El juzgado decide que “debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”.

Con el amparo provisional se impide que la ejecución de la ley se materialice. “Al decretarse esta medida cautelar, este juzgador adecua los efectos a los de una hipotética sentencia protectora, la cual podría tener un efecto general, a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia en una dimensión individual y colectiva”

El amparo, señala el juzgado, “comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como a los sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la emisión del Decreto cuestionado”.

El juez considera que esta medida ya ha sido adoptada antes en diversos juicios de amparo en los que se reclaman regulaciones similares cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y concurrencia en los mercados en su dimensión individual y colectiva y busca no favorecer a un participante de la industria eléctrica sobre sus demás competidores, en perjuicio de estos últimos y, principalmente, de los consumidores finales.

“La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, señala el juzgador.

Lluvia de amparos contra reforma eléctrica

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que desde el miércoles, día en que entró en vigor la reforma, comenzaron a interponerse demandas de amparo contra los cambios legislativos.

Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del organismo, señaló que “un buen número” de empresas ya tienen listos sus amparos.

De acuerdo con el directivo, además de los amparos se esperan varias controversias constitucionales de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de partidos opositores en el Congreso.

Incluso, la International Chamber of Commerce (ICC) México advirtió que de prosperar la reforma, pese a los amparos y controversias, el país se enfrentará a varios arbitrajes internacionales en el marco de acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

Ambos organismos coincidieron que de continuar con estos cambios legislativos, el país deberá pagar compensaciones millonarias por las inversiones y utilidades de las empresas extranjeras.

VCR/OEM