el viernes su visita a Washington, en donde sostuvo reuniones con asociaciones y empresas tecnológicas para impulsar la relocalización de sus cadenas de suministro y el direccionamiento de sus inversiones hacia México. Concretamente se reunió con integrantes de la Semiconductor Industry Association (SIA), del Information Technology Council (ITC), así como con directivos de Intel y Amazon, esta última cuestionada por su planta en Baja California… El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa al cierre de mayo. Las entidades que en términos reales registraron los mayores incrementos mensuales en su Actividad Industrial fueron: Oaxaca, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Tabasco, Zacatecas y México. En producción industrial crecieron Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Morelos.
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