- La causa de utilidad pública es un pretexto y la expropiación no se justifica. La propiedad privada se encuentra en riesgo: Senadora Gina Cruz Blackledge
- Aquí hay un abuso de poder total del gobernador de Baja California contra los dueños del Club Campestre: Diputada Cynthia López Castro
- El litigio será muy largo y él ya no estará para seguir el pleito ante los tribunales: Diputada Martha Tagle Martínez
Diputadas y senadoras de la República manifestaron su respaldo al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, tras el intento del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por expropiarlo, ya que su acción es arbitraria y por capricho y no cuenta con elementos legales, por lo que advirtieron que el mandatario estatal “no se saldrá con la suya”.
Gina Cruz Blackledge, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California, así como las diputadas Cynthia López Castro y Martha Angélica Tagle
Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente, coincidieron en que la actuación del gobernador Bonilla es un mensaje terrible para la certidumbre jurídica, para el sector productivo, los empresarios y la población en general.
Además, las legisladoras subrayan que la acción de Jaime Bonilla se finca más en una venganza personal que en un hecho que realmente beneficie a los ciudadanos.
“Sólo busca llamar la atención y aprovecharse del poder que tiene”, expresaron.
Hay que recordar que el gobernador Bonilla Valdez publicó el 13 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la entidad, su intención de expropiar al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil para construir un complejo interactivo.
Al respecto, y con plena solidaridad a los socios del Club, la senadora Gina Cruz advirtió que el mensaje que manda Bonilla afecta a todos aquellos que quieran invertir en el Estado.
La senadora de la República aclaró: “Se trata de un atraco al Club Campestre por supuesta utilidad pública, que no ha sido demostrada, pues existen otros 300 parques en Baja California, que están en total abandono”.
Indicó que, ante dicho abandono, “el presupuesto brilla por su ausencia” y acusó al gobernador de callar ante la demanda de explicaciones sobre los 3 mil millones de pesos para inversión pública, que le autorizaron para la entidad y que no se sabe dónde quedaron, pero que sí pagarán los ciudadanos.
La senadora Cruz Blackledge enfatizó: “La causa de utilidad pública es un pretexto y la expropiación no se justifica. La propiedad privada se encuentra en riesgo”.
La diputada Cynthia López Castro (PRI) recordó que se interpuso un exhorto en la Cámara de Diputados, para que Jaime Bonilla no interfiera en asuntos que no le corresponden.
Y agregó: “Aquí hay un abuso de poder total del gobernador de Baja California contra los dueños del Club Campestre y no se debe permitir eso. Está fuera de sus facultades mentales”.
Asimismo, la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, puntualizó: “Se ha causado una serie de atropellos gravísimos contra el sector productivo, contra los inversionistas y los empresarios. Este intento de expropiación del Club Campestre, para convertirlo en un parque público, traerá consecuencias en la entidad”.
En solidaridad con la oposición de muchos ciudadanos y diversos sectores productivos contra el decreto de utilidad pública, paso previo al proceso de expropiación, Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, dijo: “No será tan fácil que se concrete la expropiación del Club Campestre, toda vez que existen leyes para frenar esta actitud de prepotencia. Aunque será un litigio muy largo, no se saldrá con la suya”.
La diputada federal aseguró: “La expropiación no se fundamenta legalmente. Los argumentos del gobernador Jaime Bonilla son muy pobres e inválidos”.
Lamentó que el mandatario estatal omita o intente ignorar que el Club Campestre es un generador de fuentes de trabajo, y que de los recursos que se obtienen se pagan impuestos, además de que está legalmente constituido.
La diputada enfatizó: “Un factor importante sería que el Club no tuviera la solvencia para cumplir con sus obligaciones como pago de impuestos o no hubiera una utilidad en beneficio de la localidad o la entidad, quizá habría que analizar la situación y tomar acciones, pero no es así. De ello conoce perfectamente la Secretaría de Economía de la entidad, quien ha referido que no es posible la expropiación”.
Y concluyó: “Esté será un largo litigio para el gobernador morenista, quien está aprovechando su cargo, pero que también está a punto de acabar su mandato. Su acción es de desesperación y está tratando de intimidar a los dueños del Club Campestre. El litigio será muy largo y él ya no estará para seguir el pleito ante los tribunales”.
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