CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Congreso de la Unión deliberó y aprobó la reforma a la industria eléctrica, enviada por el Ejecutivo, la cual fue suspendida por el Poder Judicial por diversos amparos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que » los jueces habrán de establecer con toda seriedad que se observe el principio constitucional y se resuelva en consecuencia».
«No hay que alarmarnos o asustarnos con el agotamiento de los recursos jurisdiccionales que previene la ley, es normal, ayer había 36 amparos, puede haber 100, pero no tenemos ningún problema porque el congreso hizo lo correcto, el Congreso de la Unión legisló conforme a la Constitución”, agregó al rechazar que la reforma aprobada por el Poder Legislativo sea inconstitucional.
Cuestionado sobre la revisión de la actuación judicial que promovió el Presidente, consideró que es una situación normal y a nadie debería extraña. “Si el Senado o un particular o el Presidente de la República solicitan que se revise la actuación de un juez, tiene su derecho; y la Judicatura resuelve si se actúa o no. Hay órganos internos del Poder Judicial para revisar la conducta de los jueces. Tampoco debe de extrañarnos que no se ejercía antes”.
El pasado 3 de marzo, con 68 votos a favor y 49 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo particular, el dictamen que modifió diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y lo envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Durante esa sesión a distancia, la mayoría de la asamblea rechazó las propuestas de modificación presentadas por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD. En consecuencia, los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 del proyecto de decreto, así como su apartado transitorio, que fueron reservados, quedaron en los términos del dictamen, por lo que la ley fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Una vez puesta en vigencia, la ley fue impugnada en el Poder Ejecutivo mediante la vía de los amparos.
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