Con la reforma, las empresas tendrán un plazo de tres meses para cambiar al régimen «empleados permanentes», deberán pagar seguridad social e impuestos al fisco por contratación laboral
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó, con 118 votos a favor y dos abstenciones, el proyecto que reforma diversas normas para regularizar la subcontratación laboral, fortalecer al fisco y eliminar prácticas que han afectado a los empleados, con lo que se modifican artículos de las leyes Federal del Trabajo, del IMSS, del INFONAVIT, de los impuestos sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA) así como del Código Fiscal de la Federación.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció las ventajas del outsourcig para el desarrollo de la economía mexicana, pero «no pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en diversos aspectos como la antigüedad laboral, la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, la seguridad social y el derecho a la vivienda”, apuntó.
De manera que con la modificación legislativa, entra en un marco regulatorio el sistema de subcontratación laboral «una figura que se había utilizado para simular actos jurídicos en detrimento de los derechos de la clase trabajadora».
Aclaró que la reforma permitirá, al mismo tiempo, atender las necesidades de las empresas para que éstas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio de la economía. Es decir, el proyecto prohíbe la subcontratación de personal, “entendiéndose esta cuando un persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Con ello, las empresas no podrán contratar trabajadores a través del llamado “outsourcing” para realizar tareas permanentes o esenciales. Únicamente se establecen reglas precisas para que la subcontratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa.
Además, se reconoce de las las obligaciones fiscales (pago del IVA e ISR al fisco) y de seguridad social de las empresas (pago al IMSS), así como sus compromisos con los trabajadores y su derecho al reparto de utilidades.
En el documento se precisa que, para la implementación de esta reforma, habrá un periodo de tres meses a efecto de que las empresas incorporen a los trabajadores que están subcontratados, como empleados permanentes.
También establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, a quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de dos mil a 50 mil veces la UMA.
La minuta también prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de dependencias e instituciones. Se permitirá únicamente esta figura laboral para servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones, que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.
Se precisa en el documento que las dependencias de la Administración Pública Federal no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar dichas erogaciones “y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores”.
PLANTEAMIENTOS LEGISLATIVOS
En las alocuciones, por Morena, el senador Germán Martínez Cázares expresó que el Instituto Mexicano del Seguro Social necesita que se regule la subcontratación para comprar medicinas y pagar al personal médico. “Parte de la falta de medicamentos -denunció- está en este robo del outsourcing ilegal, donde el IMSS pierde 50 mil millones de pesos al año”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que más del 38 por ciento de la fuerza de trabajo femenina trabaja bajo el régimen del “outsourcing”, por lo que, para este Congreso paritario, será una satisfacción lograr que millones de mujeres tengan garantizados sus derechos laborales.
El senador del PVEM, Israel Zamora Guzmán, consideró que la reforma beneficiará a más de nueve millones de familias y mejorará su calidad de vida. También, subrayó, es un paso adelante en la relación entre los sectores laboral y patronal.
Por el PRD, el senador Marco Trejo Pureco hizo un reconocimiento al Ejecutivo Federal y a los sectores empresarial y sindical, por lograr un acuerdo sobre el “outsourcing”; sin embargo, consideró que el proyecto contiene detalles que pueden mejorar la regulación y la aplicación de la ley en esta materia.
Del PAN, el senador Gustavo Madero Muñoz dijo que la evaluación de la reforma no se reflejará en cambiar palabras, sino en cambiar la vida de las personas: se medirá en el ingreso, en las prestaciones de los trabajadores, la disminución de los trabajos informales, en la recaudación del IMSS, cambios, dijo, que se deberán reflejar en un año.
Por el PRI, el senador Manuel Añorve Baños expresó que, gracias a un gran acuerdo entre el sector obrero, patronal y las autoridades se elimina “la perversa figura del outsourcing, que se utilizaba dolosamente para disminuir al mínimo las prestaciones laborales de los trabajadores.
La Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, dijo que la reforma sólo representa un paso en la restitución de los derechos laborales de la clase trabajadora. También, consideró se tiene que erradicar la precarización del trabajo, que trae como consecuencia el deterioro en la calidad de vida de millones de mexicanos.
En tanto, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, destacó que esta figura se regula de manera adecuada después de tantos años, durante los cuales se cometieron una serie de abusos en contra de las y los trabajadores.
VCR/Bárbara Heredia
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