Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx

Quizás, una de las frases más repetidas en el discurso de la 4T es la que afirma que no son iguales a sus predecesores, “no somos lo mismo, no nos confundan”, se dice para marcar diferencias en su actuación pública. Y qué bueno que esto fuera así, pues quedó muy claro que los errores, abusos y excesos del pasado finalmente fueron sancionados por el pueblo “bueno y sabio”, dándole la espalda a esos gobiernos con la negativa de su voto y propiciándoles la peor derrota de su historia, hasta borrarlos, casi, del escenario político nacional.

Pero, si bien, por un lado, la insistente frase se repite con cualquier pretexto, la terca realidad nos muestra que, en los hechos, la diferencia no es tan clara y que, cada día que pasa, los de ahora se parecen más a los de antes en sus dichos, prácticas, usos y costumbres. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucede ahora con motivo de las medidas que el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) recién aprobó a fin de evitar que se viole la Constitución con sobrerrepresentaciones en el Congreso que generen mayorías artificiales.

Y es que, la dirigencia de Morena se ha ido en contra de la autoridad electoral con descalificaciones, a falta de argumentos, al grado de exigir la renuncia de los consejeros del INE al asegurar que la autoridad busca descarrilar a su partido para beneficiar la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, con los lineamientos aprobados, y aplicables para todos los partidos, habría que señalar, para combatir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Sin ningún elemento técnico o legal, Mario Delgado, cabeza de Morena, descarga su enojo acusando a los consejeros del INE de tener una “alianza vergonzosa” con el PRIAN. “Ni en 2015 ni en 2018 les interesó reglamentar respecto a la sobrerrepresentación, sino hasta que Morena ganó la mayoría…” se quejó. Con lo que, más que aversión de la autoridad en contra del partido en el gobierno, reconoce que se trata de corregir una anomalía que data de hace varios años.

Este tema ha pasado por una larga evolución cuyo objetivo ha sido fortalecer nuestro sistema democrático abriendo posibilidades para una mayor participación y presencia, en la vida pública del país, de diversas corrientes ideológicas con representación significativa. Desde los diputados de partido hasta el sistema de representación proporcional, el reconocimiento a un pluralismo político pasó de una gobernabilidad unilateral, en los tiempos del partido hegemónico, a una gobernabilidad multilateral. Porque aún con una mayor representación de las fuerzas de oposición en el Congreso, la existencia de una cláusula de gobernabilidad inclinaba la balanza a favor del partido mayoritario.

El artículo 54 de la Constitución ha sufrido múltiples reformas, desde 1963 hasta 2014, en la búsqueda de un equilibrio razonable entre las diversas corrientes políticas representadas en el Congreso, buscando la correspondencia y proporcionalidad entre el peso de la voluntad popular emitida a través del voto ciudadano y su representación en el Congreso. A eso podríamos concretar el espíritu del mandato constitucional contenido en el artículo 54, fracción V que prohíbe la sobrerrepresentación y privilegia el consenso entre las diversas fuerzas políticas. El texto del precepto comentado establece: “En ningún caso, un partido político nacional podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.”

Está claro que el espíritu del legislador era superar los tiempos del partido único, el que imponía su voluntad, para abrir el juego democrático y escuchar otras voces, propiciando el diálogo, la discusión, el debate, de acuerdo a nuestra realidad política que es pluripartidista, agotados ya los tiempos del partido hegemónico (suponíamos). Aun con una votación arrolladora obtenida por Morena y sus aliados, en la elección de 2018, de 45.9 por ciento, habría que destacar que un 54.1 por ciento de ciudadanos votaron por otras opciones, y que, en la polarización social que tanto promueve la 4T, son los que representan a la oposición, una mayoría a la que se tiene que escuchar.

El problema no es de ahora. La sobrerrepresentación se dio en 2012, con la alianza entre PRI y PVEM que, alcanzando una votación del 40 por ciento, con la distribución de diputados plurinominales obtuvieron 48.2 por ciento de curules, rebasando por dos décimas el tope constitucional (diputado de más). En la elección de 2015, la misma coalición obtuvo 40.3 por ciento de votos, pero con los plurinominales asignados sumaron 50 por ciento de los diputados. Uno punto siete por ciento arriba de lo permitido por la Constitución (8 diputados en exceso).

En 2018, Morena y sus aliados llegaron a 45.9 por ciento de los sufragios, lo que les daba derecho a contar con 269 curules. Pero con las maniobras de préstamo de candidatos morenistas a otros partidos de su coalición, que luego se reincorporarían a su partido original, más los plurinominales asignados, la bancada de este partido sumó 61.6 por ciento de escaños (308 legisladores). Esto es, 7.8 por ciento más, casi el doble de lo establecido en la Carta Magna (39 diputados sobre el límite de ley).

El problema del sobre cálculo se ha ido agravando en cada elección hasta llegar, ahora, a la conformación de una mayoría calificada ficticia, en flagrante violación al espíritu constitucional de evitar una desproporcionada representación en el Congreso que no corresponda a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La falta de lineamientos para el debido cumplimiento del ordenamiento constitucional, ha propiciado el abuso y la tergiversación de su propósito.

Ya que los morenistas predican no ser como los de antes y tienen confianza en el pueblo sabio y en su popularidad, deberían ser los primeros en respetar la ley, como partido en el gobierno que son, y no sobrerreaccionar ni buscar subterfugios legaloides para pelear una representatividad artificial que no corresponda con su posicionamiento político.

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