Por Mouris Salloum George
Todo estaba preparado para una reunión concluyente con los gobernadores en Palacio Nacional. Se trataba de firmar un Acuerdo Nacional para la Democracia, en el que los principales actores del proceso electoral, del lado del gobierno, se comprometieran, bajo supervisión estricta, de no intervenir ilegalmente en los comicios.
Del lado del Estado, los principales actores de la procuración de la justicia: el Fiscal General de la República, el fiscal para delitos electorales, la secretaria de Gobernación, más los brazos armados institucionales: los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el consejero jurídico…y por si fuera poco la gobernadora de Sonora y el secretario de Hacienda.
Era un escenario realmente amenazante. Sobre todo si se toman en cuenta algunos incidentes previos a esa reunión casi secreta. Por un lado, se había dado a conocer el contrabando de vacunas en Campeche para trasladarlas a Honduras, la serie de fricciones entre el Ejecutivo y los gobernadores de la Alianza Federalista que no integran el bloque de Conago…
Más la encuesta de la empresa GEA ISA que había reportado datos escalofriantes para el de Palacio: el 53% de la población le cree poco, y el 31% no le cree nada. El 28% de la población dijo que no se vacunaría y el 20% que no sabe si lo hará, ante las fallas del programa.
La credibilidad presidencial en su más importante caída. A la entrada del recinto, los filtros militares de seguridad forzaban a todos los asistentes de los estados a dejar sus celulares y cualquier documento extra. Los gobernadores aceptaron a regañadientes. Otros, le dieron sus enseres a los ayudantes que llevaban.
Sesenta candidatos de Morena, sujetos a vigilancia del INE estaban en la tablita. Muchos, acusados de iniciar campañas en un ambiente de poca transparencia sobre el uso de recursos. Muchos, a punto de ser descalificados antes siquiera de intentar la aventura.
Y en el centro de todo, las amenazas de Morena a Lorenzo Cordova, presidente consejero del INE de iniciarle un juicio político, otro, por haberse atrevido a poner las reglas constitucionales para evitar la sobrerrepresentación en las candidaturas plurinominales, cuestión que pesó demasiado para agenciar al partido oficial las curules necesarias para todas sus ocurrencias legislativas.
Por eso, lo más destacado: en la reunión, que supuestamente versaba sobre temas electorales, fue que estaba ausente el árbitro de cualquier contienda: no estaba un solo representante del Instituto Nacional Electoral, sólo los grandes jerarcas de la procuración, el castigo y las armas nacionales, prestas para cualquier aclaración.
Así y todo, la reunión empezó. Se mostraron los dientes de la Fiscalía de Gertz Manero para darle su merecido a todos aquellos gobernadores que metieran la mano en el pastel. Eso ya estaba reservado para uno solo.
Los gobernadores se quedaron con las ganas de cualquier reclamo, ya fuera por vacunas, por seguridad o por otra cosa. Los que iban a plantar la cara se quedaron con los discursos bajo el brazo, como fue el caso del gobernador de Tamaulipas.
Porque no fue firmado el documento del Acuerdo Nacional para la Democracia. La reunión se convirtió en una clase de historia a cargo del titular del Poder Ejecutivo. Y la reunión no llegó a ninguna conclusión. El parto de los montes.
Como casi todo. Al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados. Las reuniones se convierten en fervorines. Las amenazas nunca llegan a puerto. El aparato se utiliza para la escenografía.
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