MÉRIDA, YUCATÁN.- El revés judicial del MAYUSCULO FRAUDE denominado Patrimonio Kanasín, S.A de C.V, abre una luz de esperanza a los miles de ejidatarios y ciudadanos despojados de sus tierras, por una abominable telaraña de corrupción político-empresarial con sede en Yucatán.
De acuerdo con Sol Yucatán, este fallo de las autoridades agrarias los tiene desesperados, pues salpica a Ivonne Ortega, Rolando Zapata, Mauricio Vila, Ramírez Marín, Ulises Carrillo, los Ponce y otros socios. Lo más grave del caso es que nunca se ha publicado pues hundiría a Ramírez Marin.
Si el máximo Tribunal Agrario ya decretó nulas las asambleas fantasma, así como todo acto jurídico que de ellas han derivado, Què pasó entonces con los cerca de 700 millones de pesos que en 2014 Ramírez Marín bajó de la SEDATU para el IVEY, para que a la vez esta dependencia le pagará a Patrimonio Kanasín , S.A. de C.V.
Ahí está el gran fraude. Al haber sido además un pago indebido, se tendrían que pagar multas, actualizaciones y recargos, que conservadoramente sería el doble
Los socios
Rafael Acosta Solís, quien a pesar de encontrarse en esas fechas desempeñando un cargo público, en la Sub-Procuraduría General de Estado de la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco, lideró todos los aspectos judiciales de este atropello, con la PROTECCION ABSOLUTA DE LA GOBERNADORA, y de sus principales alfiles, Héctor Cabrera Rivero, cuñado de la ex Gobernadora al frente de la Procuraduría General, al considerado Vicegobernador de la época Ulises Carrillo Cabrera, y nada más que a Rolando Zapata Bello en la Secretaría de Gobierno.
Es de todos conocido que “sin dinero no baila el mono”, y si bien Ulises Carrillo Cabrera operó el ingreso de capitales oscuros del norte y centro del país, desde la campaña electoral de Ivonne Ortega Pacheco, en el financiamiento del artero robo de Kanasín fue pronto relevado por el llamado Grupo Tabasco que presidía en ese Estado Juan Manuel Saiz Pineda como Secretario de Hacienda de la corrupta administración del ex Gobernador Andrés Granier Melo, y con vinculación directa por lavado de dinero de Miguel Ángel Treviño (alias el Z-40).
Semanalmente llegaban a Yucatán avionetas con maletas de dinero, que personalmente entregaba Alberto Medina Sonda a los socios yucatecos. Es importante recordar que Medina Sonda fue quien protagonizó el feminicidio más sonado y cobarde de su esposa Emma Gabriela Molina Canto en el año 2017.
DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE OBRAN EN REGISTROS PUBLICOS, se desprenden como principales accionistas y beneficiarios del mega fraude que a la postre denominaron Patrimonio Kanasín, S.A de C.V.
El 50% de las acciones correspondía a Bienes Raíces Soprime S.A de C.V, propiedad de Esteban Correa Bolio, Rafael Correa Bolio y Lorenzo González Medina, quienes han sido señalados como cómplices de Saiz Pineda en otros desfalcos al erario de Tabasco.
El 50% restante correspondía a Grupo Hogare, S.A de C.V, propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz (socio y ex director del consorcio multinacional Bepensa, socio fundador del Grupo Vive, ex presidente Estatal de la Canacintra y del CCE en Yucatán, y miembro del Consejo Nacional de la Canacintra).
Cabe aclarar que Grupo Hogare, S.A de C.V adquirió las acciones de un tercer socio, Desarrollos RDG, S.A de C.V, empresa propiedad de un primo hermano de Ponce Díaz, y de quien se dice fue su prestanombres mientras ocupaba la Dirección de Bepensa. Asimismo, Grupo Hogare, S.A de C.V modificó su razón social a Vive Peninsular, S.A de C.V, hoy la empresa madre de Grupo Vive.
Lo mencionado en el párrafo anterior cobra especial relevancia, pues este medio ya ha denunciado tanto a Juan Manuel Ponce Díaz como a su padre Fernando Ponce García, por tráfico de influencia y fraudes al erario de Yucatán y de otros estados de la República, mediante adquisiciones fraudulentas de tierras de valores multimillonarios, asignaciones de contratos de obra gubernamental a precios brutalmente inflados, como el caso de las placas vehiculares que padre e hijo han monopolizado desde los años noventa, o el sistema de luz y sonido de Chichen Itzá a 3 veces su valor de mercado, entre otros muchos.
Ponce García y Ponce Díaz, son socios de uno de los consorcios más importantes del país, Bepensa cuya mayor fortaleza recae en la franquicia Coca-Cola en la Península de Yucatán y República Dominicana, pero al margen de tal emporio, han realizado fraudulentas sociedades con los ex Gobernadores Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal para un sinnúmero de ilícitos que permanecen impunes por la única explicación racional de una sociedad, lo que concuerda con el “modelo de negocios” que denominamos en edición previa LA DICTADURA PERFECTA.
Hemos denunciado también al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, sin cuya complicidad y encubrimiento no podrían existir tales MAFIAS AGRARIAS, y en ese sentido es necesario señalar a los titulares que desde su creación han protegido deliberadamente a estos delincuentes: Angélica Araújo Lara, Humberto Gomez Mendoza, Cesar Escobedo May, y hoy Carlos Viñas Heredia, quienes han velado por intereses propios y de sus jefes, en lugar de honrar su labor de funcionario público, y velar por los del pueblo y de manera muy particular de los que menos tienen, como fue el caso Patrimonio Kanasín donde se rebasó la ilegalidad por haber sido INHUMANO.
De la misma forma como denunciamos a titiriteros de esta mafia agraria en Gobiernos evidentemente PRIANISTAS, como es el caso de Ulises Carrillo Cabrera y Álvaro Juanes Laviada, también denunciamos al ex regidor y ex funcionario Nerio Torres Arcila, quien después de su fallida carrera política, fue reclutado por Ponce Díaz y Ponce García, como titiritero personal.
PERO LA NOVELA LLAMADA PATRIMONIO KANANSIN AÚN NO TERMINA, pues en los años 2013 y 2014, el entonces Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), JORGE CARLOS RAMIREZ MARÍN, “gestionó” cerca de $700 millones de pesos para el IVEY, “etiquetados” para que éste comprara a Patrimonio Kanasín, S.A de C.V los terrenos ROBADOS, y devolver así sus casas a los afectados. NO SE CONFUNDAN LECTORES, Jorge Carlos Ramírez Marín es la última y probablemente la MÁS IMPORTANTE PIEZA DE ESTE MEGAFRAUDE, pues al realizar tal acto intentó legitimar las acciones de despojo de Patrimonio Kanasín, S.A de C.V., una burda simulación para cerrar el círculo de un gran atraco, con un jugoso porcentaje para las arcas personales de Ramírez Marín, además de miles de hectáreas en el corazón de la zona henequenera.
Si el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34 ya decretó nulas las asambleas fantasma que permitieron el fraude de Kanasín, así como todo acto jurídico que de ellas derivaron, entonces los casi $700 millones de pesos que Ramírez Marín entregó al IVEY, resultarían un “Pago de lo Indebido”, y por tratarse de recursos públicos, tendrían que generarse multas, actualizaciones y recargos, elevando exponencialmente este importe.
QUE RESPONDAN LOS GOBERNANTES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SUPUESTOS EMPRESARIOS ANTES CITADOS, PRIMERO, ¿QUIÉN VA A DEVOLVER AL ESTADO LA CIFRA YA EN MILES DE MILLONES “GESTIONADOS POR RAMIREZ MARIN”?, SEGUNDO, ¿QUIÉN VA A INDEMINIZAR A LAS 7,500 FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR CASI 10 AÑOS?, Y TERCERO, ¿CUÁNTOS FRAUDES MÁS SEGUIRÁ SOLAPANDO EL GOBIERNO DE MAURICIO VILA A EMPRESARIOS FRAUDULENTOS, COMO LOS HOY REFERIDOS POR SER LOS PRINCIPALES, MAS NO LOS UNICOS BENFICIARIOS DE SAQUEAR AL PUEBLO Y A LA NACIÓN SISTEMATICAMENTE?
Historial
El caso del despojo de tierras de Kanasín es el más escandaloso y brutal de todos, ya que está conformado por políticos y empresarios, desde titulares de dependencias hasta gobernadores, tanto priístas como panistas.
Dicha mafia se aprovechó del problema limítrofe entre Mérida y Kanasín que existió por décadas, pero ningún gobierno permitió que los traficantes de tierra se aprovecharan de ello, hasta que Ivonne Ortega Pacheco se lo permitió a Rafael Acosta Solís, quien durante su administración fungió como sub-procurador de la hoy Fiscalía General del Estado (FGE).
A diferencia de otros despojos, además de apoderarse de los montes del ejido, también les robaron las casas de siete mil 500 familias, todas ellas de alta marginación económica y social.
Ante dicha arbitrariedad son numerosas las denuncias penales interpuestas, tanto por los ejidatarios como por los pobladores de Kanasín, así como asociaciones civiles, tanto del país como del extranjero.
Durante más de seis años gozaron de total impunidad por muchos años, y por eso el fallo de la semana pasada resultó tan relevante.
Entre 2013 y 2014, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, “gestionó” cerca de 700 millones de pesos para el IVEY.
El dinero estaba etiquetado para que el IVEY le comprara esas tierras a Patrimonio Kanasín, SA de CV, y les devolviera sus casas a los afectados.
Pero todo fue una simulación, sólo se cerró el circulo de un gran atraco, obviamente con un jugoso porcentaje para las arcas personales de Ramírez Marín.
El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, ya decretó nulas las asambleas fantasma, así como todo acto jurídico que de ellas derivaron, por lo que actualmente, la gran interrogante es ¿qué pasó entonces con los cerca de 700 millones que Ramírez Marín entregó al IVEY, para que éste a su vez le pagara a Patrimonio Kanasín?
Ahora, ante tal “pago de lo indebido”, se tendrían que erogar multas, actualizaciones y recargos, por lo que la cifra actual conservadoramente sería por el doble o más.
Por todo ello, la mafia agraria que opera en Yucatán recibió severo golpe con las recientes resoluciones, por lo que hay una esperanza a miles de familias afectadas por especuladores y traficantes de tierras.
Específicamente, se trata de dos acuerdos TUA distrito 34, relacionados con el ejido de Kanasín y el llamado Grupo Tabasco, que tuvo como una de sus cabezas visibles a José Manuel Saiz Pineda, extesorero del gobierno tabasqueño procesado judicialmente por peculado y otros ilícitos.
Las resoluciones, una de las cuales ya quedó firme y ha causado ejecutoria, declaran nula la asamblea en que el ejido de Kanasín cedió tierras a Saiz Pineda y Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría.
Posteriormente éstos vendieron esos “derechos” a otra empresa y así, al margen de la ley, se fue transfiriendo la superficie en la que hoy están asentadas más de siete mil 500 familias, buena parte de ellas desde hace cuatro décadas.
Desafortunadamente, estas familias no tienen títulos de propiedad debido a la confabulación del ejido de Kanasín con empresarios y políticos.
Por el momento, lo único que prueba la posesión de sus lotes son oficios firmados por anteriores directivas del comisariado ejidal.
La importancia de las sentencias del TUA es que, al declarar nula la asamblea en que se cedieron tierras a dicho grupo de empresarios, carecen de validez todas las operaciones siguientes a ese acto, tal el caso de la venta y reventa de los terrenos a otros grupos empresariales.
Hasta ahora, los acuerdos solo benefician a tres particulares, los que promovieron las demandas, pero se podrían registrar otras querellas similares.
Ambas resoluciones fueron emitidas por la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, el pasado 9 de marzo, dentro de los expedientes TUA 34-1049/2013 y TUA 34-001/2018.
La sentencia correspondiente al expediente de 2013 aún no causa ejecutoria porque, la parte demandada interpuso un recurso que está en desahogo.
Sin embargo, el segundo causó ejecutoria de la semana pasado y quedó archivado, luego de que transcurrió “en exceso el término para interponer medio de impugnación alguno”.
Asimismo, el TUA giró oficio al Registro Agrario Nacional (RAN) para que dé cumplimiento a los términos y cancele la inscripción anterior.
Cabe resaltar que las sentencias echan por tierra el móvil de una operación efectuada en 2010, por la cual el llamado Grupo Tabasco pagó 6.5 millones de pesos al Comisariado Ejidal de Kanasín.
Durante el juicio se dio a conocer que en realidad, el ejido recibió 17 millones de pesos por la cesión de más de 628 hectáreas.
Tal cantidad se entregó a cambio de tierras que, una vez “regularizadas” y vendidas a quienes tienen la posesión otorgada por el propio ejido, le redituarían a los empresarios una cantidad hasta doce o trece veces mayor.
Ante los resultados obtenidos, lo más recomendable es la congelación de los bienes de todo accionista y socio de Patrimonio Kanasín, SA de CV, así como de otros pseudo-empresarios que también resultaron beneficiados, incluyendo a Acosta Solís, Ramírez Marín, Ortega Pacheco, Zapata Bello, entre otros, además de cualquier otra autoridad con relación directa e indirecta en esta estafa.
Todo ello, hasta cubrir los 700 millones de pesos, más el monto de las multas, actualizaciones y recargos, tal como lo marcan las leyes tributarias del país.
Además de las respectivas indemnizaciones a los habitantes de Kanasín, más gastos de juicio, como le indica la Constitución y las leyes en materia procesal que de ella emanan.
La situación irregular aqueja a familias de diversas colonias y comisarías de Kanasín, tal el caso de Mulchechén, Santa Isabel, Cecilio Chi, Pancho Villa, Cuauhtémoc, Xelpac y San Pedro Nohpat, etc.
Los ejidatarios de Kanasín denunciaron que “las irregularidades fueron cometidas sin que muchas de estas familias supieran que sus terrenos fueron vendidos y que hoy están en riesgo de perderlos debido al ilegal negocio” cometido por Saiz Pineda, tesorero estatal cuando Andrés Granier era el gobernador de Tabasco.
Los inconformes mostraron que las irregularidades datan de 2008, cuando el entonces alcalde Carlos Manuel Canché Baas expidió una carta de vecindad al ex funcionario granierista, documento donde se estableció que Saiz Pineda “habita desde más de tres años en el predio con domicilio en la calle 19 entre 30 y 32 número 163 de esta Ciudad de Kanasín”.
El documento está firmado por el ex presidente municipal, con fecha del 6 de marzo de 2008, y en él aparece la foto del hoy procesado.
Incluso, el entonces comisario ejidal de Kanasín, Primitivo Chan y Pech, quien respondía a las instrucciones del ex alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entregó un documento a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) donde avala que Saiz Pineda es ejidatario.
“José Manuel Saiz Pineda, de nacionalidad mexicana, mayor de edad legal, casado y comerciante, es avecindado del ejido en cuestión desde hace más de dos años y el cual viene trabajando las tierras de nuestro ejido en forma pacífica y con domicilio conocido en el mismo”, establece el documento.
De acuerdo con una copia del oficio, tiene por fecha el 17 de marzo de 2008 y está firmado por el presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado Ejidal, Primitivo Chan y Pech, Fernando Chan Cauich y Felipe Baas y Ek, quienes fueron puestos “a modo” por Canché Baas para concretar el fraude con las tierras.
Saiz Pineda
Tras conocer las irregularidades cometidas en la administración de Granier Melo, el ex tesorero pretendió establecer que carecía de bienes inmuebles en Yucatán, pero el Registro Público de la Propiedad del Estado lo desmintió.
Se descubrió la compra-venta de cientos de hectáreas ejidales por parte de Saiz Pineda y su padre, Juan José Saiz Zarza, así como de otros compadres del ex gobernador Andrés Granier, entre ellos Amílcar Sala Villanueva, quienes, mediante asambleas manipuladas, se volvieron “ejidatarios”.
La última operación que Saiz Pineda y su padre realizaron fue en abril de 2013, cuando se “lavó” 246 millones de pesos del erario tabasqueño mediante la compra-venta de 131 hectáreas ejidales de Kanasín, a través de la empresa Patrimonio Kanasín.
El ex funcionario granierista fue detenido el 8 de junio de 2013, en Reynosa, Tamaulipas, e inmediatamente enviado a un Centro de Reinserción Social (Cereso).
El ex tesorero de Tabasco vendió a Patrimonio Kanasín 19 lotes en 123 millones 48 mil 639 pesos, en tanto que su padre hizo lo propio con otros 19 predios, en una operación que involucró 123 millones 516 mil 171 pesos.
Para comprar las tierras se hicieron pasar como “ejidatarios”, según consta en el acta de la asamblea general ejidal del 11 de diciembre de 2011 en que, con 503 votos de 951 asistentes, “se aprobaron los trámites para la regularización de la tierra y el cambio de uso de suelo”.
Ante las irregularidades cometidas, se aseguraron los 963 predios de la empresa Patrimonio Kanasín y le fueron expropiados los terrenos.
Incluso, en el último domingo de diciembre de 2013 se efectuó un evento para apoyar a las familias afectadas, pues el delito cometido laceró a 400 de 951 ejidatarios.
Este municipio, que antes era considerado un “filón de oro” para muchos por su gran extensión de tierras, ahora, debido a este problema, es uno de los ejidos de menor extensión.
Sobre Canché Baas, quien ya antes estuvo en la cárcel, recae la responsabilidad de haber certificado y entregado su constancia de vecindad a Saiz Pineda, hoy detenido por el delito de peculado.
Esperemos que el atinado fallo del Tribunal Unitario Agrario se convierta en la ficha de dominó que genere un efecto en cascada, para que caigan todos y cada uno de los corruptos y mafiosos que han saqueado al pueblo, y de antemano avisamos que a pesar del acoso gubernamental, este medio seguirá difundiendo esas verdades incómodas hasta que cesen.
Este medio se propuso desde su concepción aportar desde el poder de la pluma, la noble causa de DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, y por ello hemos sido blanco de ataques, PUES DECIMOS LO QUE MUCHOS OTROS POR TEMOR O INTERESES OCULTOS CALLAN.
Las numerosas muestras de apoyo a este medio, de ejidos y ciudadanos que sumaron sus voces a la protesta contra el Gobierno Estatal corrupto que ordenó y ejecutó el atentado en nuestra contra, fortalece nuestro compromiso a esa noble causa.
AM.MX/fm
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