Por Mouris Salloum George
La revista Proceso relata que hace quince años, el dirigente del sindicato minero metalúrgico huyó del país, acusó una persecución política por las vías laborales y penales que le reclamaban sus compañeros del gremio por el desvío de 54 millones de dólares recibidos por un fideicomiso por la venta de Cananea.
Regresó al país con la condición de que Morena lo hiciera Senador plurinominal de su bancada. Hace unos días, un laudo laboral concentrador de las diversas acusaciones condenó al Sindicato en cuestión y al propio Napoleón Gómez Urrutia como responsable de los hechos. Si el Sindicato no paga deberá hacerlo de su bolsa.
El laudo en cuestión resuelve en una sola decisión de la Junta Especial número Díez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, finiquitado 19 juicios distintos: 11 iniciados en 2005, seis en 2006 y dos de 2007.
La Junta Especial absuelve a las empresas alrededor del Grupo México, de la familia Larrea, así como a diversos grupos financieros, y condena al senador al pago total de la cifra en litigio. Las empresas, acusadas de homicidio industrial por el caso de la mina Pasta de Conchos. El legislador se refugió en Canadá, de donde son originarias las mineras transnacionales que lo protegieron.
Al concederle Morena el escaño senatorial, Gómez Urrutia regresó a México a finales de 2018, asumiendo físicamente la dirigencia del Sindicato y su puesto legislativo. El Jefe natural de Morena siempre consideró que era un perseguido político y lo blindo contra todo mal.
Añadió que era una petición de Jeremy Corbyn, el líder del partido laborista inglés, con quien sostenía desde hace años una amistad personal.
El laudo laboral reconoce que las empresas y los bancos acreditaron cumplir con la entrega del dinero al sindicato, a través del fideicomiso 10964526, pero Gómez Urrutia no entregó la participación correspondiente a los trabajadores.
El Sindicato minero metalúrgico como persona moral quedó absuelto. El laudo establece que cualquier trabajador que considere ser parte de la base de trabajadores con derecho a reclamar pago, debe apersonarse en el incidente de liquidación de la deuda. La decisión de la Junta Especial es histórica.
Acabó con los dichos de persecución política y decidió que la Toma de Nota sea entregada a los trabajadores acreedores. No hay duda que deberá cumplirse en todos sus términos, independientemente de los reclamos políticos que puedan surgir.
Estos son los hechos. Lo que pueda seguir es asunto de las partes. El laudo fija una posición que revela varios significados: el primero es que rompe con el tabú de que el fuero legislativo, judicial o ejecutivo es una fantasía. El segundo es que ninguna protección política puede detener el cumplimiento de la justicia.
El laudo pega directamente en la línea de flotación del Senado mexicano como recinto favorito de la impunidad, gracias al dichoso fuero. Pero los miembros de la Junta Especial jamás imaginaron la larga lista de personajes que pudieran estar en la tablita a partir de esta fecha.
Esperemos que todo sea por el bien de la justicia y de la democracia mexicana.
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