CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer el diálogo con las autoridades de Estados Unidos, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes de origen mexicano, así como para enfrentar el tráfico de drogas y de armas, con un enfoque basado en la confianza mutua, pues urge establecer una agenda al más alto nivel para analizar esos temas.
En un dictamen que avaló el Pleno en la sesión del 23 de marzo, las y los legisladores subrayaron que “la política de puertas cerradas”, que se implementó en la administración Trump, ha provocado problemas graves y lamentables en la dinámica migratoria.
Entre ellos, la muerte de connacionales y de migrantes de otras nacionalidades; la separación de familias, con el consiguiente abandono de menores; y la actuación más agresiva de la Patrulla Fronteriza.
La seguridad también es uno de los temas que ha sido particularmente sensible en la relación binacional. Con los cambios en los gobiernos de Estados Unidos y México, la Iniciativa Mérida quedó en un impasse, pero este mecanismo, asentaron los senadores, “se puede y debe superarse”.
En el dictamen también se destaca que anualmente entran al territorio nacional cerca de dos millones de nuevas armas, principalmente por la frontera norte, que proveen a los cárteles de la droga de un gran poder de fuego.
La oferta de estos artefactos en Estados Unidos no se puede limitar, toda vez que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense permite la portación personal de armas. De ahí que su venta en el país del norte sea relativamente libre, sujeta a escasos controles y en un mercado altamente competitivo.
En este contexto, el Senado señaló que el reto para México consiste en mejorar la infraestructura fronteriza, para la detección de armas, y en optimizar las capacidades de inteligencia de las policías y de la Guardia Nacional.
En otro acuerdo aprobado por la asamblea en la misma sesión, el Senado pidió al Gobierno Federal un informe acerca de las acciones concertadas con la Unión Americana en materia de seguridad, específicamente en áreas como la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de armas y personas, y el lavado de dinero.
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