CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que “se detuvo la caída libre” en la que iba México, respecto a temas vinculados con la corrupción.
En este sentido, precisó que al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país se encontraba en el lugar 138 de 180 países analizados por Transparencia Internacional “y hoy se ubica en la posición 124”.
Sin embargo, subrayó, se trata de un problema que no se ha terminado y donde aún falta mucho por hacer, pero ya se dieron los primeros pasos para erradicarlo.
Destacó que para detener las estructuras financieras de los grupos delictivos es necesario el decomiso, aseguramiento ministerial y el congelamiento de cuentas.
Los grupos de delincuencia organizada no se crean por generación espontánea, sino porque hay grupos políticos, sobre todo en los ámbitos municipales, que los apoyan por coacción, compra o amenaza, advirtió.
Por ello, dijo, para contener las estructuras financieras de los grupos delictivos, es fundamental combatir la corrupción política, judicial, ministerial y policial.
Refirió que, a través de un esfuerzo conjunto entre la UIF, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina y agencias norteamericanas se lograron congelar mil millones de pesos del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En este sentido, aseguró que se requiere una modificación en el Sistema Nacional Anticorrupción, debido a que únicamente se pide la declaración patrimonial de los servidores públicos, pero no se cuenta con información relacionada con la parte fiscal, es decir, saber cuánto pagan de impuestos y cuánto gastan.
Entonces, argumentó, sólo con la declaración patrimonial no se podrá tener una idea clara de cuánta corrupción podría existir, porque si realmente queremos combatirla hay que detener la impunidad y la única forma de hacerlo es que los responsables lleguen ante los tribunales.
Se requiere de la implementación de “La Guardia Financiera” como un mecanismo especializado en el ámbito financiero, para llegar con los elementos de prueba que reduzcan tiempo a la judicialización y la carga al Ministerio Público.
Porque hoy, explicó, al presentar una denuncia, el Ministerio Público debe volver a investigar, aunque les entreguemos los estados de cuenta.
Por otro lado, manifestó que es importante crear un fundamento legal para las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatal (Uipes), que permita coordinar y ser órgano rector, de toda la información que se genera en los estados, para que sirva tanto al ámbito local, como federal.
Destacó que sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo, la UIF recibe reportes de operaciones mayores de siete mil 500 dólares y movimientos inusuales que rompen los perfiles transaccionales de usuarios de la banca.
Actualmente, informó que de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional han cumplido ocho y “22 están mayoritariamente cumplidas”, por lo que cumplen con los estándares internacionales.
Además, puntualizó que hay nueve parcialmente cumplidas y una que no ha sido atendida, lo cual se puede solucionar con una eventual reforma en la materia, la cual ayudará a mejorar la calificación de México y a generar mayor certidumbre en los mercados y fortaleciendo al sistema financiero.
En cuanto a las estructuras jurídicas, pidió poner atención en la generación de fideicomisos para esconder recursos, como el caso OHL, y en las empresas fachada, como en la “Operación Zafiro” o “la Estafa Maestra”.
Recordó que, a solicitud de los Estados Unidos, se pone atención a las organizaciones sin fines de lucro, pues hace años detectaron que financiaban a Al Qaeda. En el caso mexicano, puntualizó, buscan que las asociaciones no se usen para la trata de personas, traficar migrantes o cometer otras condutas delictivas.
México, en el gobierno de López Obrador, ha desarrollado junto con el Reino Unido un programa para la búsqueda de los beneficiarios finales de la corrupción y de la delincuencia organizada. Para abonar a esto, pidió a las y los senadores legislar para crear mecanismos de reconocimiento.
Sobre las criptomonedas, el funcionario dijo que México tiene 23 plataformas que utilizan esta moneda virtual, aun cuando no tienen su sede en territorio nacional, pero sí se hacen transacciones en el país. Al no existir reglas claras al respecto, indicó, se puede presentar lavado de dinero; “no es un tema menor”.
AM.MX/fm
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