Miguel Tirado Rasso
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Largo ha sido el camino que las mujeres han tenido que recorrer para lograr que su activismo político tuviera el reconocimiento oficial y legal que les permitiera ocupar cargos de elección popular. Si bien, ya desde el Primer Congreso Feminista de Yucatán, convocado en enero de 1916, se discutía sobre los derechos de la mujer, su participación en la vida política y pública y su derecho al voto, tuvieron que pasar 37 años hasta que, en 1953, se reformara la Constitución, concediéndoles el derecho a votar y ser votadas en elecciones federales. La primera diputada federal electa llegó a la Cámara Baja en 1954 (Aurora Jiménez de Palacios por Baja California). Diez años después, en 1964, dos mujeres llegarían al Senado por primera vez, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, por Campeche y Sonora, respectivamente.

Chiapas, Tabasco y Yucatán fueron los primeros estados de la República en reconocer la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser elegida para puestos de elección popular, en 1916. Derecho que, sin embargo, no quedó incorporado, expresamente, en la Constitución de 1917.

La evolución al sufragio universal de la mujer, fue paulatina. En 1947, una reforma constitucional les otorgó este derecho, pero circunscrito al ámbito municipal. Ya antes, varias mujeres se habían adelantado a esta reforma, ocupando cargos de elección popular. En 1922, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, se había convertido en la primera diputada electa para el Congreso local; en 1923, en el mismo estado, Rosa Torres sería la primera mujer regidora del ayuntamiento de Mérida, y en 1936, Aurora Meza había sido nombrada presidente del Consejo Municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Y si bien, las reformas constitucionales les otorgaron los mismos derechos que a los hombres para participar como candidatas a cargos de elección popular, en la práctica, sus oportunidades fueron simbólicas. Tuvieron que implementarse nuevas medidas para garantizar equidad en las candidaturas. Primero, como recomendación de la autoridad a los partidos políticos para promover una mayor participación femenina a través de su postulación a cargos de elección popular (1993, COFIPE). Más adelante, ante los escasos resultados, se realizaron varios ajustes a la ley electoral estableciendo, en un principio (1996), una cuota legislativa de género con un tope máximo (70/30) para candidatos de un mismo género en diputados y senadores.

Con el tiempo, el límite máximo se fue reduciéndo hasta llegar a la legislación actual de paridad transversal (50/50). Una reforma necesaria para garantizar que, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, la mitad de los cargos de representación popular sean para mujeres. En la pasada elección de 2018, este objetivo se alcanzó con la paridad de género a nivel nacional y, por primera vez, en el Congreso de la Unión hubo equidad de género.

Si bien, los avances en el empoderamiento de las mujeres en el Poder Legislativo son evidentes, en los ejecutivos estatales queda mucho por hacer. En toda la historia de nuestro país, únicamente ha habido 7 gobernadoras y dos jefas de Gobierno en la capital del país. Esto es, sólo 7 entidades federativas han estado bajo gobiernos femeninos [Colima, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Yucatán (2), Zacatecas y CDMX (2)]. En 1979, tuvimos la primera mujer gobernadora (Colima) y, en la actualidad, dos estados de la Federación (Sonora y CDMX) son gobernados por mujeres.

Para las próximas elecciones del 6 de junio, podría suceder que el mapa político de género sufra un cambio. Pues, a partir de la reforma de paridad total, la presencia femenina aumentó en el número de aspirantes y candidatas a las 15 gubernaturas estatales en juego; pero, lo más importante, también crecieron sus posibilidades de éxito, por lo que es de esperar que en el futuro próximo el número de mujeres gobernadoras supere los números actuales.

Por lo pronto, y de acuerdo a las encuestas publicadas, las candidatas con mejor calificación son: Maru Campos, por el PAN, en Chihuahua, quien, con mucho mérito y a pesar de los ataques de sus opositores y del fuego amigo de parte del gobernador de su propio partido, continúa encabezando las listas. Claudia Anaya Mota, en Zacatecas, por la alianza Va por México, ha acelerado su paso y metido en problemas a sus contrincantes, al reducir la diferencia en preferencias. En Tlaxcala dos mujeres disputan la final, Lorena Cuéllar por Morena y Anabel Ávalos por la alianza Va por México, y en Guerrero, parece que la fuerza de Morena ayudará a la candidata improvisada, Evelyn Salgado, a resolver el embrollo Moreno.

Así, un aspecto del panorama electoral femenil, a 10 días de la gran elección.

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