Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Tres son las empresas que Grupo Aeroméxico adquirió a precios de ganga, aprovechándose de la alicaída Mexicana de Aviación, y que con el hoyo negro en donde cayó el Concurso Mercantil, nadie ha podido restituir a los trabajadores sus derechos ni mercantiles ni laborales. Se trata de Servicios de Apoyo en Tierra (SEAT), Sistemas Corporativos de Personal (SICOPSA) y el Centro de Capacitación Alas de América (CECAM).
Así, una empresa de Mexicana de Aviación, esto es, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), sociedad que tiene el 50% de las acciones del CECAM, reclama que la administración de Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, no ha rendido cuentas desde hace ya 10 años, y además, no han justificado su administración con un estudio de precios de transferencia que exige la legislación fiscal, lo que los llevan a sospechar que Aeroméxico ha inflado artificialmente los gastos administrativos para mandar dinero a otras áreas del grupo.
Por su parte Aeroméxico dijo que no proporcionaría información alguna porque desconocían como accionista a ATSA, sin embargo, ATSA cuenta en su poder con las acciones que lo acreditan como propietario del 50% de las acciones de CECAM. Y es que desde 2010, Aeroméxico ha sostenido tanto ante el público inversionista (incluido su principal socio aliado comercial Delta, quien en noviembre de 2015 lanzó una oferta pública de adquisición para tener el 49% de Aeroméxico), como ante las autoridades federales de la CNVB, SAT, SCT y Comisión Federal de Competencia, que Grupo Aeroméxico cuenta con el 100% de las acciones de CECAM y que si hubiera algún delito ése habría prescrito.
Sin embargo, los trabajadores exigen que las autoridades citen a los consejeros de Grupo Aeroméxico para que respondan sobre el aprovechamiento que han venido realizando durante diez años las empresas que prestan los servicios en tierra a Grupo Aeroméxico. Y, además, piden que se considere en la lista al consejero de Delta, cuyo CEO Edward H. Bastian, ni se imagina que hay hasta causa penal. Uf.
México envejece y cambia el estado civil con menos uniones y más separaciones.
Según el Informe “Cambios y Tendencias Sociodemográficas en México”, elaborado por el área de Estudios Económicos de BBVA México, entre 2000 y 2020 la edad promedio en México ha aumentado de 26.2 a 31.9 años (+5.7 años). En 2000, la población adulta mayor, de más de 60 años, ascendía a casi 7.1 millones, 7.3% de la población nacional. En 2020, la población adulta mayor aumentó a 12.1%: más de 15.2 millones de personas. Los habitantes de la Ciudad de México tuvieron la mayor edad promedio (36.5 años) y Chiapas fue la más joven (28.1 años). La diferencia en edad de estas dos entidades es de 8.4 años en promedio por persona.
En el 2000, el 80.7% de las personas de 40 a 59 años estaban casadas o en unión libre mientras que para el año 2020, esta proporción cayó a 74.1% (-6.6 pp). En este mismo grupo de edad, el 6.9% estaba divorciado o separado en 2000 y para 2020 era el 12.1% (+5.2 pp).  La proporción de millennials con educación superior o posgrado (22%) es mayor que la tasa promedio total de la población en México (17%). Persiste una amplia brecha digital en México, 75.7% de las viviendas en la Ciudad de México tienen Internet, mientras que en Chiapas la cifra es solamente 21.7%.
Entre 2000 y 2020 aumentó la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral; sin embargo, aún se mantiene una amplia brecha de género: en 2020 la participación de las mujeres en el mercado laboral fue de 49.0%, aún muy por debajo de la de los hombres, que es de 75.8% (+26.8 pp). En 2020, las entidades federativas con las mayores tasas de participación en el mercado laboral de las mujeres fueron: Baja California Sur (58.9%), Quintana Roo (58.7%) y Ciudad de México (57.9%), Baja California (57.8%) y Colima (57.2%). Por el otro lado, las menores tasas se registraron en Zacatecas (41.3%), Oaxaca (45.4%), Veracruz (46.1%), Durango (46.3%) y Chiapas (47.0%).
Los estados de Nuevo León (+186 mil), Querétaro (+135), Baja California (+122) y Quintana Roo (+155) fueron los que tuvieron el mayor saldo neto positivo en la migración interna entre 2015 y 2020, es decir, fueron las que mejor retuvieron a su población y atrajeron a nuevos migrantes internos en estos cinco años. Por otro lado, las entidades federativas que más perdieron población en términos netos por migración interna fueron la Ciudad de México (‑248 mil), Veracruz (‑214), Guerrero (‑135) y Chiapas (‑104).
Denuncia el Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins ilegalidades judiciales.
 
Así mismo manifestó su enérgico rechazo a las expresiones ofensivas y carentes de argumentos que, en concordancia con la toma ilegal y autoritaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), buscan dañar y desprestigiar a la institución. En relación a las declaraciones externadas por parte del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la Fundación reitera que su actuar en el estado y en todo México siempre ha sido con apego a las leyes e instituciones del país. Y subrayó: la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que depende del Gobierno del Estado, busca imponer a diversas personas en el Patronato de la UDLAP, con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución. Y concluye: los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins confían en que el Poder Judicial de la Federación propiciará, con estricto apego a derecho, una resolución basada en la ley para restituir la posesión del Campus a la comunidad de la UDLAP y a su Patronato original, legalmente constituido.
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