FRANCISCO RODRÍGUEZ
El delicado asunto de la seguridad pública en el llamado sexenio de la 4T se ha convertido en dos cosas: 1) un negocio redondo y 2) una pantomima cruel. Los chairopopulistas, quienes levantaron una cantidad de votos nada despreciable pregonando entre otras cosas que la seguridad era lo suyo,‎ que iban a arreglar el tiradero de Vicente Fox sublimado por el beodo Calderón Hinojosa en cien días, demostraron palmariamente que tampoco sabían lo que ofrecían. Y es la fecha en que todo sigue peor.
Desafortunadamente, la catástrofe desatada por el felón Ernesto Zedillo al desaparecer Brigadas Blancas, la DIPD, la Policía Judicial Federal y la Dirección de Seguridad Nacional como una venganza personal contra esos policías a los que culpaba de haber detenido a su hijín en una redada por conducta atípica, hizo florecer a todo tipo de charlatanes.
Existe la bien fundada percepción entre la ciudadanía que, desde entonces, el Estado dejó que la violencia se ensanchara sin que se tomaran las medidas pertinentes para combatir y prevenir la violencia y la criminalidad. No ha existido coherencia entre los niveles de crecimiento de la criminalidad y el delito y el fortalecimiento institucional responsable de dar garantía a la ciudadanía de la seguridad a que tiene derecho y del castigo a los que cometen delitos.
Lo que priva es la desconfianza e incredulidad de la sociedad
La institucionalidad se ha mantenido entre el impulso de algunos cambios, el estancamiento de las disposiciones y el retroceso en el proceso de las reformas que se vinieron impulsando.
Las estructuras del Estado responsables de prevenir, investigar, acusar, sancionar el delito y los delincuentes, y custodiar el cumplimiento de las penas, no ha logrado obtener la confianza y credibilidad de la ciudadanía, y recaen sobre ellas señalamientos de ineficiencia y de corrupción. La falta de credibilidad se fundamenta debido a que la ciudadanía no obtiene respuestas frente a las denuncias por robos y asaltos; no hay investigaciones que arrojen resultados sobre las ejecuciones de centenares de jóvenes, sobre todo mujeres, que han aparecido muertos con señales evidentes de tortura.
En suma, las llamadas fuerzas del orden, ahora reforzadas por las Fuerzas Armadas, van perdiendo la batalla. Y en medio la ciudadanía paga las consecuencias.
La seguridad privada es refugio de elementos despedidos
Desde los militares jubilados que fueron encargados de las nuevas e inservibles corporaciones oficiales en todo el país, hasta ciertos mercachifles de la seguridad privada, orientados sólo por su ambición, que al día de hoy acumulan mayor fuerza letal que las organizaciones represoras que dependen del gobiernito.
‎Casi todos los policías e investigadores despedidos del sistema oficial de seguridad pasaron a engrosar los cuerpos directivos y operativos de las empresas llamadas de seguridad privada. Fue el nuevo filón de oro. Como todos sabemos, en la física como en la política, todos los vacíos se llenan más rápido que de inmediato.
Rebasan el número de elementos de los cuerpos preventivos
Altos teóricos de la seguridad privada, como el español Manuel Sánchez Gómez, Merelo, se cansaron de advertir a los zedillistas sobre la necesidad de reglamentar el crecimiento desordenado y explosivo de esta modalidad de seguridad privada que hace un cuarto de siglo ya amenazaba con arrasar la fuerza de los estados.
Les dijeron que, en Europa, los ministerios del Interior, al percibir que de ser un tema complementario, los grupos de marras se habían convertido en una área estratégica dentro de las naciones en las últimas décadas, y se apuraron a implementar organismos de control del tamaño del monstruo al que se enfrentaban, a un milímetro de rebasar a las monarquías parlamentarias y todos los gobiernos constituidos.
Pero como aquí nadie les hizo caso, actualmente las fuerzas armadas al servicio del enorme negocio de la seguridad privada en el país, rebasan el número de todos los elementos de los cuerpos preventivos de cualquier entidad federativa e incluso del Ejército nacional.
Sólo que bajo estrictas órdenes de obediencia, disciplina, sentido de la proporción y jerarquía, ausentes de los cuerpos oficiales de soldados y guaruras, donde todos hacen lo que quieren, y hasta se dan el lujo de desertar por cientos de miles para mudarse a los carteles de la droga y de la delincuencia organizada. Al cabo, hacen lo que ven que hacen sus patrones del gobierno.
Las de traslado de valores transportan todo tipo de sustancias
Las estructuras de alta tecnología, la capacitación, los mapas delincuenciales y la formación que reciben en información e inteligencia en las empresas de seguridad privada superan muchas veces‎ a los raquíticos protocolos de actuación y disuasión que se estilan en varias cuevas de represores institucionales.
Sobre todo, si tomamos en cuenta que los carísimos aparatos burocráticos de la tan mentada seguridad nacional, consumen el cinco por ciento del Producto Interno Bruto a cargo de nuestros exprimidos bolsillos, y se encuentran sometidos a la penetración imperialista, a los moches , las mermas de los mandamases y a agigantar las vergüenzas nacionales.
Y un añadido, las empresas de traslado de valores del sistema de seguridad privada se han convertido en útiles instrumentos para trasladar cualquier tipo de sustancias, como se lee en el texto de sus concesiones, toda vez que sus camionetas blindadas no pueden ser molestadas ni detenidas por ninguna autoridad federal o local en cualquier carretera o ramal del país.
¡Faltaba más, somos un país corrupto, pero de respeto!
‎Los jefes de la droga, los gabachos, superiores jerárquicos de todos los grupos regionales de matacuaces, no tienen pendiente alguno: ellos también están protegidos por las concesiones gubernamentales a los grupos de seguridad privada. ¡Faltaba más, somos un país corrupto, pero de respeto!
‎¿Y los secuestros, los asesinatos, la guerra contra el narcotráfico, el Estado de Derecho, la convivencia pacífica, el respeto a los vulnerables? ¡Pura mamada chairopopulista!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: No hay quién pueda contenerlas. No están reguladas. Son las empresas de seguridad privada. En este sector trabajan empresas extranjeras de las que su legalidad pende de un hilo; no hay una ley general que establezca lineamientos mínimos para su funcionamiento, lo que generó la creación del mercado informal de seguridad privada. No hay una cifra exacta sobre cuántas empresas de seguridad hay en México ni cuántas personas trabajan en ello. Las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son hasta el 2016, mismas que proporciona la Dirección General de Seguridad Privada en su portal de Internet. Desde 2012 ha aumentado un 180% en valor hasta el año 2016. En 2017 el crecimiento del sector se ha atenuado, pero continúa creciendo al 3- 4% anual mientras que el país en su conjunto crece al 2,3% y supone un 1,5% del PIB.
 

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