CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) lamentó que, pese a la caída laboral y económica que enfrenta México, como producto de la pandemia y de políticas de Gobierno desarticuladas, se haya confirmado un acuerdo para eliminar o regular la subcontratación de personas.
La propuesta del presidente López Obrador, de desaparecer este esquema que opera de manera internacional, se inserta en un escenario marcado por:
Crecimiento anual de 1.75% en la generación de empleo formal, cifra insuficiente para combatir la pobreza laboral.
Disminución de 2.5% del ingreso laboral, entre el cuarto trimestre de 2019 y mismo periodo en 2020.
Aumento de la población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria de 37.3% a 40.7% en este periodo.
Desplome de 8.5% en el Producto Interno Bruto durante 2020.
Entre 2019 y 2020 perdida de -0.7% en Inversión Extranjera Directa.
*Fuente: INEGI /Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Teniendo en consideración este panorama, el CEEF manifiesta lo siguiente con respecto a la propuesta acordada por dirigentes sindicales, algunas cámaras empresariales y Gobierno:
El Centro lamenta que en el análisis y la discusión de esta iniciativa no se haya considerado la valiosa experiencia de integrantes de la industria, así como representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes, expertos en materia legal y de la sociedad.
El Gobierno de México habla de un Parlamento Abierto, sin embargo, esta decisión fue un diálogo “A Palacio Cerrado”.
Aunque el acuerdo para eliminar la subcontratación pudiera percibirse como preliminar, porque los detalles sobre su aplicación se desconocen, la información compartida por el Gobierno resulta —en términos de redacción— totalmente confusa, lo que da lugar a múltiples interpretaciones.
Es una medida anticonstitucional, pues en el Art. 5º Constitucional consta que: “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
Invalidar un esquema que cuenta con reconocimiento internacional otorgado por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a partir del cual, México como mercado, representa el cuarto país en usar este modelo para generar empleo formal —de acuerdo con la Confederación Mundial de Empleadores— está muy lejos de ser la vía para generar trabajo digno. Cabe recordar que más de 4.7 millones de puestos subcontratados están en peligro por este acuerdo.
Esta medida obliga a replantearse que al desconocer la subcontratación de personas, se ‘desdibuja’ una práctica internacional, lo que pone en riesgo dos ámbitos:
Al firmarse acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se asume que las autoridades mexicanas mantienen el compromiso inamovible de generar fuentes de trabajo a partir de diferentes esquemas, uno de ellos la subcontratación.
Con esta medida, el Gobierno emite el mensaje de no estar interesado en responder y contribuir con prácticas laborales que promuevan la creación de trabajo digno, como es flexibilizar las formas de contratación.
El Centro de Estudios del Empleo Formal, en su carácter de organismo enfocado en investigar aspectos relacionados con el trabajo formal, seguirá atento al análisis del documento final, relacionado con esta iniciativa, para identificar y difundir cuáles serán las reglas claras de operación en esa propuesta emitida por el Ejecutivo.
AM.MX/fm
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