CIUDAD DE MÉXICO.- Con los acuerdos dados a conocer en materia de subcontratación hay un panorama más claro para la toma de decisiones entorno a la contratación de personal y generación de empleo; sin embargo, prohibir la actividad no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores.
“El riesgo que aún vemos es que no a todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En los análisis que hemos realizado, el 60% de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores”, explicó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
De acuerdo un análisis que realizó ManpowerGroup, sólo 1 millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base por las empresas, mientras que 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.
Esto al tomar como base los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del INEGI, con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo el 30% de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60% pasarían a esquemas sin seguridad social y el 10% se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.
Las contrataciones por vías semi-informales generarían el cumplimiento con el pago de impuestos pero alejaría a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para el bienestar que brinda un trabajo formal.
“Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la ley. Los trabajadores se verían orillados a acoplarse al mercado laboral existente, en donde el sector informal es el que podría ofrecer una vía de generar ingresos. Entonces hay una paradoja de protección de derechos sin combatir las malas prácticas y la informalidad”, detalló el directivo de ManpowerGroup.
Para febrero de este año el INEGI registró a 2.7 millones de empleadores en México, mientras que el IMSS en el mismo mes reportó que se tenían afiliados a 1 millón 910 patrones.
“En medio de este panorama el empleo temporal formal queda desvalorizado. Este año de recuperación de empleo perdido a causa del covid-19, el trabajo eventual es quien ha dado la cara por el empleo formal, ya que el IMSS hasta sus últimas cifras señala que 51.2% de los puestos creados son temporales, o sea 83 mil 637 trabajadores eventuales.”, Héctor Márquez.
La recuperación de empleo formal debe ser uno de los primeros objetivos de este 2021, porque es el sector productivo que nutre la economía formal, sea cual sea su modalidad de contratación y esquema de trabajo.
“Esperamos que el gobierno mantenga su escucha activa en torno al cuidado del empleo formal en México, y que las políticas de cuidado de los derechos y bienestar laboral se amplíen para cerrarle el camino a las malas prácticas, asimismo que se reconozca la importancia del empleo temporal sobre todo en un momento atípico para el trabajo y la economía como lo es este contexto pandémico,” subrayó el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
AM.MX/fm
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