Lilia Arellano
“Toda confrontación esta basada en el engaño”: Paul Watson
● Auspicia AMLO confrontación entre Poderes
● SCJN y el PJF son autónomos: Arturo Zaldívar
● Venganza y revanchismo contra JR Cossio Díaz
● Denuncian por “traición a la Patria” a Calderón
Ciudad de México, 16 de marzo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador fue electo por el voto libre y secreto, en un proceso comicial ejemplar, como presidente de una República democrática, con una expresa división de poderes. Sin embargo, el inquilino de Palacio Nacional se comporta y exhibe como un autócrata, un caudillo enfocado en la concentración de facultades y atribuciones, sometiendo al Poder Legislativo a su completa voluntad. Ahora, por resoluciones jurídicas que le son adversas en relación con su cuestionada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se lanza contra jueces y magistrados del Poder Judicial y exige sean investigados por presuntos hechos de corrupción. Como siempre, no aporta ninguna prueba, pero mantiene su estrategia electoral de confrontación contra supuestos enemigos a su proyecto político y de gobierno rumbo a los comicios del próximo 6 de junio y estimula a sus seguidores en un trabajo proselitista para convencer al electorado de que el único gobierno “honesto” es el de la cuarta transformación, aunque los hechos lo refuten.
Su temor es entendible pues se encuentra en riesgo de perder la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual puede recuperarse el equilibrio de poderes y restringir sus facultades metaconstitucionales agandalladas en los últimos meses. Este miedo, se percibe claramente, está también sustentado en el rechazo mayoritario al mal manejo de la pandemia, al desorden en la vacunación pero, sobre todo, a la utilización política de un renglón, el de la salud, de su total y absoluta responsabilidad. Los inmunizantes, presume, se van adquiriendo a costos elevadísimos y subraya cantidades millonarias de dosis “que van llegando”, atribuyéndose las compras cuando estas son pagadas con el dinero de los mexicanos, con el proveniente del pago de sus impuestos. La disposición del grupo denominado Servidores de la Nación, así como el pago de sus emolumentos y lo destinado a sus programas de Bienestar, también corre por cuenta de los bolsillos de los ciudadanos. Nada tiene por presumir en relación con la pandemia y el uso de los recursos públicos lo ha hecho para fortalecer su propaganda electoral.
En una actuación sin precedentes, López Obrador confronta y ejerce una presión excesiva contra el Poder Judicial de la Federación y exhibe su intención de no respetar la autonomía de los otros dos Poderes de la Unión, al arremeter contra el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, a quien acusa, sin prueba alguna ofrecida hasta el momento, de obedecer a “intereses” al otorgar 11 suspensiones provisionales en contra de su reforma eléctrica. En el círculo cercano a Palacio Nacional se asegura que al juez Gómez Fierro lo han corrompido para fallar en favor de las empresas y otorgar las suspensiones, inclusive en los “ranchos” de boots comprados por su vocería, han dejado correr la versión de haber recibido 30 millones de pesos. Asimismo, generalizando, AMLO pone en duda, con acusaciones y señalamientos públicos, el trabajo de los juzgadores del Poder Judicial, en especial los de Competencia Económica, los cuales, dice, están ligados a los empresarios de quienes reciben “incentivos económicos”. El titular del Ejecutivo federal se adelanta, pues solamente extendieron la suspensión es provisional y se debe esperar al otorgamiento del amparo definitivo para tener mayores elementos de acusación, lo cual podría tardar meses. Aunque sobre los señalamientos de corrupción deberá entregar pruebas.
Este linchamiento e intento de intromisión por parte de López Obrador en el Poder Judicial, recibió una respuesta directa y contundente de parte de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al defender la autonomía y la libertad de los jueces, además de orientar al presidente a utilizar los cauces legales para solicitar se revisen los fallos del citado juez en materia de Competencia Económica. Con respecto a señalamientos, se tienen presentes los realizados a muchos juzgadores, los cuales según el tabasqueño iban a ser investigados, dejando otra vez incumplida la palabra.
El presidente exhibe, una vez más, ignorancia sobre el Derecho en México y confirma los suyo es la confrontación. Imagina y construye “adversarios” con sus recurrentes acusaciones, insinuaciones, generalizaciones y difamaciones, a todo lo que no pueda capitalizar. En contraste, apoya y respalda al violador denunciado, Félix Salgado Macedonio, candidato, una vez más, a gobernador de Guerrero, a pesar de la oposición de las féminas de todo el país, incluyendo las de su propio partido, a quienes ordenó callar en sus filas y en el Congreso de la Unión. Y que decir de todos los corruptos amparados bajo su manto en Palacio Nacional, desde Manuel Bartlett pasando por Irma Eréndira Sandoval, su hermano Pío López Obrador, David León, su prima Felipa Obrador, su cuñada Carol Jessica Moreno Torres, esposa de Arturo López Obrador, su otra cuñada Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador, y Ana Gabriela Guevara, ente otros muchos personajes de la 4T denunciados por actos de corrupción, pero cuyos casos son frenados y archivados, mientras la basura se acumula bajo la alfombra de Palacio Nacional.
Abogados de todo el país respaldan al juez Juan Pablo Gómez ante la arremetida de López Obrador. En una carta, divulgada en diversos medios de comunicación, señalan: “Acusar a un juzgador, sin pruebas, por una supuesta falta de diligencia en su ejercicio, o insinuar que es corrupto o inepto, o mandar revisar su actuación, implica atacar infundadamente a las personas con facultades para resolver, así como embiste a la institución del Juicio de Amparo y su evolución, la cual existe a favor de los derechos humanos y es orgullo mexicano desde 1841”. Llamaron a los señalamientos de AMLO sobre la determinación de la Ley de la Industria Eléctrica, “ataques injustificables”, ya que sugieren delitos como traición a la patria, corrupción, entre otros. “La amenaza de una revisión es un claro atropello a la independencia y libertad, más cuando hay una carta que indica al Poder Judicial de la Federación (PJF) cómo, cuándo, contra quién y por qué debe realizarse esa revisión. Para ello el antídoto es el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF”, destacaron los abogados.
AMLO SE LANZA CONTRA EL PODER JUDICIAL
Sin tener un solo argumento en contra del juez Gómez Fierro, en su embate a sus “adversarios”, López Obrador desvió sus baterías y apuntó a otro objetivo para distraer la atención: denunció se conformó en el pasado un buró jurídico para oponerse a las obras y acciones que ha emprendido el gobierno para transformar al país, donde destaca el empresario Claudio X. González, beneficiario de la política privatizadora. En ese agrupamiento conservador involucró al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial “legalizó las injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”. Enumeró al menos seis casos donde supuestamente fue oscura su participación, como el de la Guardería ABC, donde estuvieron involucrados familiares de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. También refirió la labor del ex ministro en el caso de Florence Cassez, donde en la primera sesión que se discutió el asunto, “para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos”.
Asimismo, el titular del Ejecutivo federal recordó la actuación del ministro en la “Ley Televisa”, donde se declaró impedido para pronunciarse sobre su constitucionalidad “y así proteger a ese medio y no enemistarse con él, bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados”. También destacó un amparo directo al abogado Roberto Gil Zuarth, a quien “protegió en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos”, pues votó en contra del proyecto donde se proponía amparar a la quejosa. Destacó que en la revisión del amparo 213/2018 en el caso Juchitán-Eólica del Sur, Cossío Díaz “afectó los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica, al negarse el amparo a mil 166 pobladores indígenas”. También mencionó el caso Atenco, donde “ni más ni menos, en este asunto, José Ramón Cossío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora”, ex procurador y ex ministro de la Suprema Corte.
Integrantes de organizaciones de derechos humanos defendieron la labor del ministro en retiro, José Ramón Cossío, ante la embestida del presidente López Obrador. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó las críticas y resaltó “la honradez y rigor jurídico” de Cossío Díaz en su labor judicial. “Hay mucho que mejorar, pero ese cambio no se logrará con descalificaciones, generalizaciones y ataques”, escribió la organización en su cuenta de Twitter. A su vez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos aseveró que las críticas del mandatario federal “son selectivas y desconocen una trayectoria ejemplar y progresista”. Añadió: “califican y estigmatizan, desde el poder, a una persona que el propio presidente identifica como opositor político, de forma completamente descontextualizada y en ataque abierto a la independencia judicial, la división de poderes y el estado de derecho”.
ZALDÍVAR RESPONDE A AMLO
Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF respondió: “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”, señalo el ministro en una carta de respuesta a la misiva presidencial. El también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que las juezas y jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia. “Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”. López, ya en otro tono, agradeció al ministro Zaldívar la recepción de su queja.
DE LOS PASILLOS
Los dirigentes de Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César David Mateos Benítez, denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por el delito de traición a la patria, que establece una pena de hasta 40 años de prisión, por entregar la generación de electricidad a empresas extranjeras, principalmente españolas. Los delitos que le imputan al ex mandatario panista son: “traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que se lleguen a configurar, en contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos Mexicanos”. Precisaron que la traición a la patria se puede imputar cuando se “realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. O, en su caso, “trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración (o) reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados”…
De acuerdo con el presidente López Obrador, Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia como trabajador activo de Pemex por su propia voluntad y a petición del gobierno de la República. “No hubo apretón al ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)”, aclaró el mandatario en conferencia de prensa donde precisó cualquier investigación judicial en contra de Romero Deschamps corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR). También dio a conocer se están revisando los contratos de comisionados sindicales quienes durante el periodo neoliberal gozaron de muchos privilegios y se afectó a los trabajadores…
Durante la presentación de su quinto Informe de Gobierno, Francisco Javier Cabeza de Vaca, aseguró este lunes nunca claudicará ante la adversidad ni bajará la guardia ante ataques en su contra, en referencial al proceso de desafuero que enfrenta. “Provengo de una lucha democrática que me tiene al frente de un gobierno legítimo. Encabezo este gobierno por la voluntad del pueblo de Tamaulipas y cuento con su respaldo, por lo que jamás, escúchenme bien, jamás claudicaré ante la adversidad ni bajaré la guardia ante los ataques. Rechazamos la sin razón del gobierno federal que pretende desincentivar a uno de los estados más importantes de este país, donde la confianza ha regresado para quedarse definitivamente”… Hace unos días, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó hacer públicos los ofrecimientos de pruebas testimoniales en el caso que involucra a García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República.
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