MÉRIDA, YUCATÁN. – La estafa maestra del Gobernador Mauricio Vila Dosal queda descubierta, pues terminará pagando 300 millones de pesos a una empresa por la «renta forzada» del moderno helicóptero Bell 429, modelo 2019, el cual presume de manera constante, a pesar de que no será propiedad de los yucatecos.
De acuerdo con Sol Yucatán, el oneroso gasto es 30 por ciento superior al valor de uno nuevo y de las mismas características, que en el caso de adquirirlo, en realidad sería exclusivamente para el auxilio de la población.
A pesar de las exigencias establecidas en las cláusulas, el titular del Ejecutivo benefició a la empresa B3 Flyservices, filial de Sky Plus, S.A.P.I. de C.V., la cual estableció una «renta forzada» de 50 meses, poco más de cuatro años, pues el helicóptero no se puede rentar por menos tiempo.
De acuerdo con algunas compañías de servicios de viajes de aeronaves, el costo de un helicóptero seminuevo Bell 429 equipado, oscilaría en los 171 millones 350 mil pesos, mientras uno de reciente fabricación sería de 228 millones de pesos.
Es decir, si el ejecutivo hubiera comprado un helicóptero usado como el rentado, se ahorraría 129 millones de pesos o en su caso si fuera nuevo, saldría en 72 millones de pesos menos.
Derivado del decreto 29/2018 publicado en el Diario Oficial, con fecha 31 de octubre del año 2018 se hizo la convocatoria para la adquisición en renta de una aeronave (helicóptero) de la que derivan la licitación LIC-GEY-SSP-004/2019 y el contrato GEY-SSP-004/2019, ambos documentos con fecha 3 de junio del 2019, de donde resultó favorecida la empresa B3-FLAYSERVICES S.A. DE. C.V., para prestar el servicio de arrendamiento de una aeronave de ala rotativa (helicóptero) de seis plazas más dos, biturbina o similar, Marca Bell 429, modelo 2019, de origen EEUU/Canadá.
El contrato estipula que se pagarán 21 mil dólares mensuales, es decir 5 millones 160 mil pesos, durante 50 meses, o sea durante más de cuatro años.
En total se pagaría un monto de 10 millones 750 mil dólares, más un millón 720 mil dólares, que en total serían 12 millones 470 mil dólares, que convertidos a pesos, en la cotización actual, sería aproximadamente 299 millones 280 mil pesos, que pagarán los yucatecos hasta 2023.
Al investigar en torno a la empresa B3-Flyservices para averiguar sobre las condiciones específicas del contrato, se encontró que ha cerrado sus páginas electrónicas, pero mantiene en funcionamiento su cuenta en Facebook.
De acuerdo con el contrato número GEY-SSP-044/2019, para el arrendamiento de la aeronave de ala rotativa (helicóptero), la respectiva iniciativa privada tuvo como representante legal a Ismael Flores Ramos, quien firmó el documento, junto con el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda.
En el documento de 26 hojas, se destacó que, «con el objeto de contar con los recursos financieros y materiales necesarios y suficientes para suscribir el presente contrato y cumplir con sus obligaciones de pago y demás obligaciones derivadas de este contrato, se obtuvieron los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Yucatán, con el que se acredita la suficiencia presupuestal».
En el documento, el arrendador establece que B3-Flyservices S.A. de C.V., es una sociedad mercantil debidamente constituida y válidamente existente, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende de la escritura pública número 10,358, de fecha 05 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Caballero Gastelum, actuando en su carácter de titular de la Notaría Pública número 150 del Estado de México, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el registro público del comercio del entonces Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 547705-1″ , y cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es BFL151106KL1Y.
La contratación de servicio de arrendamiento se llevó a cabo mediante el procedimiento de licitación pública presencial número LIC-GEY-SSP-004/20191, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, cuyo fallo se llevó a cabo el 3 de junio de 2019.
En el contrato se establecieron ocho cláusulas y en la primera, claramente el arrendador establece que «durante la vigencia del presente contrato por un plazo forzoso de 50 meses», del 10 de enero de 2020 hasta el 10 de marzo de 2024.
En la segunda cláusula se determina que «de manera enunciativa, pero no limitativa, el arrendador llevará a cabo por sí mismo y a su propio costo todos los servicios y mantenimientos preventivos y correctivos a el equipo, de conformidad con sus manuales de usuario, fechas de servicio y demás especificaciones y boletines vinculantes emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que apliquen a la unidad y en los términos establecidos más adelante en el presente contrato».
De igual forma, en la tercera cláusula se menciona que como contraprestación, el arrendatario deberá pagar la cantidad total de 10 millones 750 mil dólares americanos, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagaderos al tipo de cambio determinado por el Banco de México al día de cada uno de los pagos.
En caso de retraso de los pagos obligatorios por los servicios prestados a la empresa, en la sexta cláusula se determina que «el arrendador deberá notificar por escrito a la arrendataria de dicho incumplimiento, para que sea subsanado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la notificación».
Sin embargo, de no hacer el pago en el plazo mencionado de conformidad a lo establecido en el calendario de pagos del contrato, el Gobierno del Estado deberá pagar los días de retraso los intereses moratorios equivalentes a la cantidad que resulte de aplicar el saldo pendiente de pago.
Es decir, «una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días anualizada, adicionada de 900 puntos básicos, o el importe máximo total de intereses moratorios que apliquen conforme a la legislación estatal, lo que resulte mayor, calculando dichos importes hasta que se realice efectivamente el pago del importe total insoluto».
Mientras, en la séptima cláusula se menciona que «en el caso de retrasos mayores de 60 días naturales de pagos pactados en este contrato, el arrendador podrá, a su propio criterio y sin necesidad de declaración judicial alguna, suspender la prestación del arrendamiento y cualesquiera otras prestaciones a los cuales está obligado en este contrato por el mismo periodo que dura el retraso, sin que dicha suspensión sea considerada como incumplimiento con ninguna de sus obligaciones derivadas de este contrato, ni será motivo para ningún tipo de sanción o penalidad. La suspensión prevista en la presente cláusula en ningún caso implicará la privación de la posesión de bienes propiedad del arrendador, mismos que quedarán, en su caso, bajo la entera responsabilidad del Gobierno del Estado durante el plazo que dure la suspensión de actividades en términos de la presente cláusula».
En cuanto al rubro de «Entrega, uso y operación», se determinó que el Ejecutivo local «no podrá contratar pilotos, sobrecargos, técnicos operativos, personal técnico o de cualquier otro tipo de personal necesario para la operación del equipo, dicha facultad es exclusiva del arrendatario».
El helicóptero fue rentado para combatir el crimen, pero irónicamente, en una cláusula se determina lo contrario.
En el rubro de «uso y destino del bien» especifica que es de «uso oficial para operaciones regulares de seguridad pública, transporte de funcionarios, labores de reconocimiento aéreo, búsqueda y rescate».
Pero específicamente en la 3.9-III se determina que, «a fin de garantizar que el equipo objeto del presente contrato sufra exclusivamente el deterioro derivado de su funcionamiento en condiciones normales, de acuerdo a su naturaleza y destino, el arrendatario se obliga a tomar las providencias necesarias y efectuar los actos que para ello se requiera y en especial, los siguientes: …a no conducir ningún tipo de operaciones armadas ni de persecución armada de delincuentes en el equipo».
En cuanto a la pérdida o daño del helicóptero, se establece que «el arrendatario asume y correrá el riesgo total de cualquier pérdida, robo, confiscación, expropiación, daño o destrucción del equipo o sus motores y/o cualesquiera otra parte de los mismos, por cualquier causa durante la vigencia del contrato, a menos que dicha pérdida o daño sea consecuencia de causas atribuibles al arrendador o a defectos o vicios ocultos en el equipo».
En caso de que un evento de pérdida haya ocurrido respecto al equipo en su totalidad, el arrendatario deberá continuar pagando el 100 por ciento de las rentas establecidas.
A cargo de la compañía está el seguro de riesgo de casco y de Responsabilidad Civil para pasajeros y tripulantes en los términos que los requiera la DGAC.
Entre las condicionantes está que el Gobierno del Estado tiene «hasta 50 horas mensuales del Equipo, prorratéables en el año calendario que corresponda», en caso contrario, cada hora adicional tendrá un costo adicional de cuatro mil 300 dólares más IVA.
PRESUME BIEN AJENO
En su II Informe de Gobierno, Vila Dosal presumió el equipo aéreo, pero nunca dijo que era propiedad de los yucatecos y muchos menos especificó que fue rentado y para lo cual se tendría que pagar del Erario Público, 300 MDP por la «renta forzada» por 50 meses.
Incluso en los diversos comunicados de prensa que emitió se destacó la importancia de la unidad, cuya matrícula estaba en trámite y aún no se notifica si ya la tiene.
El pasado sábado 23 de enero, el Gobierno del Estado informó que el helicóptero atendió un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 86 de la carretera Mérida-Chetumal y se trasladó al nosocomio a un par de menores de edad gravemente lesionados.
En el documento se estableció que, «anteriormente, estas labores de auxilio no se podían realizar con el helicóptero de más de 20 años de antigüedad con el que contaba la SSP, que a pesar de que se encuentra bien cuidado y aún en buen estado, carece de muchos aditamentos y elementos tecnológicos para hacer frente de manera más rápida y eficaz los retos que ahora se enfrentan en la Entidad».
«En las tareas de estos días, la moderna aeronave, considerada como la mejor equipada en su tipo en Latinoamérica y destinada a las labores de vigilancia y rescate, aterrizó en el tramo Teabo-Xaya, para abordar a dos adolescentes de 13 y 17 años de edad, que ya recibían los primeros auxilios de paramédicos de la SSP», se abundó.
Dos días antes, en un boletín, expresó que, «en materia de seguridad, Yucatán se posicionó como la Entidad más segura del país de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esto se logró gracias a la implementación de la estrategia ‘Yucatán Seguro’, mediante la cual se está equipando un nuevo y avanzado Centro de Monitoreo C5i y además, se instalan 3,527 cámaras de video-vigilancia, 219 arcos carreteros y 504 semáforos inteligentes».
Adicionalmente se adquirieron más de 600 patrullas para la vigilancia, 4 lanchas de seguridad especializadas de alta velocidad para vigilar la costa, insumos como municiones, chalecos antibalas, armas de distintos calibres y se han capacitado a los elementos policíacos con cursos de formación policial inicial y especializada, y en otros cursos de actualización.
De igual forma, el Gobierno del Estado adquirió un moderno helicóptero Bell 429 considerado como el mejor equipado en su tipo en toda Latinoamérica, pero no dio detalles sobre su pago por la renta.
Asimismo el martes 19, Vila Dosal comentó que «la seguridad en Yucatán la construimos entre todos, por eso, desde el inicio del actual Gobierno Estatal se implementaron acciones anticipadas para reforzar y mejorar este ámbito en el territorio yucateco, a través del equipamiento y mejoras en las condiciones laborales y económicas de los agentes policiales de la SSP».
Desde la errónea perspectiva del titular del Ejecutivo, «esto ha permitido que Yucatán mantenga la seguridad que lo caracteriza, además de reafirmar que es el Estado más seguro y pacífico del país, factor que ha sido decisivo tanto para atender las emergencias de la pandemia, huracanes y tormentas, como para seguir atrayendo inversiones que han permitido recuperar los empleos perdidos y reactivar la economía y de esta forma nos mantenemos unidos para seguir cambiando Yucatán».
En el comunicado se abundó que, «en este sentido y por iniciativa del Gobernador Mauricio Vila Dosal, se han fortalecido las capacidades del personal de seguridad y se les han otorgado más y mejores condiciones laborales, que les permitan realizar de manera efectiva sus funciones, ya que los elementos policíacos, al igual que el personal de salud, han sido héroes para sacar adelante a nuestro Estado en esta época tan difícil».
Enunció que se capacitó a más de mil elementos en formación inicial policial, 246 fueron capacitados en formación especializada y más de 3 mil 600 tomaron cursos de actualización.
«La capacitación, profesionalización y otorgamiento de mejores condiciones laborales y profesionales para los y las policías de Yucatán han sido acompañadas del equipamiento adecuado para un mejor desempeño de los elementos de seguridad y como parte de ello en 2020, Vila Dosal entregó un moderno helicóptero Bell 429 a la SSP, considerado como el mejor equipado en su tipo en toda Latinoamérica, para continuar fortaleciendo los niveles de seguridad para preservar la paz y tranquilidad en cada rincón de Yucatán», se jactaron en expresar los voceros del Gobierno del Estado.
CARACTERÍSTICAS
El helicóptero entregado es una nave de tipo ala rotativa, marca Bell, modelo 429, categoría Bi-Turbina, la cual está equipada con flotadores de emergencia, una grúa de rescate con arnés capaz de soportar hasta 3 personas, cámara con sensor óptico de alta resolución, sensor térmico de alta capacidad y medidor de distancia láser.
Además, para facilitar las tareas de rescate y vigilancia, cuenta con un faro de seguimiento para búsqueda que se sincroniza con la cámara, radar meteorológico, cortacables, así como rastreador satelital en tiempo real reportando a la SSP.
Dado que el equipo es de alta tecnología y de acuerdo con las cláusulas, cualquier desperfecto, el gasto por la reparación corre a cargo del Gobierno del Estado, por lo que hay otra fuga de recursos públicos.
Para enaltecer más su ego Vila Dosal, estableció que el Gobierno del Estado adquirió insumos de seguridad como municiones, chalecos antibalas y armas cortas y largas.
A LA MANO DE LA CORRUPCIÓN
Sol Yucatán expuso que la ciudadanía yucateca reprobó la actitud de Vila Dosal por derrochar cerca de 300 MDP para la renta del helicóptero a la empresa B3 Flyservices, filial de Sky Plus SAPI de CV.
Lo peor de todo, el destino de la autorización de un préstamo por mil 728 MDP y los dos mil 620 MDP del programa «Yucatán Seguro», autorizado en julio de 2019, es para el financiamiento de los negocios de Vila Dosal, en el caso del vehículo aéreo, para beneficiar a Ismael Flores Ramos, quien está envuelto en escándalos de venta de tierras en Guanajuato.
La programación de pagos se encuentra enlistada en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2020, signada el 25 de noviembre de 2019.
El 17 de enero de 2020, Vila Dosal presidió la entrega del «moderno helicóptero Bell 429 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), considerado como el mejor equipado en su tipo en toda Latinoamérica y la primera etapa de las 216 patrullas que se distribuirán a municipios del Estado, con lo que continúa fortaleciendo los niveles de seguridad para preservar la paz y tranquilidad en cada rincón de Yucatán».
Durante el evento nunca dio a conocer que era rentado para evitar críticas, sin embargo la verdad salió a flote y los reproches sobre su postura más aún.
En aquel día, al dirigir su mensaje, Vila Dosal destacó que en el rubro de seguridad no pueden existir diferencias de colores, sino que tiene que ser una zona de neutralidad política, donde no se intente sacar beneficio de acuerdo a intereses personales o políticos, pues afirmó, esa es la tónica de su administración: trabajar juntos para preservar lo más valioso que tenemos los yucatecos, que es la tranquilidad y paz de nuestras familias.
«No se debe intentar sacar raja política del tema de la seguridad. No se vale estarle metiendo el pie al Gobierno Federal, Estatal o Municipal, para tener un beneficio personal o de tintes partidistas. Si algo ha funcionado para mantener la seguridad, contrario a otros lugares del país, es que no metemos la política en los temas de seguridad», aseveró el Gobernador desde la explanada del edificio de la SSP.
Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, por lo que sus frases resultan vagas al demostrar los actos de corrupción que protagoniza, con un millonario desfalco al Erario Público.
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