Aletia Molina
Las notas dominantes, en el entorno preelectoral vigente, no se limitan a los infundios, calumnias o difamaciones entre los candidatos a los puestos en disputa el próximo 6 de junio; las llamadas “guerras de lodo”, pues…
Lamentablemente, esta vez se ha ido más lejos. Las “guerras de lodo”, alentadas por la ambición e inspiradas por la ruindad y la bajeza, dañaban el honor de las víctimas. Se cumplía cabalmente el refrán: “Calumnia, que algo queda”… La variante, desde septiembre que se inició el proceso preelectoral aún en curso, hasta abril, ha sido la violencia propiamente dicha: Etellekt, a 32 días de las elecciones, reportaba 476 hechos delictivos en contra de políticos, candidatas y candidatos, con saldo de 443 víctimas y 79 homicidios dolosos. “Integralia”, a su vez, reportaba 169 incidentes, con 143 personas asesinadas y 67 heridas.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, lo dijo con todas letras: el crimen organizado “impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea” a candidatos electorales en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Advirtió que esa realidad “pone en peligro las elecciones”. Aludía, por una parte, a que quizás en algunas localidades del país sea imposible instalar las casillas y culminar normalmente el proceso electoral; por la otra, a que el miedo ahuyente a los potenciales electores, acreciente el abstencionismo y dificulte que la voluntad ciudadana se refleje en los resultados de la elección; y por otra, a que muchos (o algunos, al menos) candidatos que llegaron como tales a los comicios, hayan sido, en efecto, cooptados por el susodicho “crimen organizado”, y sean, una vez en sus cargos, más cómplices de los delincuentes con los que posiblemente establecieron compromisos, que agentes y promotores del bien común de sus electores.
El tiempo se agota, y los partidos no han mostrado una intención seria de frenar la intervención de la delincuencia en las elecciones locales. ¿Qué puede hacer el gobierno federal y el INE ante el desafío? Rosa Icela Rodríguez enumeró líneas de acción, aunque sólo tres me parecen específicas y de alto impacto: 1) establecer mesas de trabajo en las que participen agencias de seguridad federales y locales, fiscalías y partidos políticos para compartir alertas tempranas; 2) aplicar, en coordinación con gobernadores, medidas de protección para candidatos amenazados; y 3) acelerar la conformación de carpetas de investigación de candidatos presuntamente vinculados con –o amenazados por– la delincuencia.
¿Qué añadir? Para no dar palos de ciego y proteger a los candidatos que en verdad están en peligro, además de impedir que compitan quienes han sido cooptados por la delincuencia, debe realizarse un mapeo detallado de los riesgos. Hay ciertos ayuntamientos que son clave para la delincuencia. El crimen organizado necesita controlar a las autoridades en los territorios donde tiene operaciones más visibles, que involucran o afectan a sectores amplios de la población. Por ejemplo, en zonas de cultivos ilícitos o donde operan los mercados de cobro de cuota más importantes.
Ahí resultaría imperdonable no actuar.
Y no, Presidente, usted atribuyó la ola de violencia a “las circunstancias especiales” del proceso electoral, dijo que la elección se complica porque se trata de una contienda donde existen intereses y enseguida, acusó a los medios de tomar partido “con el afán de enrarecer el ambiente” mediante el amarillismo, usted polariza sin motivo alguno, no eche la culpa a los medios que sólo cumplimos con la vocación genuina de informar, la calamidad que como país estamos viviendo, es totalmente su responsabilidad.
@AletiaMolina
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