Miguel TiradoRasso
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En el pasado mes de abril, las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron una iniciativa de ley que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la “más importante de los últimos 25 años”, así la calificaba el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en un comunicado a sus pares.
Estas reformas, señalaba el ministro presidente, “… fortalecen a la Suprema Corte como tribunal constitucional y acercan la justicia constitucional a la ciudadanía; consolidan un sistema de carrera judicial meritocrático, igualitario y paritario; transforman el modelo de enseñanza y formación de personas juzgadoras; profesionalizan y amplían el servicio de defensoría pública. Todo ello para lograr una justicia federal más eficiente, accesible y honesta.”
Por sus objetivos y aspiración, de acuerdo a lo dicho por el ministro Zaldívar, se trataba de reformas de la mayor importancia, necesarias y muy convenientes, pues la justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de nuestra Constitución, quién lo podría negar, sigue siendo una asignatura pendiente. Por eso, llamó la atención que, una iniciativa de reformas de tal trascendencia, hubiera incluido un artículo transitorio, el décimo tercero, que contenía una polémica propuesta, por decir lo menos, que daba justo en un muy delicado tema político, como es el de la violación a los límites de los períodos legales de los mandatos de funcionarios públicos.
Con una celeridad y opacidad sospechosa, los legisladores de Morena habían hecho gala de su circunstancia mayoritaria, con la complicidad de algunos diputados y senadores de la “oposición”, para sacar adelante la propuesta que prolongaba, por dos años, la permanencia, en su cargo, del actual ministro presidente de la Corte, así como de los magistrados del Consejo de la Judicatura Federal. Una reforma, a todas luces anticonstitucional, además con dedicatoria y destinatario preciso.
El escándalo, la indignación y el enojo caracterizaron la reacción a esta propuesta, en la que se percibía algo más en la intención de alargar el mandato del ministro Zaldívar como presidente de la Corte. Y es que, un par de años atrás, el gobernador de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, había intentado, infructuosamente, extender su período de gobierno unos años más del tiempo para el que había sido electo, reformando la constitución local. Cómo no pensar mal y preocuparse, entonces, ante estos intentos frustrados para permanecer más tiempo en el poder del que la ley establece, cuando hay quiénes defienden estas violaciones a nuestra Carta Magna.
Pero después de la tempestad, viene la calma. La semana pasada, después de cuatro meses de zozobra jurídica, el ministro presidente, Arturo Zaldivar, decidió, finalmente, hacer pública su posición respecto del llamado “regalazo” que le habrían enviado los congresistas de Morena para extender su mandato. Un globo zonda que, como el de la gubernatura de Baja California, no pasó la prueba, ante un rechazo generalizado. Así pues, el ministro declaró, en conferencia de prensa, que dejará la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal al concluir los cuatro años para los que fue electo por sus “compañeras y compañeros ministros”. De esta manera, seguirá presidiendo la Corte, únicamente, hasta el 31 de diciembre de 2022 y no hasta el 30 de noviembre de 2024, como lo pretendía la propuesta de reforma.
La decisión de rechazar la prórroga a su mandato, ha sido muy bien recibida, prácticamente por todos. Hay quiénes hasta felicitan al ministro por haber definido en ese sentido su posición. Sin duda, tomó la decisión correcta, la apegada a la ley y la que respeta lo ordenado por la Constitución. Estaba difícil que hubiera optado por apostar a que sus pares declararan la constitucionalidad de esa reforma. El proyecto del ministro ponente, Fernando Franco, viene en contra de la reforma, según ha trascendido. Dividir la opinión de los ministros en un tema de reelección disfrazada, debilitaría a nuestro máximo tribunal y daría materia para especular hacia el 2024. Una preocupación política más, como si no tuviéramos suficientes.
Pero el ministro presidente, no sale del todo bien librado. Tuvieron que pasar varios meses para conocer su posición, cuando él lo pudo hacer de inmediato, en el momento que supo del “regalazo”, y evitar especulaciones, malos entendidos y peores interpretaciones. El tiempo no iba a darle legalidad a esta propuesta perversa, que le estaba afectando su imagen y prestigio. No hay que olvidar, que este tribunal tiene “como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Página de la SCJN) y Arturo Zaldívar encabeza, precisamente, esta institución. Resultaba hasta absurdo, que fuera el titular de la presidencia del tribunal quién incurriera en una contradicción con lo ordenado por la Constitución.
Las cosas ahora han cambiado. Por un lado, se celebra una consulta popular para ver si se debe aplicar o no la ley, en caso de la comisión de delitos y, por otro, se saluda y felicita al funcionario judicial que decide públicamente respetar la ley, cuando su función es, precisamente, velar por el cumplimiento de la misma.
Vaya con nuestro Estado de derecho que, sin embargo, se mueve.
 
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